LA IMPORTANCIA DEL MÉTODO HISTÓRICO DE INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA.

¿QUÉ ES EL MÉTODO HISTÓRICO HERMENÉUTICO DE INTERPRETACIÓN? 

Siempre nos hemos preguntado que para estudiar una norma que se debe ver primero ¿La intención del Legislador de ese entonces? o ¿El sentido de la norma en sí de ese entonces? Pues bien, para responder estas cuestiones, el método histórico / evolutivo se fue desarrollando para ahondar en estas cuestiones. Saleilles ya había propuesto que el método histórico podía admitir que como en el método exegético los textos legales eran la base fundamental para realizar la interpretación, pero que no eran directamente en estos “sino en sus causas y en su significación histórica, como elemento vivificador de las leyes” 

El método histórico remonta sus orígenes a los comienzos del siglo XIX, como una reacción a los excesos de las escuelas clásicas tanto filosóficas como racionalistas de tipo práctico, legalista y exegético. Anteriormente Vico en “Ciencia Nueva” había planteado la importancia del elemento histórico dentro del derecho. A esto se le denominó historicismo jurídico, y sus raíces pueden trazarse en Alemania donde fue cultivado y sistematizado para poder dar pie a la Escuela Histórica del Derecho, donde se destacaron los nombres de Friederich Savigny como su artífice y a Georg Friederich Puchta como su inmediato seguidor. 

No podemos dejar atrás el concepto de Stahl que afirma que “la aportación de la Escuela histórica no consiste en haber cultivado la historia del Derecho sino en haberla considerado formando parte integrante y esencial del Derecho”, en otras palabras la piedra angular de la escuela histórica fue considerar que el derecho no es un producto de la razón humana sino del “espíritu del pueblo”. En este contexto de ideas románticas, Savigny parte así de la unidad principal de un Derecho nacido del lenguaje, costumbres nacionales y cultura que considera  “la esencia más íntima de la nación y de su historia”. El Derecho se desarrollaría con el mismo Pueblo, se configuraría desde el Pueblo y moriría cuando el Pueblo perdiera sus rasgos propios. El “espíritu del Pueblo” (Volkgeist), como conciencia común del pueblo se diferencia en distintos grados del desarrollo cultural para formar la conciencia de derecho propia del jurista. Las energías que soportan la creación del derecho son esas fuerzas inmanentes al pueblo, no la arbitrariedad de un legislador. 

El método histórico de interpretación, ha constituido indudablemente uno de los métodos más tradicionales de interpretación de la norma, Martin Heidegger ya había planteado que en el método histórico “Toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar, y orientar la mirada a la cosa misma. El que quiere comprender un texto realiza siempre un proyectar. Tan pronto como aparece en el texto un primer sentido, el intérprete proyecta enseguida un sentido del todo. Esta descripción es simplista. Pues toda revisión del primer proyecto estriba en la posibilidad de anticipar un nuevo proyecto de sentido. La interpretación empieza siempre con conceptos previos que tendrán que ser sustituidos progresivamente por otros más adecuados. Y es todo este constante re proyectar, en el cual consiste el movimiento de sentido del comprender e interpretar, lo que constituye el proceso.” Es de especial importancia la intervención de Heidegger, pues nos da luces sobre un adecuado proceso de interpretación. Considero de igual importancia que el método planteado por el mencionado autor, busca que para realizar una interpretación correcta debemos tener como meta lograr comprender la intención que busca la norma. No debe olvidarse que el intérprete debe tener como escudo, su proyectar pues, con el proyecto, le brinda ya interpretado el texto es la proyección total del texto, en otras palabras, descifrar el significado del texto que no es más que el sentido que se presume que tiene que encontrarse dentro del texto. 

Por su parte, Claude Du Pasquier explica que este método consiste en investigar el estado de espíritu en que se encontraban los autores de la ley; los motivos que los han llevado a legislar y cómo se han representado la futura aplicación de los textos elaborados. A este efecto, se examinan los primeros proyectos de la ley que se trata y se les compara con el texto definitivo para saber en qué sentido el poder legislativo ha precisado o transformado su pensamiento. Son así estudiados las exposiciones de motivos, los mensajes del poder ejecutivo, las cartas e informes de las comisiones encargadas, debates plenarios y todo aquello que ha precedido a la aplicación de la ley. 

Sin embargo este método hermenéutico fue duramente criticado por Julien Bonnecase quien afirmó que este método “atribuye al texto legal, sentidos que varían con el tiempo y da por misión a la jurisprudencia el fijar tanto en cada época como en cada caso, el alcance del texto de la ley, en conformidad con el estado social existente. Efectivamente un método semejante conduce a la arbitrariedad más completa, y al amparo de los textos, el juez puede dar libre curso a su fantasía”. 

Por otro lado tenemos que Caamaño afirma que el método histórico “se apoya en la concepción de que la ley no es la expresión de la voluntad difícil de conocer, sino la expresión de la justicia. Una vez expedida tiene vida propia y ha de adaptarse a las necesidades de la vida social, para que no choque con aquella característica primordial haciéndose inocua. Una vez adoptada una ley, se desprende del pensamiento del legislador y lleva una vida propia e independiente, sujeta a las transformaciones evolutivas, esencialmente subordinadas al medio social, cuyos movimientos debe seguir. El autor de la ley no ha tenido un concepto y una voluntad personales. El contenido de la ley dependerá de la conciencia popular que interpreta cada día”, agrega igualmente que “Siguiendo el sistema, los jueces no aplican un texto muerto, sino prescripciones continuamente vivificadas.” 

Gadamer afirma que “A diferencia de las ciencias que se respaldan en métodos cuantitativos, en lo que a investigación se refiere,  las ciencias que asumen el método histórico hermenéutico buscan ante todo la comprensión del sentido, orientaciones y fines de la acción humana, más que su mera medición o presentación en términos positivos 

Las acciones humanas, que subyacen como objeto de estudio, en primera o última instancia, dependiendo de la perspectiva que asuma el investigador social, podrán ser indagadas con el método histórico-hermenéutico, a partir del mundo subjetivo de los autores de dichas acciones, logrando avanzar la comprensión mas allá de los hechos objetivos y contextuales de aparición de dichas acciones.” 

Respecto a este método, Larenz ha dicho que “Este método, debe tenerse en cuenta para averiguar el sentido de la ley normativamente decisivo y, sobretodo, la intención reguladora del legislador y las decisiones valorativas por él encontradas, así, para conseguir manifiestamente esa intención siguen siendo pauta vinculante para el juez, incluso cuando acomoda la ley a nuevas circunstancias no previstas por el legislador, o cuando la complementa. “ 

Incluso a estas afirmaciones de Larenz, que se asemejan al planteamiento que Ihering consideraba sobre este método que no eran más que la formulación de un apotegma que se reduce a que “Partimos de la concepción de que el Derecho es un organismo dominante objetivo encaminado a lograr la libertad humana. Este apotegma daría como pie, a lo que se quería y es el método histórico tal como lo conocemos hoy. 

¿QUE CARACTERIZA AL METODO HISTÓRICO?

Stammler, ha afirmado que existe una manera unitaria de formular todo nacimiento del derecho, debe fundarse sobre las bases de toda investigación empírica que no es más que los moldes que encierran el método de la teoría histórica del derecho. Para ello se han creado unos criterios básicos de estudio del método histórico que son: 


1-Evolucion constante del Derecho. 

2-Oposicion al Derecho Natural. 

3-Repulsion a la Codificación. 

4-Formulacion a la Ciencia Jurídica. 

5-Consagración del Derecho consuetudinario. 

6-Valoración del aspecto lógico y dogmatico del derecho. 

7-Metodo de Interpretación. 

8-Estudio del Derecho Romano. 

9-Actitud Crítica. 

Ahora bien, considerados estos aspectos, procedemos a analizarlos cada uno detalladamente. 

La evolución constante del Derecho: Se ha considerado que el derecho evoluciona y se transforma constantemente pues el derecho se desarrolla con el tiempo que lo modifica y lo transforma con completa y entera independencia de las voluntades individuales y de acuerdo a las diversas manifestaciones del espíritu popular. En cada etapa del tiempo, el derecho debe encaminar su actividad a examinar, rejuvenecer y mantener fresca la regulación existente. Propiamente la regulación jurídica debe escapar a toda generalización e inmutabilidad ya que como hemos dicho el derecho no surge a través del Estado, pues presupone ya su existencia jurídica. 

Oposición al Derecho Natural: Tanto como Savigny, como Puchta, se opusieron a un Derecho Natural pues como premisa principal tienen que el Derecho es un producto de la evolución histórica. Puchta, niega la posibilidad de existencia de un Derecho Natural como un principio inspirador pero, admite que ese ideal pueda lograrse a través de las manifestaciones del espíritu del pueblo. 

Repulsión a la Codificación: Savigny se opuso tajantemente a la codificación del derecho que había sido propugnada por Thibault, considerando que la codificación solo lleva a la fosilización del derecho. Menciona dicho autor que el derecho nace de la costumbre, que no es más que la expresión inmediata de la conciencia jurídica popular. 

Formulación de la Ciencia Jurídica: Surge del procedimiento orgánico que los juristas han impreso al derecho popular para desenvolver y completar su unidad, como representantes de la nación y traducirla en forma lógica para ser técnicos del Derecho. 

Valoración del aspecto lógico y dogmatico del derecho: La escuela histórica ha negado el aspecto metafísico del derecho y de la ciencia jurídica derivada de este, sine embargo acepta la valoración lógica, dogmatica y sistemática de dicha escuela. La escuela histórica no niega todos los conceptos, sino los conceptos a priori para poder entender que todo concepto entraña un contenido de la experiencia históricamente valido. 

De igual manera no niega la generalización, sino concretamente la generalización que no tenga base un conocimiento empírico. Como característica clave, tenemos que la dogmatica jurídica, recluta -si podemos decirlo así- a la escuela histórica pues dota a la dogmatica de un amplio contenido histórico. 

Si observamos cuidadosamente la dogmatica, encontramos que no es más que el reflejo del método histórico pues es en un sentido ontológico, el derecho es un todo orgánico y en sentido lógico también lo es. 

Método de Interpretación: El método de interpretación propuesto por Savigny, es el despertar de un ánimo de realizar el examen lógico de la norma y propone que la interpretación es un acto intelectual, jurídico, principalísimo y fundamenta a la ciencia jurídica. Pero también quiere darnos otro objetivo que no es más que percibir, captar, mediante la asimilación de las fuentes y servir a la conciencia humana unos caracteres precisos para lograr la adecuada interpretación. 

Estudio del Derecho Romano: Savigny, siempre propendió a que los juristas de la época, tuvieran la misma admiración por la ley que los juristas romanos tenían en ese entonces. Dice que el Derecho Romano presenta una proporcionalidad perfecta donde el elemento estable y progresivo de la norma no pide la codificación. 

Actitud Crítica: El estudio filológico e histórico de la norma y la depuración de las fuentes jurídicas constituyen el punto de partida de esta tarea que es la joya de la corona de este método. La escuela historia avoca el pensamiento de Niebuhr que no es más que la frase de cabecera de este método “Es necesario, ante todo, conservar en el estudio de la ciencia, una verdad inalterable; no dar nunca como cierto el más pequeño detalle sin tener la convicción profunda de su certidumbre; y si proponemos una conjetura, emplear todos los métodos para fijar su grado de verosimilitud.” 

La historia de la hermenéutica nos enseña también que junto a la hermenéutica filológica existieron una teológica y otra jurídica, las cuales comportan junto con la primera el concepto pleno de hermenéutica. El estrecho parentesco que unía en su origen a la hermenéutica filológica con éstas dos reposaba sobre el reconocimiento de la aplicación como momento integrante de toda comprensión. Tanto para la hermenéutica jurídica como para la teológica es constitutiva la tensión que existe entre el texto −de ley o revelación− por una parte, y el sentido que alcanza su aplicación al momento concreto de la interpretación, en el juicio o en la predicación, por otra. 

POSTULADOS DEL METODO HISTORICO. 

El método histórico, es un método romántico donde se exalta el sentimiento del instinto y de lo inconsciente sobre lo consciente. Este método también se considera que es una reacción frente a la espontaneidad, la tradición y la costumbre histórica. No podríamos dejar atrás que la Revolución Francesa, trajo ciertos principios de abstracción y de sentimientos a priori. El método histórico quiere condensar lo racionalista, abstracto y anti histórico dentro de principios de individualidad, concreción e historicidad. 

Los principios claves que fueron derivados de este método son 3: 

1- Empirismo. 

2- Relativismo. 

3- Anti racionalismo. 

Sin embargo es clave destacar la posición de la cual el historicismo reconoce y admite un criterio superior de valoración, dependiente no de la razón sino del espíritu popular que es la razón vital y que se manifiesta históricamente dentro de la conciencia popular. Otra clave acotación es que, sabiendo que es un movimiento romántico, propugnó el espíritu popular, el alma colectiva y la conciencia jurídica popular. 

Cabe afirmar para cerrar este capítulo que la escuela histórica exalta las diferencias nacionales y las transformaciones temporales de la norma jurídica y reconoce la unidad en la variedad a diferencia del método positivista pues existe un fondo común que responde a la naturaleza común humana. 

CRITICA AL METODO HISTORICO. 

Todo método, no es perfecto y el método histórico tiene unos graves defectos que se pueden subsanar mediante un correcto análisis de cada uno de ellos. 

A continuación presento, las criticas que más se le han imputado a dicho método. 

1- Falta de profesión de fe filosófica: El método histórico ha sido duramente cuestionado pues su abierta aversión a la consideración filosófica lo han considerado que no debe considerarse como un método del Derecho. Sabiendo que se cree en una ruta del conocimiento histórico debe también considerarse que le quita al derecho un criterio valorativo pues la indagación empírica no es permitida. 

2- Concepción del Derecho: Muchos tratadistas han considerado que la concepción del derecho para el método histórico es un proceso pacífico, lento y paulatino pues olvida la realidad circundante y es meramente una lucha social en orden de captar los ideales jurídicos en orden de lograr aquí unas consideraciones de oportunidad y progreso. El perfeccionamiento de la norma, para los críticos debe ser sujeto a un análisis de conveniencia y no buscar el sentido de la norma según el momento que se vive. 

3- Rompimiento del eje habitual: El método histórico, es duramente criticado en este aspecto pues, se rompe todo eje de la teoría pues, basar la afirmación de la realidad de un pueblo o alma nacional, únicamente se logra a través de tendencias místicas y olvidan la verdadera observación de los hechos circundantes a la creación de la norma. 

Por otro lado tenemos que el método histórico pide al intérprete desprenderse de toda teoría y procedimiento metódico que le impida conocer la real intención histórica que se tenía en ese entonces. Por ende no puede existir positivismo dentro de este método pues choca con el precepto de la lex scriptum y reemplazarlo por la lex scherta, donde la realidad histórica no debe olvidarse y debe ser fundamental para poder entender el significado real de la norma. 

