“Breve reflexión sobre el Estado de Derecho” Por Eduardo Caballero

La construcción  del Estado de Derecho ha estado históricamente vinculado a las relaciones entre Derecho  y la economía. El Estado de Derecho emerge presidido por la idea del gobierno de las leyes y no de los hombres, reconociendo los derechos subjetivos de los ciudadanos. La primera  etapa del Estado de Derecho corresponde al llamado Estado liberal, caracterizado por ser abstencionista en lo jurídico y no intervencionista en lo económico.


A consecuencia de la crisis experimentada por el Estado Liberal en el siglo XIX, se inicia una segunda etapa, que corresponde al denominado Estado Social de Derecho, que se caracteriza por abandonar el abstencionismo en lo jurídico y por ser intervencionista en lo económico.


El Dr. Carlos Delpiazzo, en la VII jornada internacional de Derecho Administrativo, hace una referencia básica para diferenciar al Estado Liberal y el Estado Social de Derecho, estableciendo  que “mientras el primero primero sólo se trató de ponerle vallas al Estado sin fijarle obligaciones, el segundo, sin dejar de mantener las vallas, se le agregaron finalidades y cometidos” la diferencia  es que el segundo mantiene del primero la sumisión del Estado al Derecho y el respeto de los derechos individuales (Algo que a los célebres magistrados  Venezolanos se les olvido).


El Estado de Derecho actual se encuentra sometido a intensos cambios debido a los procesos de reforma del Estado, para Delpiazzo teníamos que asumir una etapa de cierta retracción de la actuación estatal en el campo de la economía, para de esta manera visualizar  desde el punto se vista económico, un Estado menos inventor y conformador que, sin renunciar a su rol garante de la justicia social y gerente del bien común, asumiera brindarle a sus ciudadanos una libertad económica.


El Derecho Administrativo como articulador entre la autoridad y la Libertad, necesariamente debe convocar un equilibrio ponderado para evitar deformaciones estatistas e individualistas, ya que en el nuevo escenario que impone un mundo globalizado, el Estado no puede abdicar si naturaleza  de lograr el bien común, entendiendo esta situación en lograr que los individuos  alcancen el desarrollo integral de su propia persona, tanto en el orden moral como espiritual y material.


Eduardo Caballero 
Director para los DDHH del Centro  Thatcher 
Redes: Eduardo Caballero

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Un posible Writ of Certiorari en la Justicia Constitucional Venezolana | Por Eduardo Caballero

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene la facultad de revisar las sentencias en materia de amparo dictadas por tribunales de la República, pues son unas de sus atribuciones que se encuentran establecidas en el artículo 336 Constitucional.

Este artículo no contempla una tercera instancia de amparo; sino más bien pareciera que se tratara de un mecanismo extraordinario en virtud de que la Sala Constitucional puede conocer de causas de amparo ya resueltas por jueces competentes.

Es indudable que el mecanismo citado de la revisión de sentencias por parte de la Sala Constitucional, influirá en el futuro de la nueva jurisdicción constitucional, ya que como bien la diría el Dr. Jesús María Casal “Es un sistema completamente abierto a revisión, que obliga a la Sala a pronunciarse sobre todas las solicitudes en materia de amparo dictadas por tribunales de la República” indudablemente esto conduciría a la larga, en el colapso de dicha instancia jurisdiccional.

La propia Sala Constitucional en sentencia del 1 de febrero del 2000, caso José Armando Mejías Betancourt, sostuve que “La justicia transparente que garantiza el texto constitucional, significa que las decisiones de los jueces y de los operarios de la justicia, no deben generar dudas en quienes las conozcan, sobre los motivos de las mismas”

Esto conlleva a una cercana aproximación al Writ Of Certiorari, el cual es una técnica que es empleada por el Tribunal Supremo Norteamericano para la escogencia de un número determinado de asuntos de entre todos los que ingresan en cada periodo, es decir, el Certiorari es una figura del derecho procesal federal norteamericano que entronca con las tradiciones inglesas del Common Law.

La Profesora española María Ángeles Ahumada, en sus estudios sobre el Writ Of Certiorari, establecía que se discutía sobre el posible deslizamiento desde la discrecionalidad a la arbitrariedad y aludía a la famosa frase del juez Brandeis “The most important thing we do, is not doing” (“Lo más importante que hacemos es no hacer).

No es un camino corto para transitar hacia una justicia Constitucional efectiva, lo advertía el citado Dr. Casal en su libro “Constitución y Justicia Constitucional” que nuestra Ley Orgánica podría establecer, con el fundamento en el numeral 10 del artículo 336, causales semejantes para la admisión de recursos, que se impondrían ente la Sala Constitucional y hacia referencia al Artículo 93A de la reformada Ley del Tribunal Constitucional Federal, en Alemania 1993.

Así de esta forma se le otorgaría a la Sala un cierto margen de apreciación y decisión de los recursos, más no una discrecionalidad absoluta e incontrolable.