“Puesto que el hombre crea y modifica sucesivamente las partes del medio artificial, es en él en donde residen las fuerzas motrices de la historia, como lo pensaba Vico y la sabiduría popular, y no en la Justicia, el Progreso, la Libertad y otras entidades metafísicas, como lo repiten aturdidamente los historiadores más filósofos. Estas ideas confusas e imprecisas varían según las épocas históricas y según los grupos y hasta los individuos de una misma época, pues ellas son reflejos en el pensamiento de los fenómenos que se producen en las diversas partes del medio artificial: por ejemplo, el capitalista, el asalariado y el magistrado tienen nociones diferentes sobre la Justicia. El socialista entiende por justicia la restitución a los productores asalariados de las riquezas que les han sido robadas, y el capitalista, la conservación de estas riquezas robadas, y como este último posee el poder económico y político, su noción predomina y hace la ley, que, para el magistrado, se convierte en Justicia. Precisamente porque la misma palabra recubre nociones contradictorias, la sociedad ha hecho de estas ideas un instrumento de engaño y de dominio.” 

“Así, pues, en el curso del desarrollo humano, las pasiones fundamentales se transforman, se reducen y se extinguen, mientras que otras nacen y crecen. No indagar en el ser humano las causas determinantes de su producción y evolución sería admitir que, a pesar de vivir en la naturaleza y en la sociedad, no sufre la influencia de la realidad ambiente. Una suposición tal no puede nacer, ni siquiera en el cerebro del más quintaesenciado idealista, pues éste no se atrevería a afirmar que se debe encontrar el mismo sentimiento de pudor en la mujer de la familia decente y en la desdichada mujer que se gana la vida con su sexo; la misma rapidez de cálculo en el empleado de banco y en el académico; la misma agilidad digital en el pianista profesional y en el peón albañil. Es, pues, incontestable que el hombre, tanto física como intelectual o moralmente, sufre de una manera inconsciente, pero profunda, la acción del medio en el cual vive. 

¿QUE BENEFICIOS HA TRAIDO EL METODO HISTORICO?

Como han afirmado varios tratadistas, la escuela de Savigny, ha dado al derecho una nueva y más profunda concepción de lo que entendemos por derecho. No podemos dejar atrás que nos puede facilitar aun más el estudio de la norma pues nos facilita soluciones actuales de cómo podemos interpretar la normatividad adecuadamente. 

Por otro lado tenemos que la relación preexistente entre hecho y derecho es en miras de la determinación precisa de una norma y la pertinencia con la que se aplica a casos concretos. 

Dejemos pues que Gadamer nos explique el importante papel que tiene la experiencia dentro del método histórico. 

“La hermenéutica jurídica recuerda por sí misma el auténtico procedimiento de las ciencias del espíritu. En ella tenemos el modelo de relación presente y pasado que estábamos buscando. Cuando el juez intenta adecuar la ley transmitida a las necesidades del presente tiene claramente la intención de resolver una tarea práctica. Lo que en modo alguno quiere decir que su interpretación sea una traducción arbitraria. El juez intentará responder a la idea jurídica de la ley mediándola con el presente. Lo que intenta reconocer es el significado jurídico de la ley, no el significado histórico de su promulgación.” 

“El que la experiencia es válida en tanto en cuanto no sea refutada por una nueva experiencia, caracteriza evidentemente a la esencia general de la experiencia, con independencia de que se trate de su organización científica en sentido moderno o de la experiencia de la vida cotidiana tal como se ha venido realizando desde siempre. Esta caracterización se corresponde perfectamente con el análisis aristotélico de la inducción. Sin embargo, la generalidad de la experiencia no es todavía la generalidad de la ciencia; en Aristóteles adopta más bien una posición media, indeterminada, entre las muchas percepciones individuales y la generalidad verdadera del concepto. La ciencia y la técnica tienen su comienzo en la generalidad del concepto. 

La experiencia no es la ciencia misma, pero es su presupuesto necesario. A su vez tiene que estar ya asegurada, esto es, las observaciones individuales debe mostrar regularmente los mismos resultados. Sólo cuando se ha alcanzado ya la generalidad de la que se trata en la experiencia puede plantearse la pregunta por la razón y en consecuencia el planteamiento que conduce a la ciencia. 

En cualquier caso importa retener que la generalidad de la experiencia a que alude Aristóteles no es la generalidad del concepto ni la de la ciencia. La experiencia sólo se da de manera actual en las observaciones individuales. No se la sabe en una generalidad precedente. De esto deriva la especial importancia de la experiencia en el método histórico pues es mas practico y no es tan delicado como el método exegético. 

Ahora bien el jurista tiene que pensar también en términos históricos; sólo que la comprensión histórica no sería en su caso más que un medio. A la inversa al historiador no le interesaría para nada la tarea jurídico dogmática como tal. 

Como historiador trabaja en una continuada confrontación con la objetividad histórica a la que intenta ganar en su valor posicional en la historia, mientras que el jurista intenta reconducir esta comprensión hacia su adaptación al presente jurídico. El problema es ahora hasta qué punto es ésta una descripción suficiente del comportamiento del historiador. El propio Savigny en 1840 entiende la tarea de la hermenéutica jurídica como puramente histórica. 

El tiempo se ha encargado de demostrar con suficiente claridad hasta qué punto esto es jurídicamente una ficción insostenible. Por razones estrictamente jurídicas es necesario reflexionar sobre el cambio histórico de las cosas, pues sólo éste permite distinguir entre sí el sentido original del contenido de una ley y el que se aplica en la praxis jurídica. Es verdad que el jurista siempre se refiere a la ley en sí misma. Pero su contenido normativo tiene que determinarse respecto al caso al que se trata de aplicarla. Y para determinar con exactitud este contenido normativo no se puede prescindir de un conocimiento histórico del sentido originario. Está obligado a admitir que las circunstancias han ido cambiando y que en consecuencia la función normativa de la ley tiene que ir determinándose de nuevo.” 

“A la inversa, el historiador pretende simplemente dilucidar el significado histórico de la ley; aunque no puede ignorar que su objeto es una creación de derecho que tiene que ser entendida jurídicamente. En toda comprensión histórica está implicado que la tradición que nos llega habla siempre al presente y tiene que ser comprendida en esta mediación. Así la hermenéutica jurídica está capacitada para devolver a la hermenéutica histórica todo el alcance de sus problemas y reproducir así la vieja unidad del problema hermenéutico en la que vienen a encontrarse el jurista, el teólogo y el filólogo. 

“Para la posibilidad de una hermenéutica jurídica es esencial que la ley vincule por igual a todos los miembros de la comunidad jurídica. La tarea de la interpretación consiste en concretar la ley en cada caso, esto es, en su aplicación. En la idea de un ordenamiento jurídico está contenida la sentencia que el juez no obedezca a arbitrariedades.” 

CONCLUSIONES SOBRE EL METODO HISTORICO. 

1- El método histórico propugnó la creación de un sentido histórico en la norma y fomento especialmente la creación de la diacrónica jurídica. 

2- La creación de un método nuevo con carácter histórico y sistemático, fue importante para dar pie al método histórico. 

3- El método histórico surgió como un muro de contención frente a los excesos que el “ius naturalismo” quiso implantar. 

4- La escuela histórica, es el antecedente directo para la creación de la lógica jurídica y la dogmatica jurídica que posteriormente Ihering habrá de perfeccionar. 

5- Cabe resaltar la posición de que la escuela histórica resalta la creación de la jurisprudencia conceptualista que desafortunadamente fue blanco de críticas e ironías por parte de los discípulos de Ihering. 

No puede olvidarse que como afirma Hernández Gil “la escuela histórica, que parecía avocada a la sociología jurídica terminó engendrando una dogmatica y una normatividad que no era acorde a los planteamientos de Savigny” 

Para finalizar destacamos esto “Para la hermenéutica, el mundo no puede ser pensado como algo fijo o estático, sino como continuamente fluyente. La realidad siempre remite a un proceso, a un desarrollo en el tiempo (historia), a un proyecto que nos ha sido transmitido (tradición) y que nosotros retomamos. Por ello, entender el mundo es tomar conciencia histórica del vínculo que se produce entre tradiciones a la vez que de la distancia que se da entre ellas. Como parte de una determinada realidad histórica y procesal, nuestra visión del mundo será siempre parcial, relativa y contingente” 

AUTOR: SERGIO ANDRES ACEVEDO LIAN 

SEMINARIO DE HERMENEUTICA JURIDICA LABORAL 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAYO, 2010

[ 1 ]. Augusto GONZALEZ RAMIREZ- Introducción al Derecho. Editorial Librería del Profesional. Bogotá 2007 

[ 2 ]. Friederich STAHL- Historia de la Filosofía del Derecho 

[ 3 ]. Georg GADAMER- Verdad y Método. Editorial Sígueme. Madrid 1985 

[ 4 ]. Julien BONNECASE- Introducción al Estudio del Derecho- Editorial Santafé. Bogotá 1945 

[ 5 ]. Manuel CAAMAÑO- Introducción al Estudio del Derecho-Editorial Cromos. Bogotá 1950. 

[ 6 ]. Karl LARENZ- Metodología de la Ciencia del Derecho. Editorial Ariel. Salamanca 2002. 

[ 7 ]. Rudolf STAMMLER- Sobre el método de la escuela histórica del Derecho. 

[ 8 ]. Peter LAFARGUE- El Método histórico. 

[ 9 ]. Georg GADAMER- Op Cit. 

[ 10 ]. La Hermenéutica y el estudio cuantitativo.

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Términos jurídicos utilizados dentro del proceso penal

En esta entrada te traemos una serie de términos jurídicos que se utilizan con frecuencia dentro del proceso penal

 A – D

Acción Penal: Es la acción que tiene por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible.

Acción Penal Pública: Es aquella ejercida de oficio por el Ministerio Público para la persecución de un delito cuando no existe una regla especial a su respecto.

Acción Penal Privada: Es aquella acción que sólo puede ser ejercida por la víctima del delito.

Acuerdos Reparatorios: Son aquéllos celebrados entre el imputado y la víctima del delito cuya aprobación se somete al juez de garantía respectivo, y sólo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos. (art. 241 C.P.P)

Acusación: Es la solicitud de apertura de juicio oral formulada por un fiscal, donde se establece el objeto del juicio, los medios de prueba y en definitiva, el delito que se le atribuye al imputado.

Alegato de Apertura: Es la primera intervención de las partes en el juicio oral mediante la cual presentan ante el tribunal su teoría del caso, indicando a los jueces, cómo durante el curso de la audiencia demostrarán que dicha teoría del caso es la que se conforma, de manera más precisa, a las pruebas que se rendirán y al derecho aplicable al caso.

Alegato de Clausura: Es la última intervención de los litigantes durante la audiencia de juicio oral que se produce luego de rendida la prueba, cuya finalidad es demostrar, argumentativamente a los jueces, que la teoría del caso anunciada en el alegato de apertura resultó plenamente probada durante el transcurso de la audiencia.

Audiencia de Control de la Detención: Audiencia destinada a determinar la legalidad de la detención practicada, sea por orden judicial o por tratarse de una hipótesis de flagrancia.

Audiencia de Formalización de la Investigación: Audiencia que tiene como objetivo principal que el Fiscal ponga en conocimiento del imputado, en presencia del Juez de Garantía, la circunstancia de estar llevando adelante una investigación en su contra por uno o más delitos determinados. (art. 229 C.P.P.).

Audiencia de Preparación de Juicio Oral: Conjunto de actos procesales cuyo objetivo es la corrección o saneamiento formal de los requisitos o actos conclusivos de la investigación y la determinación del objeto de conocimiento del juicio oral.

Auto de Apertura de Juicio Oral: Resolución judicial que contiene un resumen de las cuestiones debatidas en la audiencia de preparación de juicio oral, la que debe ser enviada al tribunal oral en lo penal competente para conocer del juicio oral.

Citación: Mecanismo mediante el cual el tribunal solicita la presencia del imputado ordenando para esos efectos, notificar la resolución que ordena su comparecencia.

Convenciones probatorias: Es el acuerdo que realizan las partes del proceso penal en el sentido de dar por acreditados ciertos hechos sobre los cuales no exista controversia respecto de su ocurrencia y las circunstancias que los rodean, y que debido a ello, no podrán ser discutidos en juicio.

Debido Proceso: Es aquel proceso sustentado en una racional y justa aplicación de la ley.

Defensoría Penal Pública: Organismo público descentralizado y desconcentrado, dependiente del Ministerio de Justicia encargado de otorgar asistencia técnica letrada al sujeto pasivo del proceso penal cuando éste no la tuviere o no pudiese procurársela. (art. 1 ley 19.718).

Denuncia: Es la comunicación que hace una persona al Ministerio Público, las Policías o al Juez de Garantía acerca de un hecho que reviste los caracteres de delito.

Derechos del Imputado: Conjunto de derechos establecidos en los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal, mediante los cuales se busca proteger y resguardar las garantías mínimas de una persona cuya participación en un hecho punible se investiga o imputa.

Detención: Medida por la cual se priva de libertad a una persona por un tiempo determinado en virtud de una resolución judicial en los casos señalados por la ley.

E – H

Etapa de Investigación: Etapa de carácter administrativo en la cual se desarrollan las diligencias y trámites conducentes a procurar el esclarecimiento del hecho investigado.

Examen Directo: Método a través del cual un litigante, mediante la formulación de preguntas, busca extraer información útil y valiosa de sus propios testigos o peritos, con el objeto de lograr el convencimiento de los jueces en función de su teoría del caso.

Facultad de no iniciar investigación: Es la facultad de los fiscales del Ministerio Público de no iniciar una investigación cuando los hechos denunciados no sean constitutivos de delito o cuando las responsabilidades penales se encuentran extinguidas por cualquier causa. No procede cuando en la investigación ya ha intervenido el Juez de Garantía. El ejercicio de esta facultad está sometido a la aprobación del Juez de Garantía.

Fiscal o Fiscal Adjunto: Abogado funcionario del Ministerio Público encargado de conducir la investigación de un hecho punible y, si así lo ameritare el caso, ejercer la acción penal respectiva.

Fiscal Nacional: Es el jefe superior del Ministerio Público cuya función principal es organizar, administrar y controlar el correcto funcionamiento del Ministerio Público. (art.13 ley 19.640).

Formalización de la investigación: Es la declaración formal que hace el fiscal del Ministerio Público, en una audiencia especialmente citada al efecto por el Juez de Garantía a la que debe acudir el imputado y su defensor, en el sentido de existir una investigación contra el imputado por hechos determinados. A partir de la formalización de la investigación comienza a correr un plazo no prorrogable de dos años para poner término a la investigación. En principio el fiscal del Ministerio Público no está obligado a formalizar la investigación, pero debe hacerlo cuando requiera una autorización del Juez de Garantía para realizar una diligencia que afecte los derechos del imputado. Este último puede forzar la formalización acudiendo ante el Juez de Garantía. Excepcionalmente los fiscales del Ministerio Público pueden requerir autorizaciones del Juez de Garantía para determinadas diligencias aun antes de la formalización, cuando la autorización sin previa formalización resulte indispensable para el éxito de la diligencia.

Imputado: Persona a la cual se atribuye participación en un hecho punible, quien puede ejercer los derechos que le concede la legislación desde que se realice la primera actuación del procedimiento en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. (art. 7 C.P.P).

Juez Natural: Es la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho delictual.

Juez de Garantía: Juez unipersonal cuyo rol fundamental es cautelar el respeto a las garantías y derechos del imputado y la legalidad del proceso investigativo desarrollado por el Ministerio Público.

Juicio Inmediato: Es la facultad que posee el fiscal de solicitar en la audiencia de formalización de juicio oral y cuando su investigación se encuentra agotada, la realización inmediata del juicio oral respectivo, transformándose la audiencia de formalización en audiencia de preparación de juicio oral.

Juicio Oral: Es aquél que se realiza ante el tribunal de juicio oral en lo penal constituyendo el procedimiento ordinario de juzgamiento y sanción de las causas penales. Es el juicio oral y público previsto para el juzgamiento de quien ha sido acusado por el Ministerio Público, siempre que la causa no deba juzgarse de acuerdo con el procedimiento simplificado o abreviado. El Juicio Oral se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Penal, un tribunal colegiado formado por tres jueces profesionales, y con la presencia, al menos, del fiscal del Ministerio Público, del imputado y de su defensor. Como su nombre lo indica, se desarrolla íntegramente en forma oral, estando prohibidas las alegaciones por escrito. Es un juicio público, al cual sólo excepcionalmente y sólo para resguardar la intimidad, la honra o la seguridad de alguna de las personas que participan se puede restringir el acceso del público. Está regido por el principio de inmediación, es decir, que la decisión del tribunal debe basarse exclusivamente en aquello que pudieron conocer durante la audiencia directa e inmediatamente por sus propios sentidos, de donde se sigue que es prueba sólo aquélla que se rinde durante la audiencia. Por eso, en el Juicio Oral las partes deben presentar todos los objetos y todos los testigos de que disponen, para que sean examinados y contra examinados. Al término de la audiencia el Tribunal debe pronunciar su decisión de condena o absolución, pudiendo diferir sólo la redacción completa de la sentencia.

Juez de Garantía: Juez unipersonal cuyo rol fundamental es cautelar el respeto a las garantías y derechos.

M – O

Medidas Cautelares: Son aquellas medidas que pueden solicitar los intervinientes de un proceso penal, las cuales deben ser decretadas por el tribunal de garantía con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del proceso o asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieren derivar de él para el acusado.

Ministerio Público: Organismo autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de hechos constitutivos de delito, y en su caso, ejercer la acción penal respectiva. (art. 1 ley 19.640).

Nulidad procesal: Es la sanción jurídica establecida por la ley a las diligencias judiciales defectuosas del procedimiento, que ocasionen un perjuicio únicamente reparable con la declaración de nulidad. (art.159 C.P.P).

Objeciones: Método de limitación a la facultad de interrogar que posee la parte contraria con el fin de evitar que la información que proporcione el declarante al tribunal, se vea afectada por ejemplo, por la intervención sugerente o capciosa del abogado examinador.

P – R

Peritos: Personas que declaran ante un tribunal, que detentan la característica particular de poseer conocimientos técnicos en una ciencia, arte u oficio determinado, los cuales les permiten emitir opiniones sobre materias de relevancia para la resolución de un juicio.

Persecución de oficio: Es la toma de conocimiento directo por parte del Ministerio Público de la comisión de un delito, dando inicio a la investigación de éste.

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LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA: CLASES Y MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN

La interpretación jurídica (o del Derecho) es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo, los principios. En consecuencia, hablar de interpretación del derecho es igual a referirse a una actividad que comprende a todas las normas jurídicas, y no únicamente a las normas legales que produce el órgano legislativo. De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica.

 CLASES DE INTERPRETACIÓN.

Las Fuentes de Interpretación.

Siendo la Interpretación una actividad humana, ésta proviene de la persona, el sujeto o autor que la realiza; es decir, el intérprete.

Desde tal punto de vista la Interpretación puede ser doctrinal o científica, judicial o jurisprudencial y auténtica o legislativa.

A) LA “INTERPRETACIÓN DOCTRINAL”. –

Es, como su nombre claramente lo indica, la interpretación practicada por los doctrinarios, por los teóricos, por los juristas o jurisconsultos, por los tratadistas, por los estudiosos del derecho, y en general por quienes se dedican a la ciencia del derecho; de ahí que también se le conozca a esta Interpretación como “científica”.

La Interpretación doctrinal si bien se caracteriza por no ser obligatoria, sin embargo, por su carácter científico y por la autoridad de quienes la practican, es la que termina siendo predilecta.

  1. Ludwig Enneccerus, refiriéndose a la Interpretación doctrinal o científica, afirma que ésta con frecuencia se divide en gramatical y lógica, “según que derive sus argumentos del lenguaje (es decir, de las leyes de la gramática y del uso del lenguaje) o de su relación con otras leyes, del mayor valor de uno u otro resultado.” (sic).

B) LA “INTERPRETACIÓN JUDICIAL”. –

Es la practicada por los jueces y tribunales para emitir sus decisiones (sentencias y demás resoluciones motivadas jurídicamente) en las cuales esta interpretación queda plasmada. En la medida que provenga de instancias más elevadas la interpretación judicial, sentada en los precedentes, tenderá a influenciar con mayor autoridad y frecuencia.

En los países en los que existe el Recurso de Casación la interpretación judicial resulta obligatoria para los órganos jurisdiccionales de instancias inferiores si se emite en los términos y condiciones legalmente exigidos. Así, en nuestro país, es el Art. 384° del C.P.C. el que designa a la correcta interpretación del derecho como uno de los fines esenciales del Recurso de Casación y es el Art. 400° el que prevé cuáles son los requisitos y condiciones para que el precedente allí sentado sea considerado como doctrina jurisprudencial que vincule a los demás órganos jurisdiccionales del Estado.

C) LA “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA”. –

Es la realizada por el propio autor de la norma; se dice también que es la efectuada por el legislador o, mejor dicho, por el poder legislativo, en el entendimiento de que éste es el autor de la norma y de allí que a esta interpretación se le denomine también “interpretación legislativa”. Pero lo importante para saber que estamos ante una interpretación auténtica es comprender que tal interpretación ha sido hecha por el propio autor de la norma, tanto así que incluso se ha denominado Interpretación auténtica a la interpretación realizada por el propio juez o tribunal con el propósito de dar luces sobre el significado verdadero de sus propias sentencias o resoluciones; igualmente se ha considerado interpretación auténtica a la que realizan las partes contratantes respecto del contrato que celebraron, a la efectuada por el funcionario público respecto del acto administrativo o norma que emitió, etc..

Existe cierta divergencia en cuanto a entender si la interpretación auténtica es la realizada estrictamente por la misma persona que elaboró la norma, o por el órgano que ésta representaba o en nombre del cual la dictó. Tradicionalmente la tendencia ha sido la de entender que habrá verdadera interpretación auténtica sólo cuando ésta haya sido hecha por la misma persona que redactó la norma y aun así hoy se considera en estricto sentido que sólo en este caso hay interpretación auténtica. Pese a ello, esta tendencia ha venido cambiando y actualmente también se tiende a considerar interpretación auténtica a la realizada por aquella persona que, sin ser la que redactó la norma, la hace ocupando el mismo cargo de quien la elaboró.

Al respecto, Werner Goldschmidt, hijo del eminente procesalista James Goldschmidt, sostiene que: “El concepto tradicional de la interpretación auténtica,…, se desvió…, y no se considera intérprete auténtico al mismo individuo que formuló la norma de cuya interpretación se trata, sino a aquellas personas capaces en su caso de sustituir la norma a interpretar… .” (sic).

La Interpretación auténtica, en relación al tiempo, puede ser: preventiva y a posteriori. La Interpretación auténtica preventiva viene ya incluida en el propio texto o cuerpo de normas del precepto a interpretar. La Interpretación auténtica a posteriori se presenta luego de la entrada en vigencia de la norma y constituye una nueva norma, porque, como dice Guillermo Cabanellas de Torres, “… carece de valor la simple opinión o comentario, conpublicidad periodística o de otra índole.” (sic). En similar sentido se pronuncia Ludwig Enneccerus al referirse a la interpretación (a posteriori) diciendo que: “… en rigor no se trata de interpretación, sino de una nueva ley o de un nuevo derecho consuetudinario y, en determinadas circunstancias, con la sola particularidad de haberse de aplicar como si su contenido se hallare ya implícito en la ley interpretada.” (sic).

Los Alcances de la Interpretación.

La Interpretación por su alcance o extensión puede clasificarse como: Interpretación Declarativa e Interpretación Modificativa. Esta última, a su vez, puede ser Extensiva y Restrictiva.

a) La Interpretación Declarativa (o estricta).–

Esta clase de interpretación es también conocida como Interpretación estricta, y se presenta cuando al interpretar el operador jurídico se ciñe a lo que dice la norma, limitándose a aplicarla a los supuestos estrictamente comprendidos en ella.

El mexicano José Luis Hernández Ramírez menciona que la Interpretación Declarativa “se refería a los casos en que supuestamente se creía que las palabras reproducían fielmente el pensamiento de la regla” (sic).

Como bien explica el maestro Mario Alzamora Valdez, la interpretación declarativa es la de más corriente uso y su objeto es el de explicar el texto de la ley. Continúa diciendo que este procedimiento se emplea cuando las palabras son imprecisas u obscuras y se busca desentrañar a través de ellas la mente de la ley y la del legislador.

b) La Interpretación Modificativa.–

Esta Interpretación es la que enrumba el alcance de la norma cuando, en relación a lo que pretendía el legislador, ésta ha sido expresada con excesiva estrechez, en cuyo caso deberá efectuarse una interpretación extensiva, o con excesiva amplitud, en cuyo caso deberá efectuarse una interpretación restrictiva.

La Interpretación Extensiva.–

En esta clase de interpretación lo que hace el operador jurídico o intérprete es extender el alcance de la norma a supuestos no comprendidos expresamente en ella, por considerar que habría sido voluntad del legislador comprender en la norma a aplicar tales supuestos.

Sobre el particular, el tratadista Werner Goldschmidt dice:

“Si resulta que la norma en su sentido lingüístico usual se queda a la zaga de la voluntad auténtica de su autor, hay que ensancharla para que llegue a alcanzar aquél.” (sic).

La interpretación es extensiva, explica el Profesor Mario Alzamora se da cuando los términos de la ley expresan menos de lo que el legislador quiso decir, y se trata de averiguar cuáles son los verdaderos alcances de su pensamiento; continúa diciendo que “más que extensiva es esta interpretación ‘integrativa’ puesto que su objeto es referir la norma no a casos nuevos sino a aquellos que contiene virtualmente, porque si así no fuera no sería interpretación sino creación”. (sic).

Los procedimientos de interpretación extensiva son:

  • El argumento a pari, que consiste en referir al caso no previsto la misma consecuencia que al previsto por identidad de razón entre ambashipótesis;
  • El argumento a fortiori, se da cuando los hechos constitutivos de la hipótesis de una norma son más claros y evidentes en situaciones no comprendidas expresamente por aquella (si la ley permite lo más, permite lo menos; si prohíbe lo más, prohíbe lo menos);
  • El argumento a contrario, que consiste en reformular una norma a su sentido contrario, para solucionar los casos contrarios imprevistos.

– LA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA.–

Al contrario de lo que sucede en la interpretación extensiva, en la Interpretación Restrictiva se restringe el alcance de la norma apartando de ella determinados supuestos que se encontrarían incluidos de acuerdo con la redacción de su texto, pero que se entiende que no fue voluntad del legislador comprenderlos dentro de éste.

Alberto Trabucchi lo explica del siguiente modo: “La interpretación restrictiva se dará cuando la interpretación lógica restrinja el significado propio de la expresión usada por la ley; …” (sic).

  1. LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN.

Con el propósito de alcanzar la significación y el mensaje de las normas, diversos métodos han sido propuestos y desarrollados. Entre éstos tenemos los métodos clásicos a los cuales ya hacía referencia Savigny y que son: el gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico. Se puede considerar entre éstos también al método teleológico que muchos autores consideran dentro del método lógico.

La Escuela de la Exégesis tenía un procedimiento de interpretación que durante su apogeo llegó a combinar los métodos literal, lógico, sistemático e histórico; también lo hizo el Método propuesto por la Escuela Histórica; en clara muestra de que los métodos no se aplican aisladamente por sí solos, sino que se combinan en la tarea por alcanzar la misión de develar el contenido más exacto posible de la norma.

El maestro argentino Mario A. Oderigo considera que los precitados métodos se derivan de uno sólo: el método Lógico, y nos dice: “Los denominados métodos analógico, sistemático, teleológico e histórico –que frecuentemente han sido exhibidos como independientes del método lógico– no representan otra cosa que variantes o formas de manifestarse este último; porque todos ellos se fundamentan en los enunciados principios de la lógica, y porque desprovisto de aquéllos, el método denominado lógico carece de todo contenido.” (sic).

Existen también métodos modernos que formaron teorías o doctrinas sobre la Interpretación y que trataremos en el acápite IV conjuntamente con aquellas doctrinas y teorías surgidas de la aplicación conjunta de los métodos tradicionales.

Veamos ahora, pues, los métodos a desarrollar en este acápite:

Método Gramatical.

El Método Gramatical, también conocido Literal, es el más antiguo y es exclusivo de las épocas anteriores a la Revolución Francesa en que existía alguna desconfianza en el trabajo de los jueces, razón por la cual éstos se encontraban obligados a ceñirse al sentido literal de la ley.

Consiste este Método, dice Claude Du Pasquier, en deducir de las palabras mismas, de su lugar en la frase y de la sintaxis, de la misma puntuación, el sentido exacto del artículo de que se trata.

Alberto Trabucchi escribe que la Interpretación literal se realiza de conformidad con el uso de las palabras y con la conexión de éstas entre sí. El referido autor critica este método de interpretación por cuanto considera que también el que actúa en fraude de la ley observa su sentido literal y porque la obstrucción legal no es en el fondo más que la aplicación totalmente literal de las normas jurídicas.

Este método también ha recibido otras críticas, como las del mexicano José Luis Hernández Ramírez, quien expresa:

“el gramatical (el cual presenta rasgos no sólo de confusión superlativa, sino errores crasos). Quienes hablan de este método de interpretación se olvidan de dos puntos fundamentales: el primero, que las palabras sueltas, aisladas, por sí solas no tienen un sentido preciso e inequívocamente definido, pues éste empiezan a adquirirlo dentro del contexto de la frase; segundo, que ni siquiera la frase tiene una significación determinada por sí propia, ya que su genuina significación la adquiere dentro del contexto real en que es emitida, dentro de los puntos de referencia del contorno o circunstancia, es decir, con referencia al motivo y además también con referencia al propósito.” (sic).

En síntesis, con las limitaciones que pudiera tener, el Método Gramatical, o Literal, es aquél por el que, mediante su utilización, se persigue descubrir el significado y sentido de la norma a través del estudio y análisis de la letra de su propio texto.

MÉTODO LÓGICO.

El Método Lógico es aquél que utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma.

Para Mario Alzamora Valdez, este método consiste en la descomposición del pensamiento o las relaciones lógicas que unen sus diversas partes.

En la utilización del Método Lógico, dice Luis Díez Picazo, se habla de la existencia de una serie de reglas como: el argumento < a maiore ad minus > (el que puede lo más puede lo menos); < a minore ad maius > (quien no puede lo menos tampoco puede lo más); < a contrario > (la inclusión de un caso supone la exclusión de los demás); < a pari ratione > (la inclusión de un caso supone también la de un caso similar).