Por eso debemos adentrarnos a un proceso riguroso pero efectivo para el sistema judicial venezolano, con un modelo del Wirt Of Certiorari que ayude al no colapso del mismo.

Copyright: Eduardo Caballero

Director para los DDHH del Centro Thatcher
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PROCEDIMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL (COMENTARIOS GENERALES)

  1. El mandato o poder para actuar en el procedimiento de amparo

En materia de amparo constitucional, no se requiere de poder especial para intentar o contestar la demanda, bastando al efecto que el poder cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de personas naturales, y del artículo 155, tratándose de personas jurídicas o cuando se otorga en nombre de otra persona.

El poder debe constar en forma pública o auténtica, por lo que no es válido el poder simplemente reconocido, aunque se haya registrado con posterioridad.

Cuando es otorgado a nombre de otra persona natural o jurídica, o sustituido por el mandatario, el otorgante debe enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten su representación. Y el funcionario, por su parte, debe hacer constar en la nota respectiva, que le han sido exhibidos los documentos enunciados en el cuerpo del documento, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos que concurran a identificarlos, sin adelantar ninguna apreciación o interpretación jurídica de los mismos.

  • Para interponer la demanda de amparo, no se requiere de poder especial, conforme a jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de 03 de junio de 1998, Tomo 147, letra a, Ramírez y Garay.

El poder puede ser otorgado también apud acta, es decir, en el mismo expediente judicial, ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad. En el caso de los poderes apud acta no es necesaria la exhibición de los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación del otorgante, a que se refiere el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto tales documentos deben constar en el expediente judicial, bastando únicamente con hacer mención de ellos en la diligencia donde se otorgue el poder.

  • Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que el poder que se otorga apud acta en otro juicio es ineficaz para interponer un amparo, dado el carácter personalísimo del amparo, según sentencia de la Sala Constitucional, de marzo de 2000, Tomo 163, Nº 395, Ramírez y Garay.

El poder se presume otorgado para todas las instancias y recursos ordinarios o extraordinarios, y faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.

2. Demanda o solicitud

El procedimiento de amparo se inicia con una demanda o solicitud que debe contener los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, la solicitud de amparo deberá expresar:

1°. Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, en cuyo caso deberá identificarse suficientemente el poder conferido.

2°. Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviante como del agraviado.

3°. Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de su localización.

4°. Señalamiento del derecho o garantía constitucionales, violados o amenazados de violación.

5°. Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo.

6°. Cualquier explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.

Estos mismos requisitos son exigidos a la instancia verbal que se proponga por el agraviado directamente ante el Juez, quien debe recogerla en un acta.

El accionante deberá señalar también en la solicitud, las pruebas que desee promover, a objeto de dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Constitucional del 01.02.2000.

La acción de amparo es gratuita por excelencia, en consecuencia, para su tramitación no se empleará papel sellado ni estampillas, y en caso de urgencia podrá interponerse por vía telegráfica. De ser así, deberá ser ratificada personalmente o mediante apoderado dentro de los tres (3) días siguientes. También procede su ejercicio en forma verbal, en cuyo caso el juez deberá recogerla en un acta.

Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos contenidos en el artículo 18, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible.

Presentamos a continuación el desarrollo de un modelo de demanda o solicitud de amparo constitucional:

3. Formato de demanda

Ciudadano

Juez (Revisar lo referente a la competencia del órgano judicial en el Capítulo XIII del libro El Procedimiento de Amparo Constitucional, págs. 123-126)

 Es preciso tener en cuenta que, en materia de amparo, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no prevé el sistema de regulación de la competencia sino el del conflicto de competencia negativo, conforme a sentencia de la Sala de Casación Civil, fecha 03 de junio de 1998, Tomo 147, Ramírez y Garay.

SU DESPACHO.

Yo, …………………………………….., abogado en ejercicio y de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N°………………. e inscrito en el Inpreabogado N°…………….., procediendo en mi carácter de apoderado judicial del ciudadano………………………………………………………….., quien es de profesión:……………………….., de estado civil:…………………………… nacionalidad………………………………….., domiciliado en:………………………….., titular de la Cédula de Identidad N°……………………………, conforme consta del poder autenticado por ante la Notaría Pública………………………………………………………………, de fecha………………….., bajo el N°……………, Tomo…………………, cuyo original acompaño junto con esta solicitud, marcado con la Letra “A”, ante Ud. respetuosamente ocurro a fin de intentar acción de amparo constitucional con fundamento en las siguientes consideraciones: (Revisar lo referente a la legitimación activa en el Capítulo III del libro El Procedimiento de Amparo Constitucional, págs. 29-36).

LOS HECHOS

Relación detallada y pormenorizada de los hechos configurativos de la violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucionales.

  • En materia de amparo constitucional, el Juez Constitucional no puede suplirle hechos ni alegatos al accionante, conforme a sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 09 de marzo de 2000, Tomo 163, Nº 415, letra a, Ramírez y Garay.