Citando tres Sentencias bastante antiguas del Tribunal Supremo español, Manuel García Amigo ilustra sobre otras tantas reglas interpretativas obtenidas de la Jurisprudencia. Así, comenta el profesor español, la Sentencia del 29-1-1891 declara que “es principio de Derecho que toda interpretación o inteligencia que conduzca al absurdo debe rechazarse”; la Sentencia del 13-3-1906 señala que “según principio de Derecho sancionado por constante jurisprudencia, donde la ley no distingue no cabe hacer distinción”; y la Sentencia del 14-3-1961que estima que “existiendo un precepto general y otro especial, éste ha de prevalecer sobre aquél”; etc..

MÉTODO SISTEMÁTICO.

El Método Sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que, conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente; que, por tanto, siendo parte de este sistema, y no pudiendo desafinar ni rehuir del mismo, el significado y sentido de la norma jurídica podrá ser obtenido de los principios que inspiran ese sistema, principios y consiguiente significado y sentido que incluso pueden ser advertidos con mayor nitidez del contenido de otras normas del sistema.

Siempre destacando por la claridad de su redacción, el profesor Mario A. Oderigo, refiriéndose a este método precisa que: “… si el autor de la norma no se ha limitado a ésta, sino que ha formado un conjunto de normas, el intérprete supone que aquél ha querido introducir un sistema dentro del cual esa norma no desentone; y por consiguiente, si la norma en cuestión no es clara en su enunciado, no se correrá ningún peligro desentrañando su sentido a laluz de los principios inspiradores del sistema que la contenga.” (sic).

Respecto al Método Sistemático, Alberto Trabucchi sostiene que en un cierto sentido el ordenamiento jurídico se compara a un complejo organismo viviente y coordinado en sus elementos; es un todo orgánico, un sistema completo y complejo que no admite contradicciones. Explica que así, una norma jurídica que en sí misma tiene un significado, puede adquirir un sentido distinto cuando se pone en relación con las demás normas que constituyen el derecho vigente.

MÉTODO HISTÓRICO.

Por el Método Histórico se pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, como las ideas de sus autores al concebir o elaborar losproyectos, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley, informes, debates, etc..

Mario Alzamora Valdez, quien identifica el Método Histórico con el de la exégesis seguramente por tener ambos algunos rasgos de similitud, afirma que este Método es aquél que tiene por objeto el estado del derecho existente sobre la materia en la época en que la ley ha sido dada: determina el modo de acción de la ley y el cambio por ella introducido, que es precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer.

Por su parte, Claude Du Pasquier explica que este método consiste en investigar el estado de espíritu en que se encontraban los autores de la ley; los motivos que los han llevado a legislar y cómo se han representado la futura aplicación de los textos elaborados. A este efecto, se examinan los primeros proyectos de la ley que se trata y se les compara con el texto definitivo para saber en qué sentido el poder legislativo ha precisado o transformado su pensamiento. Son así estudiados las exposiciones de motivos, los mensajes del poder ejecutivo, las cartas e informes de las comisiones encargadas, debates plenarios y todo aquello que ha precedido a la aplicación de la ley.

Este método, dice Karl Larenz, debe tenerse en cuenta para averiguar el sentido de la ley normativamente decisivo y, sobretodo, la intención reguladora del legislador y las decisiones valorativas por él encontradas, así, para conseguir manifiestamente esa intención siguen siendo pauta vinculante para el juez, incluso cuando acomoda la ley a nuevas circunstancias no previstas por el legislador, o cuando la complementa.

MÉTODO TELEOLÓGICO.

Este método en su denominación tiene el prefijo “tele” que significa fin. El Método Teleológico es, entonces, el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico.

Mencionan, Molitor y Schlosser, que Jhering, en su obra de dos volúmenes “El Fin del Derecho” buscó interpretar cada reglamentación jurídica no de una manera aislada sino comprendiendo las motivaciones y la función jugada en el conjunto normativo como medio de realización y satisfacción de intereses. Continúan indicando que Jhering, merced a esta concepción hasta entonces desconocida, señaló al Derecho caminos completamente nuevos, que estaban perdidos para él desde el Derecho natural (Interpretación Teleológica). Debido al hecho de que los numerosos movimientos que caracterizaban al siglo XIX carecían, no obstante, de una escala absoluta, esta concepción debió ejercer en principio efectos destructores y relativizadores.

Algunos autores entienden que la finalidad de la norma está en su “ratio legis”, es decir, en su razón de ser. Tal es el caso, por ejemplo del Jurista Claude Du Pasquier quien afirma que “según el punto de vista en que uno se coloque, la ratio legis puede ser considerada como el fin realmente querido por el legislador en la época de elaboración de la ley …” (sic), o el del profesor sanmarquino Raúl Peña Cabrera, quien, comentando la Interpretación Teleológica, dice que si la ley es clara, basta con la interpretación gramatical, sin embargo, puede ocurrir que la ley sea un tanto oscura, en tal caso es conveniente apuntar a la intención de la norma, es decir considerar la “ratio legis”. La captación del espíritu de la ley implica el empleo de procedimientos lógicos y valorativos.

Otros autores, como ya habíamos advertido, entienden por este Método al Método Lógico o, por lo menos, entienden al Método Teleológico como parte de aquél. El último de los casos se advierte, por ejemplo, en el tratadista español Manuel García Amigo, quien, al referirse al método lógico dice: “Es obvio, además, que cuando el legislador dicta una norma, persigue un fin, a cuya obtención encadena lógicamente el precepto. Por eso toda interpretación debe seguir las reglas de la Lógica. Y esto es algo que se admite desde siempre, siendo unánimemente aceptado.” (sic).

MÉTODO EMPÍRICO.

Este es el Método atribuido a la Escuela de la Exégesis en sus inicios, el cual consistía en investigar empíricamente la voluntad del legislador; es decir las palabras de la ley y la intención del legislador como hechos; el recurso a obtener todo lo concerniente a la ley como dato empírico.

El profesor Ariel Álvarez Gardiol precisa respecto a este método lo siguiente:

“El método empírico postulado por la Exégesis es un recomponer los hechos efectivamente pensados por los legisladores, es un ‘repensar’ algo ya pensado, según la fórmula de August Boeckh.

Esta reconstrucción del pensamiento del legislador está temporalmente situada, es concreta y finita, a diferencia de la voluntad de la ley, que es por cierto intemporal.

Esto último perseguía indudablemente consolidar una absoluta ruptura con el pasado, que permitía llegar en el examen de la ley no más allá de la voluntad psicológica del legislador.” (sic).

FUENTE:

AB.PAREDES, SERVIO. APUNTES DE DERECHO, PRIMER AÑO DE DERECHO, FACULTAD DE  CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY (UVM) TEORÍA DE LA INTREPRETACIÓN JURÍDICA, (2013). VALERA, VENEZUELA

¿QUÉ ES EL DERECHO CONSUETUDINARIO?

Es una de las más antiguas de las fuentes, la primera en el orden histórico, es sin duda la costumbre, o derecho no escrito, practicado por el consentimiento de un pueblo o de un grupo social en ausencia de leyes escritas. Se forma insensiblemente por el uso, la repetición inveterada de los mismos actos, que poco a poco van adquiriendo cierto carácter de obligatoriedad al convertirse en exigencias colectivas. Cuando una costumbre llega a imponerse en una sociedad y a ser considerada como una necesidad jurídica, se transforma en derecho consuetudinario.

El origen de la costumbre es análogo al de los usos y convencionalismos sociales; pero al
agregársele una sanción jurídica, más efectiva que las sanciones sociales, aquella se convierte en una norma del derecho cuyo cumplimiento puede ser exigido por los demás. Se distingue, por lo tanto, de aquellos usos en virtud de que acuerda a otras personas el derecho de reclamar coactivamente el respeto de la norma establecida.

La costumbre (consuetudo, mores maiorum) es esencialmente no escrita, aparece sin ser
expresamente sancionada ni promulgada por ninguna autoridad, y solo se convierte en
derecho cuando ese uso ha sido practicado durante un tiempo más o menos largo. Cierto es que las costumbres pueden llegar a redactarse por escrito y aun ser recopiladas y ordenadas, pero esta posibilidad no altera su naturaleza de derecho originariamente no escrito.

El derecho consuetudinario puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que se
practican constantemente en una sociedad sin haber sido sancionadas en forma expresa, y que se consideran jurídicamente obligatorias.

De este concepto se desprenden los elementos que integran la naturaleza íntima de éstas normas:

1) La costumbre interpretativa (secundum legem) es la que se forma de acuerdo con la ley, y consiste en la observancia de sus preceptos o en su interpretación si la ley se presta a confusiones. En realidad no se trata, en este caso, de un derecho consuetudinario, puesto que el legislado lo ha precedido:

Es el mismo derecho escrito que se ha incorporado a los hábitos sociales.

2) La costumbre supletoria (praeter legem) surge en ausencia de la ley completando l os
vacíos del derecho escrito. Se trata ya de la creación de nuevas normas jurídicas que no se oponen a las existentes, pues la legislación no ha regulado todavía la materia sobre la cual versa costumbre. Constituye el tipo ideal de formación jurídica consuetudinaria, pues esta complementa el derecho escrito sin contradecirlo.

3) La costumbre contraria a la ley (contra legem) es la que aparece en oposición a normas legales expresas que imponen una conducta diferente. Surge esta costumbre después de sancionada la ley, y en contra de ella: en estos casos el derecho escrito no llega a introducirse en los usos sociales, y por lo tanto no alcanza efectiva vigencia o la pierde con posterioridad.

La caducidad de las leyes a causa de una costumbre contraria puede producirse:

a) Por desuetudo, o se la práctica que prescinde de la ley y actúa como si ésta no existiera,

b) Por la costumbre abrogatoria, que crea un uso o impone una conducta diferente de la
prescripta legislativamente.

CARACTERES DE LA COSTUMBRE:

 Suelen citarse los siguientes:

1) Surge espontáneamente;

2) Es de formación lenta;

3) No tiene autor conocido;

4) Suele ser incierta o imprecisa y

5) Es particularista, pues las costumbres abarcan siempre una esfera cuyos límites no son sólo geográficos, sino también de carácter social, ya que son observadas generalmente por una clase o grupo social determinado. Las costumbres generales son sumamente raras, Pues han sido reemplazadas por las leyes, y subsisten sobre todo en el derecho de la navegación.

 

FUENTE:

APUNTES DE DERECHO, UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY, VENEZUELA (2014)

CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta el siguiente,

CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA

Capítulo I
Disposiciones generales

Objeto

Artículo 1., El presente Código tiene por objeto establecer el régimen disciplinario y los principios éticos que guían la conducta de los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela, confirmando que los jueces o Juezas solo podrán ser removidos, removidas, suspendidos o suspendidas de sus cargos, mediante los procedimientos expresamente previstos en el presente Código, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial como parte del Sistema de Justicia,

El presente Código igualmente rige la conducta de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y su control compete a los órganos señalados en el artículo 265 de la Constitución de la República,

Ámbito de aplicación

Artículo 2. El presente Código se aplicará a todos los Jueces y juezas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se entenderá por juez o jueza todo ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida conforme a la ley.

Las demás personas intervinientes en el Sistema de Justicia distintas a los jueces y juezas, que con ocasión de las actuaciones judiciales, infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, o que por cualquier otro motivo o circunstancia, comprometan La observancia de principios y deberes éticos, deberán ser sancionados o sancionadas según la ley que los rija. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial podrán aplicar cualquiera de las sanciones de los instrumentos que rigen a estos o estas Intervinientes, cuando con ocasión de dichas actuaciones judiciales, los órganos responsables no cumplan con su potestad disciplinaria, utilizando para tal fin el procedimiento y las garantías establecidas en este Código.

Quedan exentos de la aplicación de este Código, las autoridades legítimas de los pueblos indígenas responsables de las instancias de justicia dentro de su hábitat.

Principios de la jurisdicción disciplinaría

Artículo 3. Los órganos jurisdiccionales con competencia disciplinaria forman parte del Poder Judicial, garantizarán el debido proceso, así como los principios de legalidad, oralidad, publicidad, igualdad, imparcialidad, contradicción, economía procesal, eficacia, celeridad, proporcionalidad, adecuación, concentración, inmediación, Idoneidad, excelencia e integridad.

La jurisdicción disciplinaria judicial en el ejercicio de sus competencias goza de autonomía funcional, organizativa, administrativa, presupuestaria y financiera. Deberá elaborar cada año su proyecto de presupuesto, el cual será remitido al Tribunal Supremo de Justicia para su aprobación e incorporación al presupuesto anual del Poder Judicial.

Independencia judicial

Artículo 4. Los jueces y juezas en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico. Sus decisiones sustentadas en la Interpretación y aplicación de la ley y el derecho, sólo podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales competentes por vía de los recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión.

Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional.

Idoneidad

Artículo 5. Los jueces y juezas serán imparciales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, por esta razón no podrán estar incursos o incursas en ninguna de las causales de inhibición o recusación previstas en este Código ni en las leyes que regulan la materia correspondiente, sin perder la idoneidad para el cargo del cual están investidos o investidas.

Protección de los derechos

Artículo 6. Los jueces y Juezas garantizarán a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, así como su respeto y garantías consagrados en la Constitución de la República y en el ordenamiento jurídico.

Valores republicanos y Estado de derecho

Artículo 7. Los Jueces y juezas como integrantes del Sistema de Justicia, tienen un compromiso permanente e irrenunciable con la sociedad democrática, participad va y protagónica, justa, multiétnica y pluricultural de la República Bolivariana de Venezuela; así como con el goce, ejercicio y promoción de los derechos humanos y los principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República, que aseguren el disfrute de las garantías sociales y la suprema felicidad del pueblo; en consecuencia, son agentes de la y para la transformación social y deben actuar conforme a esos valores y principios, para hacer valer el Estado democrático y social de derecho y de justicia.

Legitimidad de las decisiones judiciales

Artículo 8. Las sentencias y demás decisiones de los jueces y juezas se justifican por su sujeción a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico, su razonabilidad debe ser fiel reflejo de la verdad y la justicia, por lo que no podrán ser afectadas por injerencias político partidistas, económicas, sociales u otras, ni por influencias o presiones de los medios de comunicación social, de la opinión pública o de cualquier otra índole. El fiel cumplimiento de estos deberes será motivo de evaluación sobre la idoneidad y excelencia de los jueces o juezas en cada caso.

El proceso como medio para la realización de la justicia

Artículo 9. Los jueces o juezas deben en todo momento garantizar el proceso como medio para la realización de la justicia, asegurando a las partes del ejercicio efectivo de sus derechos. La sentencia será una consecuencia necesaria del debido proceso, de la valoración de las pruebas, confrontando los alegatos y defensas de las partes; ella reflejará el contenido del proceso y las razones del acto de juzgar, permitiendo con ello, tanto a las partes como a la comunidad, comprender el sentido de la justicia en cada caso, como un acto producto de la razón y contrario a la arbitrariedad.

Argumentación e interpretación judicial

Artículo 10. Las argumentaciones e interpretaciones judiciales deberán corresponderse con los valores, principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico.

Los jueces o juezas no deben invocar en su favor la objeción de conciencia.

Actos procesales, dilaciones indebidas y formalismos inútiles

Artículo 11. Los jueces o juezas deben garantizar que los actos procesales se realicen conforme al debido proceso, igualdad ante la ley y en respeto de los derechos, garantías constitucionales y legales.

La justicia deberá impartirse de manera oportuna y expedita, sin dilaciones indebidas, conforme a los procedimientos establecidos     en la ley; prevaleciendo siempre en las decisiones judiciales, la justicia sobre las formalidades inútiles y las formalidades no esenciales. En consecuencia, los Jueces o juezas no podrán abstenerse de decidir ni     retardar injustificadamente sus  decisiones, alegando    pretextos de silencio, contradicción o deficiencia de la ley, bajo pena de incurrir en falta disciplinaria y sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal por denegación de justicia.

Administración de justicia y tutela judicial

Artículo 12. Los jueces o juezas deben asegurar el acceso a la Justicia a toda persona, con la finalidad efe hacer valer sus derechos e intereses garantizados en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico, inclusive los derechos colectivos o difusos, para la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, sin dilaciones y formalismos innecesarios.

Capítulo II
De los deberes de los jueces y juezas

Formación profesional y actualización de conocimientos

Artículo 13. La formación profesional y la actualización de los conocimientos, constituyen un derecho y un deber de los jueces y juezas. La Escuela Nacional de la Magistratura y demás Instituciones académicas creadas a tal fin, dispondrá las medidas necesarias para asegurar la capacitación permanente de los jueces y juezas conforme lo prevé la Constitución de la República y la normativa legal correspondiente.

Rendimiento

Artículo 14. Los jueces y juezas deben mantener un rendimiento satisfactorio, garantizando su idoneidad, excelencia, eficacia y eficiencia, de acuerdo con los parámetros establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal Supremo de Justicia.

Expediente administrativo

Artículo 15. A los fines de disponer y mantener registros actualizados relacionados con el desempeño de los jueces y juezas, su formación y trayectoria profesional, el Tribunal Supremo de Justicia mantendrá de manera permanente un expediente administrativo de cada Juez y jueza con la respectiva información actualizada.

Discreción profesional

Artículo 16. En protección de los derechos constitucionales de las partes a la intimidad, vida privada, confidencialidad, honor y reputación, los jueces y juezas deben guardar la debida confidencialidad en los procesos y casos que sean objeto de su conocimiento, así como sobre los hechos de que se percaten en los límites de su competencia, lo cual no podrán comunicarlo a personas distintas a las partes. En ningún caso, obtendrán provecho alguno de la información proveniente de las causas que conocen.

Los jueces o juezas se abstendrán de expresar opiniones que comprometan su sujeción a la Constitución y demás leyes de la República, ni deben emitir juicios de valor que critiquen o censuren las decisiones del Poder Judicial, salvo que se trate del ejercicio de recursos consagrados en la ley, fundamentación de votos salvados o concurrentes, o de corrección de las decisiones.

Actuación decorosa

Artículo 17. Los jueces o juezas deben actuar con decoro, ser respetuosos o respetuosas y cortés con las partes, con los abogados y abogadas, auxiliares de justicia, personas bajo su supervisión, así como con todas las demás personas con quienes deban tratar en el desempeño de sus funciones. Asimismo deben exigir de manera adecuada, el debido comportamiento y buen trato a todas las personas que concurran al tribunal por cualquier motivo, debiendo hacer que se respeten sus derechos e impedir cualquier exceso o abuso en su contra.

Ejercicio debido del poder disciplinario

Artículo 18. Los jueces y juezas deben ordenar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad de todos los y las intervinientes en el proceso; así como las contrarias a la ética profesional, la colusión, fraude procesal y la temeridad procesal, o cualquier acto contrario a la justicia y al respeto a dichos intervinientes.

Uso del idioma

Artículo 19. Los jueces o juezas deben emplear el Idioma oficial en forma clara, procurando que sus decisiones contengan expresiones precisas, inequívocas e inteligibles, redactadas de manera sencilla y comprensible para las personas que garanticen una perfecta comprensión de las mismas. Cuando se trate de decisiones que recaigan sobre pueblos y comunidades Indígenas o sus integrantes, los jueces y juezas ordenarán lo conducente para la traducción de forma oral o escrita de dichas sentencias en el idioma originario del pueblo indígena de pertenencia, de conformidad con lo establecido en las leyes que rigen la materia.

Dedicación exclusiva e incompatibilidades

Artículo 20. Los jueces o Juezas ejercerán sus funciones a dedicación exclusiva, la función judicial es incompatible con el libre ejercicio de la abogada o de cualquier otra función pública o privada, remunerada o no remunerada, Se excluyen de esta incompatibilidad los cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes, siempre que estos cargos no interfieran con sus funciones judiciales.

Gestión administrativa

Artículo 21. Los Jueces y juezas deben realizar sus funciones con eficiencia, teniendo en cuenta para ello lo establecido en la Constitución de la República, leyes, reglamentos, providencias, circulares e instrucciones. Los jueces y juezas cumplirán con el horario establecido; deberán vigilar, conservar y proteger los documentos y bienes confiados a su guarda, uso o administración; despacharán en las sedes del recinto Judicial, salvo las excepciones establecidas en la ley; Informarán cuando no hubiere despacho, audiencia o secretaria; nombrarán como depositario de dinero o titules valores a un Instituto bancario público o a personas autorizadas por la ley, cuando se trate de otros bienes.

Capítulo III
De la conducta de los Jueces y Juezas

Conducta y estilo de vida de los jueces y juezas

Artículo 22. La conducta de los jueces y juezas deben fortalecer la confianza de los ciudadanos y ciudadanas por su idoneidad y excelencia, integridad e imparcialidad para el ejercicio de la función jurisdiccional; evitarán realizar actos que les hagan desmerecer la estimación pública o que puedan comprometer el respeto y el decoro que exige el ejercicio de su función.

Los jueces y juezas deben llevar un estilo de vida acorde con la probidad y dignidad que son propias de su investidura e igualmente acorde con sus posibilidades económicas. Deberán en todo tiempo, estar en disposición de demostrar a plenitud la procedencia de sus Ingresos y patrimonio.

Vida comunitaria y la participación de los jueces y juezas

Artículo 23. Los jueces o juezas en ejercicio de su ciudadanía y en cumplimiento de su responsabilidad social, deberán participar en actividades culturales, educativas, deportivas, sociales y recreativas organizadas por su comunidad, así como en todas aquellas que estén dirigidas al mejoramiento de las mismas, siempre que con dichas actuaciones no se ponga en riesgo, menoscabe o afecte el cabal cumplimiento de la función judicial,

Los jueces o juezas no podrán participar en organizaciones que promuevan o practiquen cualquier forma de discriminación, amenacen o menoscaben los principios y valores consagrados en la Constitución de la República y en el ordenamiento jurídico.

Los jueces o juezas no podrán, salvo el ejercicio del derecho al voto, realizar directa o indirectamente ningún tipo de activismo político partidista, sindical, gremial o de índole semejante, capaz de poner en duda la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Ecuanimidad y abstención de promoción personal

Artículo 24. En el ejercicio de sus funciones, los jueces y juezas deben observar la ecuanimidad necesaria y se abstendrán de promocionarse personalmente a través de los medios de comunicación social u otras vías análogas, con ocasión de su investidura. Quedan excluidas de esta limitación, las declaraciones necesarias sobre las actuaciones relevantes del tribunal y las explicaciones, comentarios o análisis con fines pedagógicos o informativos.

Capítulo IV
De las sanciones disciplinarías aplicables a los jueces y Juezas

Sanciones

Artículo 25. Los Jueces y juezas podrán ser sancionados o sancionadas por infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus funciones, según la gravedad con:

  1. Amonestación.
  2. Suspensión de uno a seis meses en el ejercicio del cargo, privando al infractor o infractora del goce de salario durante ese periodo.
  3. Destitución del cargo e inhabilitación para el desempeño de funciones públicas dentro del Sistema de Justicia, desde dos años hasta por un máximo de quince años, en atención a la gravedad de la falta cometida.

Amonestación, suspensión o destitución

Artículo 26. Las sardones de amonestación, suspensión o destitución del cargo y la consecuente inhabilitación, serán impuestas por los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas conforme al procedimiento establecido en el presente Código.

El período en que el Juez o Jueza haya estado suspendido cautelarmente del cargo, será computable en su favor para el cálculo de la ejecución del tiempo de la sanción.

Causales de amonestación

Artículo 27. Son causales de amonestación al juez o jueza:

  1. Ofender a sus superiores, a sus Iguales, a sus subalternos o subalternas en el ejercicio de sus funciones, de palabra, por escrito o vías de hecho,
  2. Falta de consideración y respeto a auxiliares, empleados o empleadas, bajo su supervisión o a quienes comparezcan al tribunal.
  3. Incumplir con el deber de dar audiencia o despacho, salvo causa justificada, caso fortuito o de fuerza mayor.
  4. Ausentarse del lugar donde ejerza sus funciones sin la respectiva autorización.
  5. No advertir las irregularidades del personal a su cargo o no solicitar la aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar.
  6. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos.
  7. Proferir o permitir en el ejercicio de sus funciones, maltratos al público, retardo injustificado, atención displicente por parte de los funcionarios y funcionarias del tribunal en la sede del mismo o en el lugar donde este se encuentre constituido.
  8. Omitir injustificadamente, los jueces rectores o juezas rectoras y presidentes o presidentas de circuitos judiciales, la práctica de las delegaciones que ordene el Tribunal Disciplinario Judicial o la Corte Disciplinaria Judicial.
  9. La embriaguez o exhibición de conductas indecorosas en el ejercicio de sus funciones.

Causales de suspensión

Artículo 28. Son causales de suspensión del juez o jueza:

  1. Inobservar sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el expediente respectivo.
  2. Practicar medidas preventivas en día anterior a feriado, de vacaciones o en días prohibidos por la ley, sin que para ello conste urgencia previamente comprobada, salvo los procedimientos penales y amparos constitucionales.
  3. Realizar actos o incurrir en omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados durante la Jornada de servicio.
  4. Divulgar por cualquier conducto o medio, los asuntos que conozca por razón de su cargo, de manera que causen perjuicio a las partes, o pongan en tela de juicio la majestad del Sistema de Justicia, o que de algún modo deriven en provecho propio o conlleven a causal de recusación.
  5. La omisión o el nombramiento Irregular de los o las auxiliares de justicia.
  6. Abstenerse de decidir, bajo pretexto de silencio, contradicción, ambigüedad o deficiencia de la ley o de oscuridad en sus términos o retardar ilegalmente una medida cautelar, providencia o sentencia, aunque no se hubiere Interpuesto por dichos motivos el procedimiento de queja en su contra para hacer efectiva la responsabilidad civil, ni la acción penal correspondiente a la denegación de justicia.
  7. La arbitrariedad en el uso de la autoridad o del poder disciplinario que cause perjuicio funcionarial o al servicio público.
  8. No Inhibirse Inmediatamente después de conocida la existencia de causal de inhibición.
  9. La negligencia comprobada en la debida preservación de los medios de prueba o de cualquier otro instrumento fundamental para el ejercicio de las funciones judiciales y del debido proceso.
  10. Incumplir reiteradamente el horario de trabajo, así como el deber de dar audiencia o despacho.
  11. La injustificada negativa de atender a las partes o a sus apoderados durante las horas de despacho siempre que estén todos presentes; o reunirse solo con una de las partes.
  12. Reunirse con una o ambas partes fuera de las horas de despacho o fuera de la sede del tribunal.
  13. Participar en actividades sociales y recreativas que provoquen una duda grave y razonable sobre su capacidad para decidir imparcialmente sobre cualquier asunto que pueda someterse a su conocimiento.
  14. Mostrar rendimiento insatisfactorio, conforme a los parámetros establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal Supremo de Justicia.
  15. Haber sido objeto de tres amonestaciones en el transcurso de dos años, contados a partir de la fecha de la primera amonestación.
  16. La omisión de los jueces y juezas al no ordenar las medidas necesarias para prevenir o sancionar las faltas de probidad, ética, colusión o fraude de las partes o demás intervinientes en el proceso.
  17. La omisión o designación irregular de depositarios o depositadas judiciales.
  18. Perjuicio material causado por negligencia manifiesta a los bienes de la República, siempre que la gravedad del perjuicio no amerite su destitución.
  19. Llevar en forma irregular los libros del tribunal o partes un uso distinto al fin para el que han sido destinados.
  20. Causales de destitución

Artículo 29. Son causales de destitución:

  1. El rendimiento insatisfactorio reiterado, de acuerdo con los parámetros previamente establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal Supremo de Justicia.
  2. Recibir, solicitar o hacerse prometer dádivas de personas, bien para sí o para terceras personas.
  3. Constreñir a cualquier persona para que le proporcione un beneficio para sí o para terceras personas.
  4. Realizar por sí o por interposición de cualquier persona, actos propios del ejercicio de la profesión de abogado o actividades privadas lucrativas incompatibles con su función.
  5. Realizar actuaciones que supongan discriminación por razón de raza, sexo, religión, idioma, opinión política, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social o pertenecer a organizaciones que practiquen o defiendan conductas discriminatorias.
  6. Haber sido objeto de tres suspensiones dentro del lapso de dos años, contados desde la fecha de la primera suspensión y hasta la fecha que da lugar a la tercera suspensión.
  7. Encontrarse incurso en una de las causales de inhabilidad o Incompatibilidad que no haya sido posible advertirla en virtud de la conducta maliciosa para ocultarla, por parte del juez o jueza al momento del nombramiento.
  8. Abandonar o ausentarse del cargo injustificadamente, comprometiendo el normal funcionamiento del órgano judicial.
  9. Propiciar u organizar huelga, suspensión total o parcial de actividades judiciales.
  10. Haber sido condenado o condenada mediante sentencia definitivamente firme, por la comisión de algún delito conforme a la ley o haber sido sancionado o sancionada por responsabilidad administrativa de acuerdo con la ley, mediante acto administrativo definitivamente firme.
  11. Declarar, elaborar, remitir o refrendar datos estadísticos falsos o que resultaren desvirtuados mediante inspección al tribunal, sobre la actuación o rendimiento del despacho a cargo del juez o jueza.
  12. Falta de probidad.
  13. Conducta impropia o inadecuada, grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones,
  14. La falta de iniciación por parte del juez o jueza, de los procedimientos disciplinarios a que hubiere lugar contra los funcionarios judiciales adscritos al tribunal respectivo; cuando éstos dieren motivo para ello. Así como también, la omisión de los jueces y juezas al no ordenar las medidas necesarias para prevenir o sancionar las faltas a la lealtad, probidad, ética profesional, colusión o fraude que intenten las partes o demás intervinientes en el proceso.
  15. Incurrir en abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones.
  16. Actuar estando legalmente impedido.
  17. Omitir, alterar o celebrar irregularmente la distribución de expedientes, o de cualquier forma Influir Intencional mente para modificar sus resultados.
  18. Causar daños intencional mente por sí o por interpuestas personas, en los locales, bienes materiales o documentos del tribunal.
  19. Llevar a cabo salvo el derecho al voto, activismo político-partidista, gremial, sindical o de índole semejante.
  20. Recomendar o influir ante otro juez o jueza, de igual o diferente instancia, o cualquier otro funcionario o funcionaria público, sobre aquellos asuntos que éstos deban decidir.
  21. Incurrir en error Inexcusable por Ignorancia de la Constitución de la República, del derecho o del ordenamiento jurídico, declarado así por alguna de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia que conozca de la causa.
  22. Causar daño considerable a la salud de las personas, a sus bienes o a su honor, por imprudencia, negligencia o ignorancia. La gravedad de la imprudencia, negligencia o ignorancia, cometido por el juez o jueza será determinada por el órgano competente en materia disciplinaria, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes a que tengan derecho las partes afectadas.
  23. Causar intencional mente o por negligencia manifiesta perjuicio material grave al patrimonio de la República.
  24. Incurrir en retrasos o descuidos Injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva.
  25. La negligencia comprobada en la debida preservación de los medios de prueba o de cualquier otro instrumento fundamental para el ejercicio de las acciones judiciales.

Renuncia maliciosa

Artículo 30. La renuncia del juez investigado o jueza investigada disciplinariamente ante el Tribunal Disciplinario Judicial, manifestada antes de la decisión respectiva, no paralizará la causa. Si la decisión sobre la investigación da origen al Juicio y la decisión definitiva del proceso dispone de la aplicación de alguna sanción disciplinaria, la renuncia será considerada maliciosa de pleno derecho y dará lugar a la inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia desde dos años hasta por un máximo de quince años, en atención a la gravedad de la falta cometida.

La renuncia no se considerará maliciosa si se produce luego de cumplido el plazo estableado en este Código para la finalización de la investigación, sin que el órgano investigador disciplinario haya presentado el acto conclusivo correspondiente o si la renuncia se produce posteriormente a la oportunidad en que el Tribunal Disciplinario debió dictar la sentencia definitiva sin que este se haya pronunciado al respecto.

Prescripción

Artículo 31. La acción disciplinaria prescribe a los cinco años contados a partir del día en que ocurrió el presunto acto constitutivo de la falta disciplinaria. La prescripción no aplicará a aquellas causas en las cuales los jueces y juezas pudieran estar incursos y que estén previstas en las leyes contra la corrupción, delitos de lesa humanidad, traición a la patria, crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos, así como afectación a la cosa pública, el narcotráfico y delitos conexos. El inicio de la investigación disciplinarla interrumpe la prescripción.

Capítulo V
De la competencia disciplinaría

Tribunales Disciplinarios Judiciales

Artículo 32. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los Jueces o juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por Infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. Los tribunales disciplinarios judiciales contarán con un Juzgado de Sustanciación, la Secretaría correspondiente y los servicios de alguacilazgo.

Tribunal Disciplinario Judicial. Competencia

Artículo 33. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia de ética contenidos en el presente Código. En este orden el Tribunal ejercerá las funciones de control durante la fase de investigación; decretará las medidas cautelares procedentes; celebrará el juicio; resolverá las incidencias que puedan presentarse; dictará la decisión del caso; impondrá las sanciones correspondientes y velará por la ejecución y cumplimiento de las mismas.

El Tribunal Disciplinario Judicial conocerá de las apelaciones y recursos que se intenten contra las decisiones del Juzgado de Sustanciación.

Competencia por omisión y conexión

Artículo 34. En materia de infracciones, en la ejecución de un acto propio de las funciones del resto de los y las intervinientes del Sistema de Justicia, con ocasión de sus actuaciones Judiciales o que comprometan la observancia de los principios y deberes éticos, que guarden conexión con el procedimiento disciplinario contra un juez o jueza, conocerán igualmente los órganos de la competencia disciplinaria judicial.

Integración y permanencia en el Tribunal Disciplinario Judicial

Artículo 35. El Tribunal Disciplinario Judicial estará integrado por tres Jueces o juezas principales, electos o electas para un período de cinco años con posibilidad de reelección. Dicho Tribunal estará presidido por uno de los jueces o juezas principales designado o designada por éstos, de su propio seno, para un período de dos años, con posibilidad de reelección.

Los jueces y juezas principales contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán electos en la misma oportunidad por un período de cinco años, con posibilidad de reelección.

Juzgado de Sustanciación. Competencia

Artículo 36. El Juzgado de Sustanciación estará constituido por un juez sustanciador o jueza sustanciadora, por el secretario o secretaria, así como por el o la alguacil.

El juez o jueza sustanciador será distinto a los jueces y juezas de la Corte Disciplinaria Judicial y del Tribunal Disciplinario Judicial y su permanencia en el cargo será por un período de cinco años con posibilidad de reelección.

Corresponde al Juzgado de Sustanciación la realización de todos los actos procesales necesarios para la tramitación de las causas y prepararlas para la realización de la audiencia oral y pública.

Corte Disciplinaria Judicial. Competencia

Artículo 37. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y jueza venezolana.

Integración y permanencia de la Corte Disciplinaria Judicial

Artículo 38. La Corte Disciplinaría Judicial estará integrada por tres jueces o juezas principales, electos o electas para un período de cinco años con posibilidad de reelección. Dicha Corte estará presidida por uno de los jueces o juezas principales designados o designadas por éstos, de su propio seno, para un período de dos años, con posibilidad de reelección.

Los jueces y juezas principales contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán electos o electas en la misma oportunidad por un período de cinco años, con posibilidad de reelección.

Requisitos ser para juez o jueza del Tribunal Disciplinario Judicial

Artículo 39. Para ser juez o jueza del Tribunal Disciplinario Judicial se requiere:

  1. Ser venezolano o venezolana mayor de 26 años de edad.
  2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida probidad y honestidad.
  3. Ser abogado o abogada de reconocida competencia y honorabilidad.
  4. Tener un mínimo de siete años de graduado de abogado o abogada; o haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública durante un mínimo de cinco años; o ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área de derecho público durante un mínimo de cinco años; o haber obtenido un título de postgrado en materia jurídica.
  5. Estar en plena capacidad mental.
  6. No haber sido condenado o condenada penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni haber sido sancionado o sancionada por responsabilidad administrativa de conformidad con la ley, mediante acto administrativo definitivamente firme.

Requisitos para ser juez o jueza de la Corte Disciplinaria Judicial, o director o directora del Órgano de Investigación Disciplinaria

Artículo 40. Para ser Juez o jueza de la Corte Disciplinaria Judicial, o director o directora del Órgano de Investigación Disciplinaría se requiere:

  1. Ser venezolano o venezolana mayor de 30 años de edad.
  2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida probidad y honestidad.
  3. Ser abogado o abogada de reconocida competencia y honorabilidad.
  4. Tener un mínimo de diez años de graduado de abogado o abogada; o haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública durante un mínimo de siete años; o ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área de derecho público durante un mínimo de siete años; o haber obtenido un título de postgrado en materia jurídica.
  5. Estar en plena capacidad mental,
  6. No haber sido condenado o condenada penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni haber sido sancionado o sancionada por responsabilidad administrativa de conformidad con la ley, mediante acto administrativo definitivamente firme.
  7. Los jueces y juezas de la competencia disciplinaria judicial no gozarán de los beneficios propios de la carrera judicial, salvo en lo relativo a la seguridad social.

Reglamento orgánico

Artículo 41. Todos los jueces titulares de la jurisdicción disciplinaria judicial, mediante sesión extraordinaria y por mayoría absoluta, deberán aprobar el Reglamento orgánico estructural y funcional que regula el funcionamiento de la Corte Disciplinarla Judicial, el Tribunal Disciplinario Judicial y las demás unidades de apoyo a la actividad jurisdiccional que consideren conveniente regular.

Elección de los jueces o juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte Disciplinaria Judicial

Artículo 42. Los aspirantes a jueces o juezas del Tribunal Disciplinario Judicial, así como los jueces y Juezas de la Corte Disciplinaria Judicial y sus respectivos suplentes, serán electos por los Colegios Electorales Judiciales con el asesoramiento del Comité de Postulaciones Judiciales al cual se refiere el artículo 270 del Título V, Capítulo III, Sección Tercera de la Constitución de la República.

Colegios Electorales Judiciales. Conformación

Artículo 43. Los Colegios Electorales Judiciales estarán constituidos en cada estado y por el Distrito Capital, por un representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio Público, un representante de la Defensa Pública, un representante por los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio profesional, así como por diez delegados o delegadas de los Consejos Comunales legal mente organizados por cada una de las entidades federales en ejercicio de la soberanía popular y de la democracia participativa y protagónica.

Los consejos comunales convocarán las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, los presentes procederán a elegir a los delegados o delegadas que Integrarán el respectivo Colegio de cada estado, conforme al procedimiento que establezca el reglamento electoral respectivo.

Poder Electoral Comité de Postulaciones Judiciales, Funciones

Artículo 44. El Consejo Nacional Electoral será responsable de la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los delegados o delegadas de los Consejos Comunales. Corresponderá al Comité de Postulaciones Judiciales la recepción, selección y postulación de los candidatos o candidatas a jueces o juezas que serán elegidos o elegidas por los Colegios Electorales Judiciales.

Procedimiento y elección

Artículo 45. El Comité de Postulaciones Judiciales efectuará la preselección de los candidatos o candidatas que cumplan con los requisitos exigidos para ser juez o jueza de la Jurisdicción disciplinaria judicial y procederá a elaborar la lista definitiva de los candidatos o candidatas que serán electos o electas por los Colegios Electorales Judiciales, Los Colegios Electorales Judiciales notificarán de la elección definitiva a la Asamblea Nacional.

Los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones comunitarias y sociales, podrán ejercer fundadamente objeciones ante el Comité de Postulaciones Judiciales sobre cualquiera de los postulados o postuladas a ejercer los cargos de jueces o juezas de la Corte Disciplinaria Judicial y el Tribunal Disciplinario Judicial.

Remociones

Artículo 46. Los jueces y juezas con competencia disciplinaria podrán ser removidos de sus cargos, siendo causas graves para ello las calificadas así por el Poder Ciudadano según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, las faltas que acarrean suspensión y destitución previstas en este Código y las establecidas en el artículo 11 de la referida Ley.

Una vez calificada la falta y recibidas las actuaciones del Consejo Moral Republicano, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional deberá convocar, dentro de los diez días hábiles siguientes, a una sesión plena ría para dar audiencia y escuchar al Juez o jueza Interesado, debiendo resolver sobre la remoción inmediatamente después de dicha exposición.

Capítulo VI
Del proceso disciplinario
Sección Primera: de las disposiciones comunes al proceso disciplinario

Régimen aplicable y normativa complementaria

Artículo 47. El procedimiento disciplinario de los jueces y juezas será breve, oral y público, en los términos dispuestos en el presente Código y siempre que no se opongan a ellos se aplicarán supletoriamente las normas que establece el Código Orgánico Procesal Penal y cualquier otra disposición normativa que no contradiga los principios, derechos y garantías establecidas en el presente Código.

Principios procesales

Artículo 48. A quien se le señale como responsable de una Infracción disciplinaria judicial, tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su responsabilidad mediante sentencia firme.

El proceso tendrá carácter contradictorio, la audiencia será oral y pública, salvo las excepciones de ley. Sólo se apreciarán Fas pruebas consignadas en la denuncia, las aportadas por las partes y las ordenadas por el tribunal conforme con las disposiciones de este Código.

Los jueces disciplinarios o juezas disciplinarias judiciales que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, Ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Una vez iniciado el debate este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes y las demás autoridades intervinientes en la investigación.

El órgano investigador disciplinario al cual le competa la investigación podrá solicitar a la Inspectoría General de Tribunales la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá ser igualmente solicitado a instancia de las partes.

Cómputo de los lapsos procesales

Artículo 49. Salvo lo expresamente estableado en este Código, los términos y los lapsos procesales se computarán por días continuos, exceptuándose los días declarados no laborables por las leyes nacionales y aquellos que se declaren no laborables por las autoridades competentes, ni aquellos en los cuales el Tribunal y la Corte Disciplinaria Judicial dispongan no despachar. Cuando el vencimiento de algún lapso ocurra en un día no laborable, el acto correspondiente se efectuará el día de despacho siguiente.

Citación y notificación

Artículo 50. Los jueces y juezas denunciados o denunciadas, serán, según sea el caso, citados o citadas, notificados o notificadas, por el Tribunal Disciplinario Judicial o por conducto del Juez coordinador o jueza coordinadora, juez rector o jueza rectora o del juez presidente o jueza presidenta del circuito judicial penal, quien garantizará que la citación o notificación se efectúe con prontitud y enviará constancia de las resultas al Tribunal Disciplinario. En situaciones de urgencia, podrán ser citados o citadas, notificados o notificadas, verbal mente, mediante vía telefónica, correo electrónico, fax, telegrama o por cualquier otro medio de comunicación interpersonal que según los datos suministrados por el juez o jueza, consten en su expediente administrativo.

Las partes intervinientes y sus apoderados o apoderadas, deberán indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del tribunal, declarando formalmente en el primer escrito o diligencia que se interponga, la dirección exacta, teléfono, fax y correo electrónico. Dicho domicilio sustituirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio y en él, se practicarán las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar. A falta de indicación de sede o dirección exigida en la primera parte de este párrafo, se tendrá como tal la sede del tribunal de la causa.

Apelación de sentencias interlocutorias y resolución de incidencias

Artículo 51. Salvo señalamiento expreso en este Código, las decisiones interlocutorias del Tribunal Disciplinario Judicial que causen gravamen serán apelables en un sólo efecto dentro de los tres días de despacho siguientes. La apelación será decidida por la alzada con lo cursante en autos, en el lapso de cinco días de despacho contados a partir del momento en que se dé cuenta del recibo del expediente.

Si por necesidad del proceso las partes solicitaren alguna providencia, los órganos jurisdiccionales la resolverán dentro de los tres días siguientes.

Las incidencias que no hayan sido resueltas en su oportunidad deberán ser decididas en la sentencia definitiva.

Intervención de organizaciones comunitarias y otros entes colectivos

Artículo 52. Las personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de la controversia y se hayan constituido con anterioridad a los hechos generadores de la denuncia, podrán opinar en la audiencia sobre los hechos debatidos. Una vez conste la efectiva notificación de esto, su Inasistencia no paralizará el proceso.

Reproducción audiovisual

Artículo 53. Las audiencias serán reproducidas en forma audiovisual y la cinta o medio electrónico de reproducción se considerará parte integrante del expediente.

En casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de la reproducción audiovisual de la audiencia, ésta podrá realizarse sin estos medios, dejándose constancia de tal circunstancia en la sentencia.

Ausencia de las partes

Artículo 54. Si la parte denunciante o denunciada no comparece sin causa justificada a la audiencia, el tribunal le designara defensor público y suspenderá el debate por un tiempo no menor a cinco días ni mayor a diez días; fenecido el plazo otorgado se reanudará la audiencia.

La ausencia de la parte denunciante no impedirá la continuación de la audiencia.

Acumulación de causas

Artículo 55. Cuando un asunto, sometido a la consideración del Tribunal Disciplinario Judicial, tenga relación determinante o conexión concluyente con cualquier otro que se tramite en la misma, el juez presidente o jueza presidenta ordenará de Inmediato, de oficio o a solicitud de parte, la acumulación de las causas.

Apreciación de las pruebas

Artículo 56. Las pruebas se apreciarán por el órgano disciplinario judicial según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.

Sesiones

Artículo 57. El presidente o presidenta del órgano disciplinarlo judicial correspondiente, convocará a todos los jueces o juezas a sesionar por lo menos una vez a la semana o cuantas veces sea necesario, para la discusión y decisión de los asuntos y proyectos de sentencias que sean sometidos a su conocimiento o para el suministro de información sobre el estado de los asuntos en que sean ponente o para adoptar las medidas que requieran la celeridad de los procesos, así como el normal y eficaz funcionamiento del órgano disciplinario judicial.

Quorum. Designación de juez o jueza ponente

Artículo 58. El quórum requerido para la deliberación y toma de decisiones en los órganos disciplinarios judiciales, es la mayoría absoluta de sus Integrantes.

En los asuntos que sean sometidos al conocimiento de los órganos disciplinarios judiciales las ponencias serán asignadas, desde su entrada a la jurisdicción disciplinarla judicial, en estricto orden cronológico y de forma aleatoria de conformidad con el sistema informático utilizado para tales efectos.

Proyecto de sentencia, deliberación, firma y publicación

Artículo 59. El juez o jueza ponente deberá presentar a los demás jueces o juezas un proyecto de sentencia para su consideración; en caso que el proyecto no cuente con la aprobación de la mayoría absoluta de quienes integran el órgano disciplinario judicial, la ponencia deberá reasignarse a otro Juez o jueza. El presidente o presidenta de cada órgano disciplinario judicial actuará como juez o Jueza ponente en aquellas causas que le correspondan.

El juez o jueza que disienta de la decisión o de su motiva, anunciará su voto salvado o concurrente según corresponda, y deberá consignarlo por escrito de manera fundamentada, dentro de los tres días siguientes a la aprobación de la sentencia.

Sección segunda: de la recusación y la Inhibición

Recusación e inhibición

Artículo 60. Las partes y el órgano investigador disciplinario podrán recusar a:

  1. Los jueces o juezas de la Corte Disciplinaria Judicial.
  2. Los jueces o juezas del Tribunal Disciplinario Judicial.
  3. El juez sustanciador o jueza sustanciadora.
  4. El secretario o secretaria.
  5. El investigador disciplinario o investigadora disciplinaria judicial.

Las causales de recusación e inhibición son las previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Los funcionarios o funcionarias, que se encuentren sujetos o sujetas a recusación deberán Inhibirse cuando tengan conocimiento de la existencia de una causal de Inhibición, sin esperar que se les recuse. Contra la decisión que resuelve las inhibiciones y recusaciones no se oirá ni admitirá recurso alguno.

Sólo se admitirá una recusación contra cada uno de los o las sujetos de recusación previstos en este Código. En el caso de que se trate de una causal sobrevenida o que, aun existiendo para el momento de realizarse la notificación era desconocida, la misma podrá interponerse hasta el día anterior al acordado para la celebración de la audiencia oral y pública.

Si el secretario o la secretaria del Tribunal Disciplinario Judicial o de la Corte Disciplinario Judicial, fuere el Inhibido o inhibida, recusado o recusada, el órgano respectivo designará un sustituto accidental el mismo día que sea declarada con lugar la inhibición o recusación.

Jueces o juezas recusados o recusadas, inhibidos o inhibidas

Artículo 61. Si todos los jueces o juezas fueran recusados o recusadas o se inhibieren, conocerá de dichas inhibiciones o recusaciones, en primer lugar, quien deba suplir al presidente o presidenta del respectivo órgano disciplinario judicial, y a falta de éste o ésta, los o las demás suplentes en orden de precedencia.

La incidencia será resuelta por el presidente o presidenta del Tribunal Disciplinario Judicial o de la Corte Disciplinaria Judicial, en un lapso no mayor a tres días a partir del anuncio de inhibición o recusación.

En caso de recusación del presidente o presidenta del Tribunal o de la Corte, la Incidencia será tramitada y resuelta por el juez o jueza del Tribunal Disciplinarlo Judicial, o el juez o jueza de la Corte Disciplinaria Judicial, siguiendo el orden de designación.

Las actuaciones del presidente o presidenta y del secretario o secretaría del respectivo órgano disciplinario judicial, en la incidencia correspondiente, no configurará una causal de recusación o Inhibición de estos funcionarios o funcionarias.

La recusación o la inhibición no detendrán el curso del proceso, cuyo conocimiento pasará inmediatamente, mientras se decide la incidencia, a quien deba sustituir conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario pasará los autos al inhibido o inhibida, o recusado o recusada.

Sección Tercera: de la Investigación

Investigación y acusación disciplinaria

Artículo 62. La investigación de los hechos y la acusación disciplinaria que pueda acarrear responsabilidad disciplinaria judicial del juez o jueza corresponde al órgano Investigador disciplinario.

Competencias del Órgano Investigador Disciplinario

Artículo 63. El órgano investigador disciplinario deberá iniciar la Investigación de oficio o por denuncia de persona agraviada, interesada o de sus representantes legales o por cualquier órgano que ejerza el Poder Público y tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Promover y realizar durante la fase de investigación todas las actividades tendentes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo constituirse en cualquiera de las sedes de los órganos jurisdiccionales y en las diferentes circunscripciones que integran el Poder Judicial y cualquier otro ente público o privado que guarde relación con los hechos investigados.
  2. Solicitar el archivo judicial ante el Tribunal Disciplinario Judicial.
  3. Solicitar el archivo de la investigación ante el Tribunal Disciplinario Judicial.
  4. Solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial, mediante acto motivo, el acuerdo de la prórroga de la fase de investigación.
  5. Formular la acusación ante el Tribunal Disciplinario Judicial así como su posible ampliación.
  6. Solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial, el derecho de medidas cautelares de suspensión del ejercicio del cargo o cualquier otra medida preventiva de acuerdo a la Ley.
  7. Evacuar pruebas y hacer oposición a las ofrecidas por la contraparte ante el Tribunal Disciplinario Judicial.
  8. Intervenir como único titular de la acción disciplinaria judicial en las audiencias orales que correspondan.
  9. Interponer los recursos de impugnación y aclaratoria que correspondan en el proceso disciplinario judicial.
  10. Solicitar, en el cumplimiento de sus funciones, la colaboración de cualquier autoridad o ente de los órganos del Poder Público, entes privados y demás organizaciones del Poder Popular, sociales o civiles, quienes estarán obligados a prestar la ayuda solicitada sin demora y a suministrar los documentos e información que le sean requeridos bajo pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria civil, penal o administrativa según sea el caso.
  11. Cualquier otra conferida en el presente Código

Corresponde a los presidentes o presidentas de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, jueces rectores y juezas rectoras, jueces presidentes y juezas presidentas de circuitos judiciales o cualquier otra autoridad jurisdiccional o administrativa, brindar el apoyo y la colaboración que requiera el órgano investigador disciplinario.

Alcance

Artículo 64. El órgano investigador disciplinario, en el curso de la investigación, hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundamentar la responsabilidad disciplinaria del juez denunciado o jueza denunciada, igualmente deberá señalar aquellos que sirvan para eximirlos o eximidas de responsabilidad disciplinaria judicial.

En este último caso está obligado u obligada a facilitarle al juez denunciado o jueza denunciada la información que le favorezca.

Denuncia de la persona interesada

Artículo 65. La denuncia de parte agraviada o por cualquier órgano del Poder Público se interpondrá verbal mente o por escrito, ante cualquier instancia de la jurisdicción disciplinaria judicial, los presidentes o presidentas de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, jueces rectores y juezas rectoras, jueces presidentes y juezas presidentas de los circuitos judiciales o cualquier otra autoridad jurisdiccional o administrativa, quienes tendrán la obligación de remitir la denuncia formulada al órgano Investigador disciplinario en un lapso de cinco días hábiles a partir de la recepción de la denuncia. El escrito de denuncia debe contener:

  1. La Identificación del o de la denunciante y en su caso, de la persona que actúe como su representante legal, con expresión de su nombre y apellido, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de Identidad o pasaporte, número telefónico y correo electrónico si lo tuviere.
  2. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.
  3. Los hechos, actos, omisiones, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud y la identificación de denunciado o denunciada.
  4. Referencia a las pruebas y a los anexos que lo acompañan, si tal fuere el caso.
  5. La firma de o de la denunciante o de su representante legal si fuere el caso.
  6. Sí existiere falsedad o mala fe en la denuncia, el o la denunciante será responsable conforme a la ley.
  7. Orden de inicio.

Desestimación de la denuncia

Artículo 66. Una vez recibida la denuncia por el órgano investigador disciplinario, dictará orden de inicio de la investigación y deberá notificarlo al Tribunal Disciplinario Judicial. En caso de que los hechos denunciados no revistan carácter disciplinario o se haya extinguido la acción disciplinaria judicial por muerte del denunciado o denunciada o por prescripción, solicitará al Tribunal, dentro de los diez días siguientes, desestime la denuncia.

Duración de la investigación

Artículo 67 La fase de investigación durará un lapso de cuarenta días hábiles contados a partir de que conste en autos la notificación de inicio de la investigación al Tribunal Disciplinario Judicial. Antes del vencimiento de este lapso, el órgano investigador disciplinario podrá solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial una prórroga de quince días hábiles para concluir la investigación.

Archivo judicial

Artículo 68 Si vencido el plazo fijado en el artículo anterior el órgano investigador disciplinarlo no presentare el acto conclusivo, el Tribunal Disciplinario Judicial decretará el archivo judicial de las actuaciones, lo cual comporta el cese inmediato de todas las medidas cautelares impuestas y la condición de denunciado o denunciada del juez o jueza; todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

La investigación disciplinaria sólo podrá reiniciarse cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización del Tribunal Disciplinario Judicial.

Actos conclusivos

Artículo 69. La investigación concluirá mediante:

  1. El archivo de las actuaciones.
  2. La solicitud de sobreseimiento.
  3. La acusación disciplinaria judicial.

Archivo de la investigación

Artículo 70. Cuando la investigación resulte insuficiente para formular la acusación disciplinaria, el órgano investigador disciplinario presentará solicitud motivada ante el Tribunal Disciplinario Judicial, quien tendrá la facultad de decretar el archivo de la investigación hasta por un período máximo de dos años, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción.

De esta medida se notificará al o a la denunciante si lo hubiere, quien podrá solicitar en cualquier momento la revisión del archivo de la investigación o la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes.

El archivo de la investigación decretado tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaría Judicial la cual, si no encontrare fundamentado el archivo, ordenará la conclusión de la investigación a través de la acusación disciplinaria judicial o de la solicitud de sobreseimiento.

Consumado el lapso de dos años sin que hayan apareado nuevos elementos de convicción, el órgano investigador disciplinario solicitará el sobreseimiento.

Sobreseimiento

Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez Investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.

  1. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
  2. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado;
  3. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario;
  4. La acción disciplinaria haya prescrito;
  5. Resulte acreditada la cosa juzgada;
  6. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial,
  7. La muerte del juez denunciado o jueza denunciada.
  8. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Tribunal Disciplinario Judicial la decidirá dentro del lapso de cinco días siguientes.
  9. El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes.

Acusación disciplinaría judicial

Artículo 72. Cuando el órgano Investigador disciplinarlo estime que la investigación proporciona fundamentos para la sanción disciplinaria del juez investigado o Jueza investigada presentará la acusación disciplinaria judicial ante el Tribunal Disciplinario Judicial La acusación disciplinaria debe contener:

  1. La identificación del juez acusado o Jueza acusada.
  2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho disciplinario que se le atribuye al Juez o jueza.
  3. Los fundamentos de la acusación con expresión de los elementos de convicción que la motivan.
  4. Los preceptos jurídicos aplicables.
  5. El ofrecimiento de los medios de prueba con la indicación de su pertinencia o necesidad.
  6. La solicitud de sanción disciplinaria del juez o jueza.

En el caso de la denuncia interpuesta por particulares, las comunidades organizadas o por instituciones públicas, el sólo señalamiento del lugar donde podrán ser recabados los elementos probatorios, tendrá los mismos efectos del ofrecimiento de pruebas y el Tribunal Disciplinario Judicial ordenará al órgano investigador disciplinario recabar los mismos e incorporarlos al proceso.

Medidas cautelares

Artículo 73. Durante la fase de investigación, si lo considera conveniente cualquier interviniente o el órgano investigador disciplinario podrá solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial, el decreto cautelar de suspensión provisional del ejercicio del cargo del juez o jueza con goce de sueldo, por un lapso no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, el cual podrá ser prorrogado por única vez y por el mismo período. El Tribunal Disciplinario Judicial deberá proveer sobre la medida cautelar al tercer día siguiente de despacho.

El Tribunal Disciplinario Judicial, una vez recibido el acto conclusivo, podrá acordar o mantener la suspensión provisional del ejercicio del cargo de juez o jueza, con goce de sueldo, por un lapso no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, el cual podrá ser prorrogado una sola vez y por el mismo período, si se demostrase que existe una presunción grave de afectación al servicio de administración de justicia o cuando su conducta pueda afectar la majestad del Poder Judicial o que en el ejercicio de sus funciones pueda obstruir el procedimiento disciplinario o reiterar las acciones objetivas o subjetivas por las cuales se le investiga.

En tales casos, el órgano correspondiente deberá designar o convocar al suplente, hadándole saber que permanecerá en sus funciones hasta tanto le sea notificado el levantamiento de la medida cautelar por parte del órgano disciplinario judicial respectivo.

Los órganos disciplinarios judiciales podrán dictar cualesquier otras medidas cautelares innominadas, a instancia de parte o de oficio.

La oposición de la medida podrá ser interpuesta en un lapso de tres días en el cual se abrirá cuaderno separado y el Tribunal Disciplinario Judicial procederá a convocar a las partes intervinientes para la celebración de una audiencia oral y publica, la cual se fijará al día siguiente de que conste en autos la última notificación de las partes.

En dicho acto, el juez investigado o jueza investigada promoverá las pruebas que tenga a bien presentar que sustenten sus argumentos y el Tribunal Disciplinario Judicial evacuará las que considere legales, útiles y pertinentes.

El Tribunal Disciplinario Judicial oirá las intervenciones de las partes, permitiendo el debate entre ellas bajo la dirección del juez presidente o juera presidenta y podrá interrogarlas sobre cualquier punto controvertido.

Concluida la audiencia, los jueces o juezas del Tribunal Disciplinario Judicial deliberarán, con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la cual deberá ser tomada con el voto de la mayoría absoluta de los jueces o juezas, manteniendo la medida, modificándola o revocándola.

Si a un juez o jueza le ha sido dictada medida preventiva de privación de libertad, se le suspenderá del ejercicio del cargo sin goce de sueldo. En caso de sentencia absolutoria el juez o Jueza será reincorporado o reincorporada con el pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir durante el lapso en que estuvo suspendido o suspendida, sin perjuicio del procedimiento disciplinario y de las medidas que de este se deriven.

Sección cuarta: del procedimiento ordinario

Admisión de la acusación

Artículo 74. Presentada la acusación disciplinaria judicial por el órgano investigador disciplinario, el Tribunal Disciplinario Judicial se pronunciará sobre su admisión dentro de los cinco días de despacho siguientes; una vez admitida se ordenará la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para su tramitación.

Si la acusación fuera ambigua, imprecisa o Ininteligible, el Tribunal Disciplinario Judicial podré dictar un despacho saneador a fin de que se aclaren o precisen los defectos, los cuales deberán ser corregidos por el órgano investigador disciplinarlo en un lapso perentorio de tres días de despacho. En caso de no presentar la acusación con las respectivas correcciones indicadas en el tiempo establecido, se tendrá como no Interpuesta y se ordenará al referido Órgano Investigador que designe a un nuevo funcionario a quien corresponderá presentar la acusación.

Subsanados los errores, el Tribunal Disciplinarlo Judicial decidirá sobre la admisión dentro de los cinco días de despacho siguientes.

Participación popular en juicio

Artículo 75. Admitida la acusación el Tribunal Disciplinario Judicial podrá convocar, de oficio o a petición de parte, a la audiencia oral y pública a las personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de la controversia, para que opinen sobre los hechos debatidos.

Una vez conste la efectiva notificación de estos, tendrán cinco días para consignar su respectiva opinión, en caso de no ser consignada dicha opinión no se paralizará el proceso.

Las personas y entes señalados no requerirán representación ni asistencia de abogado o abogada.

Citación. Escrito de descargo

Artículo 76. Una vez admitida la acusación disciplinaria, el Juzgado de Sustanciación citará al juez acusado o jueza acusada, señalándole el motivo de la citación, para que consigne su escrito de descargos en el lapso de quince días de despacho siguientes a que conste en autos haberse realizado la citación.

Promoción y control de pruebas. Fijación de la audiencia oral y pública

Artículo 77. Finalizado el lapso para consignar el escrito de descargos comenzará a computarse un lapso de cinco días de despacho, para que las partes promuevan libremente los medios de prueba que consideren convenientes. Las pruebas sobre las cuales las partes hayan tenido conocimiento con posterioridad al vencimiento del mencionado lapso, podrán ser promovidas al inicio de la audiencia oral y pública; todo lo referente a su oposición y admisión será resuelto en esa oportunidad.

Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso ordinario de promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas de su contraparte que considere manifiestamente Ilegales o impertinentes.

Culminado el plazo anterior, el Tribunal de Sustanciación tendrá tres días de despacho para admitir las pruebas que no sean manifiestamente ilegales o impertinentes. Del auto que niegue la admisión de las pruebas se oirá apelación en un solo efecto.

En la misma oportunidad de admisión de las pruebas, el Juzgado de Sustanciación ordenará la remisión del expediente al Tribunal Disciplinario Judicial, quien fijará y celebrará la audiencia oral y pública dentro de un plazo máximo de diez días y no menor a cinco días.

De la celebración de la audiencia oral y pública

Artículo 78. Al inicio del acto el presidente o presidenta del Tribunal Disciplinario Judicial expondrá los términos en que quedó trabada la controversia y ordenará la evacuación de las pruebas en la misma audiencia, Asimismo, señalara a las partes el tiempo de que disponen para exponer sus alegatos; de igual modo procederá si manifestaren su deseo de ejercer el derecho a réplica o contrarréplica.

En la audiencia el órgano investigador disciplinario expondrá primero, luego la parte denunciante si se adhirió a la acusación y fue admitido, y de último el juez acusado o la jueza acusada.

El Tribunal Disciplinario le advertirá al juez acusado o jueza acusada, que puede abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique y que el debate continuará aunque no declare.

Finalizada la declaración del juez acusado o jueza acusada, se permitirá el debate entre las partes bajo la dirección del Juez presidente o jueza presidenta.

Advertencia de nueva calificación

Artículo 79. Si en el curso de la audiencia el Tribunal Disciplinario Judicial observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al juez acusado o a la jueza acusada sobre esa posibilidad para que prepare su defensa, suspenderá la audiencia y fijará la reanudación de la misma dentro de un lapso que no excederá de cinco días, para que ambas partes expongan sus alegatos, ante la nueva calificación surgida,

Inmediación y concentración

Artículo 80. El Tribunal Disciplinario Judicial resolverá en la misma audiencia, cualquier incidencia en relación con el control y contradicción de la prueba.

En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia para agotar el debate, aquella continuará en la oportunidad que fije el Tribunal cuantas veces fuere necesario hasta agotarlo.

Finalizada la audiencia se levantará un acta la cual deberá ser firmada por todos los intervinientes y si se negaren hacerlo, el Secretario o Secretaria del Tribunal dejará constancia de ello.

Ampliación de la acusación disciplinaria judicial

Artículo 81. Durante el debate y hasta la primera intervención del órgano investigador disciplinario, se podrá ampliar la acusación disciplinaría judicial mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no haya sido mencionado y que modifica la calificación jurídica o la sanción del hecho objeto del debate, dándole similar oportunidad y condiciones a la parte acusada para ejercer su defensa.

La suspensión no podrá exceder de diez días.

Dirección del debate

Artículo 82. El Presidente o Presidenta del Tribunal Disciplinario Judicial dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de la solemnidad que corresponda y moderará la discusión.

El Presidente o Presidenta del Tribunal Disciplinario Judicial impedirá que los alegatos se desvíen hada aspectos inadmisibles o impertinentes o que el vocabulario, comportamiento o expresiones de los participantes sean soeces o vulgares, pero sin coartar el derecho de las partes a la defensa de sus planteamientos.

Para garantizar el desarrollo adecuado de la audiencia, el Presidente o Presidenta del Tribunal Disciplinario Judicial ejercerá fas facultades disciplinarias que otorgan las leyes de la República para preservar el orden y decoro durante el debate y en general, las necesarias para garantizar la eficaz realización de la audiencia,

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Artículo 83. La audiencia será pública; pero el Tribunal Disciplinario Judicial podré resolver que se efectúe, total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:

  1. Afecte el pudor o la vida privada de alguna de las personas convocadas para participar en ella.
  2. Perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres;
  3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible.
  4. La controversia involucre a un niño, niña o adolescente

La resolución será fundada y se hará constar en el acta de la audiencia.

Desaparecida la causa de la clausura se hará ingresar nuevamente al público. El Tribunal podrá imponer a las partes el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron, decisión que constará en el acta de la audiencia.

Conclusión del debate

Artículo 84. Concluido el debate, el Tribunal Disciplinario Judicial deliberará y podrá:

  1. Decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral los términos del dispositivo del fallo;
  2. Diferir por una sola vez y hasta por un lapso de diez días el pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.

El texto íntegro del fallo deberá ser publicado dentro de los diez días siguientes a la celebración de la audiencia o al vencimiento de diferimiento.

La decisión definitivamente firme que imponga la sanción de suspensión y destitución se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Requisitos de la sentencia

Artículo 85. El texto íntegro de la sentencia contendrá:

  1. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del juez acusado o jueza acusada y demás datos que sirvan para determinar su identidad personal, así como el cargo y la condición en la cual lo ocupa en el Poder Judicial;
  2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio;
  3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados;
  4. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;
  5. La decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o responsabilidad del juez acusado o Jueza acusada, especificándose en este último caso con claridad las sanciones que se impongan;
  6. La firma de los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial
  7. La sentencia deberá ordenar la notificación de las partes si fue dictada fuera del plazo.

Sección quinta: de la apelación

De la apelación

Artículo 86. La sentencia definitiva tendrá apelación dentro de los cinco días de despacho siguientes a la publicación del extenso del fallo, la apelación se Interpondrá en forma escrita ante el Tribunal Disciplinario Judicial, quien proveerá acerca de la admisión al día siguiente del vencimiento del lapso.

Admitida la apelación el Tribunal Disciplinario Judicial remitirá al tercer día siguiente el expediente a la Corte Disciplinaria Judicial, quien luego de recibirla fijará la oportunidad en que se celebrará la audiencia de apelación. En todo caso, la audiencia debe pautarse en un lapso de entre cinco y diez días siguientes a su recepción.

A partir del vencimiento del auto que fije la oportunidad en que se celebrará la audiencia de apelación, la parte recurrente tendrá cinco días para fundamentar por escrito las razones de su impugnación.

Contestación a la apelación

Artículo 87. La parte gananciosa puede formular contestación a la fundamentación presentada por la parte apelante dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso estableado para tal fin; sin embargo, si no formula contestación no podrá participar en la audiencia de apelación.

Pruebas

Artículo 88. En segunda instancia no se admitirán otros medios de pruebas distintos a las de instrumentos públicos y posiciones juradas. Los primeros se producirán con la presentación de los escritos de fundamentación y contestación, sí no fueren de los que deban acompañarse antes; y las posiciones juradas se promoverán en aquellos, a efectos de que sean evacuadas en la audiencia de apelación una vez oídos los alegatos y defensas de las partes.

La audiencia de apelación

Artículo 89. En el día y la hora señalados por la Corte Disciplinaria Judicial para la realización de la audiencia, se producirá la vista de la causa bajo su dirección, en donde las partes deberán formular sus alegatos y defensas oralmente.

El debate en la audiencia de apelación se regirá por las mismas reglas establecidas para la audiencia ante el Tribunal Disciplinario Judicial.

En el supuesto de que la parte apelante no compareciere a la audiencia sin causa justificada, se declarará desistida la apelación.

Conclusión del debate

Artículo 90. Concluido el debate, la Corte Disciplinaria Judicial deliberará y podrá:

Decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral los términos del dispositivo del fallo;

Diferir por una sola vez y hasta por un lapso de diez días el pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.

El texto íntegro del fallo deberá ser publicado dentro de los diez días siguientes a la celebración de la audiencia de apelación o al vencimiento del diferimiento.

Sección sexta: de la ejecución de la decisión

Incorporación de la decisión al expediente administrativo del juez o jueza

Artículo 91. De la decisión definitivamente firme dictada se remitirá copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Sistema de Registro de Información Disciplinaria.

En caso de evidenciarse la comisión de algún hecho punible, deberá ser remitida al Ministerio Público para la apertura de la correspondiente investigación.

Forma de ejecución

Artículo 92. Las decisiones serán ejecutadas, según sea el caso, de la siguiente forma:

  1. La decisión definitivamente firme de amonestación al incorporarla al expediente administrativo del juez sancionado o jueza sancionada.
  2. La decisión definitivamente firme que ordena la suspensión o destitución del juez sancionado o jueza sancionada, mediante la inmediata desincorporación del cargo.
  3. La decisión definitivamente firme que ordene la realización de un nuevo juicio, remitiendo el expediente respectivo al Tribunal Disciplinario Judicial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales para la elección de los jueces y juezas de la competencia disciplinaria judicial, el Tribunal Supremo de Justicia procederá a designar los jueces y juezas y los respectivos suplentes del: Juzgado de Sustanciación, Tribunal Disciplinario Judicial, la Corte Disciplinaria Judicial; así como al Director o Directora del órgano investigador disciplinario; en ambos casos, previa asesoría del Comité de Postulaciones Judiciales.

Los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte Disciplinaria Judicial, así como sus respectivos suplentes, que actualmente se encuentren en el ejercicio de sus funciones, continuarán en sus cargos hasta tanto venza el período de cinco años para el cual fueron designados, con posibilidad de reelección.

Segunda. Una vez entre en vigencia el presente Código:

  1. La Inspectoría General de Tribunales debe remitir las causas que ya están investigadas dentro de los treinta días siguientes al Juzgado de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial.
  2. Las denuncias que estén por instruirse se remitirán al archivo de la jurisdicción disciplinaria judicial hasta tanto sea creado el órgano Investigador disciplinario.
  3. Las causas que se encuentren en trámites en la Oficina de Sustanciación de la jurisdicción disciplinaria judicial seguirán su curso ante el Juzgado de Sustanciación una vez se constituya el mismo.
  4. Las causas cuyo trámite se encontraba suspendido, o paralizado, en razón de cualquier medida cautelar que pesaba contra el derogado Código de ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493, de fecha 23 de agosto de 2010, serán reanudadas en la fase en la cual se encuentren.

Tercera. Una vez designado por el Tribunal Supremo de Justicia el director o directora del Órgano de Investigación Disciplinario, la jurisdicción disciplinaría judicial tendrá un lapso no mayor a treinta días para conformar el órgano investigador disciplinario y a su vez queda facultado para la elaboración de su reglamento orgánico y de funcionamiento.

Cuarta. Se establece un máximo de sesenta días, contados a partir de la fecha de publicación del presente Código en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, para efectuar las adecuaciones organizativas, financieras y de funcionamiento, para lo cual el ordenador de pago garantizará la totalidad de los recursos necesarios para realizar los ajustes de forma perentoria.

Quinta. Con la entrada en vigencia del presente Código, el Tribunal Supremo de Justicia designará al juez sustanciador o jueza sustanciadora y al director o directora del órgano Investigador disciplinario dentro de los treinta días siguientes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se deroga el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.493, de fecha 23 de agosto de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. El presente Código entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado, firmado y sellado en el Palado Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación, y 16° de la Revolución Bolivariana.

DIOSDADO CABELLO RÓNDON
Presidente de la Asamblea Nacional

ELVIS EDUARDO AMOROSO
Primer Vicepresidente

TANIA DÍAZ GONZÁLEZ
Segunda Vicepresidenta

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ L.
Secretario

ELVIS JUNIOR HIDROBO
Subsecretario

Promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miradores, en Caracas, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,

(L.S.)NICOLÁS MADURO MOROS

DICCIONARIO DE FRASES Y AFORISMOS LATINOS DE GERMÁN CISNEROS FARÍAS (PDF)

Las frases y aforismos jurídicos ya están hechos. Son producto de la evolución paulatina de la experiencia, del tiempo, y de la costumbre en los foros en los que se practica y vive el derecho. Han corrido la suerte de los proverbios y refranes que la conseja popular modela en letras rígidas para prevenir a los hombres de no repetir una historia ya realizada. Fueron recogidos por la ciencia del derecho, llenos de un contenido explicativo, conceptual, a los que nada o casi nada hay que agregar. ¿Quién puede llamarse autor de ellos? Salvo pocos casos, frases y aforismos carecen de paternidad determinada. Entonces: ¿cuál es la originalidad de este trabajo de investigación? Bien pudiera decirse a favor de este ensayo algo relativo a la oportunidad y encuentro de su uso y aplicación en los escenarios jurisdiccionales. (GERMÁN CISNEROS FARÍAS, 2003)

En esta entrada te traemos un DICCIONARIO DE FRASES Y AFORISMOS LATINOS GERMÁN CISNEROS FARÍAS (PDF)

¿Qué es un aforismo?

Se puede definir aforismo jurídico como una sentencia breve y doctrinal que se propone como una regla en el Derecho. La mayoría de los aforismos jurídicos que se utilizan en la actualidad son una herencia del Derecho romano, lo que explica que estén redactados en latín.

Asimismo los proverbios latinos son un tipo de paremia (enunciado sentencioso, como el refrán, el adagio, la máxima, la sentencia, y el aforismo) utilizada por los romanos, y que se han mantenido en uso sin traducirse desde hace más de dos milenios. No deben confundirse con las locuciones latinas, que son expresiones no parémicas en latín que se utilizan en español manteniendo un significado cercano al original latino. (Wikipedia)

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Sobre el autor:

Germán Cisneros Farías
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Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas en 1968 y Maestría en Derecho Público (1994) por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad

 

Autónoma de Nuevo León; Doctor en Ciencias en Derecho (1997) por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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