En esta parte del libelo debe expresarse la causa petendi o razón de pedir, que es la razón o fundamento de la pretensión deducida en el juicio y consiste en la exposición detallada de los hechos, actos u omisiones causantes del agravio, con indicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo como sucedieron los hechos.

EL DERECHO

Análisis jurídico de la violación o amenaza de violación de la garantía o derecho constitucionales.

PRETENSIÓN

        Con fundamento en lo anterior, comparezco ante su competente autoridad para solicitar que se dice un mandamiento de amparo constitucional contra (Revisar lo referente a la legitimación pasiva en el amparo en el Capítulo III del libro El Procedimiento de Amparo Constitucional, págs. 36-38)

Lo que se pide, que no es más que el objeto de la pretensión, debe estar expresado con claridad y precisión en el libelo, sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que el Juez del Amparo tiene amplios poderes discrecionales para ordenar el reestablecimiento de la situación jurídica vulnerada o amenazada de violación, sin limitarse a lo señalado por el accionante, con el fin de garantizar el goce y ejercicio de los derechos constitucionales.

  • Le es dable al juez de amparo determinar, una vez conocidos los hechos, en que consistiría el reestablecimiento de la situación jurídica alegada como infringida sin limitarse a lo señalado por el accionante, con el fin de garantizar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, conforme a precedente de la Corte Primero en lo Contencioso Administrativo, de fecha 27 de abril de 2000, Tomo 164, Nº 687, letra a, Ramírez y Garay.

En materia de amparo constitucional la pretensión – como en toda demanda o solicitud – consiste en lo que concretamente se pide al órgano jurisdiccional competente, que en el caso específico es el reestablecimiento de la situación jurídica vulnerada o amenazada de violación.

Se pide al Tribunal que ordene a la autoridad, ente privado o persona concreta la ejecución inmediata e incondicional del acto, sentencia u omisión causante del agravo; la inaplicación de la norma que colida con la Constitución en la situación concreta alegada por el querellante o el cese inmediato del acto administrativo, actuaciones materiales y vías de hecho que lesionen o amenacen lesionar el derecho o garantía constitucionales, con lo cual se logra el inmediato reestablecimiento de la situación jurídica infringida o que más se asemeje a ella. Dicha pretensión dependerá al tipo de amparo ejercido, y consiste en:

  1. Habeas corpus: la inmediata libertad del agraviado o el cese de las restricciones que se le hubiesen impuesto, cuando se le hubiere detenido o restringido su libertad sin el cumplimiento de las formalidades legales.
  1. Habeas data: la actualización, rectificación o destrucción de la información y datos que sobre la persona o sus bienes consten en el registro oficial o privado erróneos o que afecten ilegítimamente sus derechos o que se ordene a la autoridad encargada del registro que se le permita a las comunidades o grupos de personas, el acceso a la información que les interese y que les haya sido negada.
  1. El inmediato reestablecimiento del derecho o garantía constitucionales violadas o la situación jurídica que más se asemeje a ella.
  2. Desaplicación de la norma jurídica o acto de efectos generales inconstitucionales, a la situación jurídica concreta que se ventile en el juicio, en el caso del amparo normativo.
  1. Suspensión del acto administrativo de efectos particulares o la orden a la autoridad, ente privado o persona concreta, de ejecutar el acto cuya abstención o negativa causante del agravio, en el caso de amparo contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la administración. La acción de amparo puede plantearse en forma autónoma o en forma cautelar, acumulada al recurso contencioso administrativo de nulidad, en cuyo caso, los efectos del amparo se mantendrán mientras se decide la acción principal.
  1. Nulidad de la sentencia, auto o providencia, causante del agravio, en el caso de amparos contra sentencias.

 

  1. Suspensión de las decisiones o actos emanadas de los jueces, auxiliares de justicia, particulares o terceros en un proceso en curso, mientras se decide el fondo del asunto o del recurso, o la orden incondicional al juez, auxiliar de justicia, particulares o terceros de ejecutar el acto cuya omisión haya causado el agravio, en el caso de amparos sobrevenidos.
  1. Orden fijando un plazo perentorio al juez para sentenciar o ejecutar determinado acto, en el caso de amparo contra el retardo y conductas omisivas de los jueces para decidir los asuntos en los plazos establecidos en la ley.
  1. Suspensión de la decisión dictada por el juez, mientras otro juzgado superior decide la apelación (amparo cautelar), en los casos de amparos sobrevenidos cuando el recurso se intenta conjuntamente con la apelación.
  1. Orden de ejecución inmediata e incondicionada dictada contra ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas responsables de los hechos, actos u omisiones causantes del agravio, para lograr el pleno reestablecimiento de la situación jurídica infringida o la que más se asemeje a ella, en los casos de amparos contra las conductas omisivas.

La pretensión no es más que un proyecto de sentencia que le propone el agraviado al Juez competente en materia de amparo constitucional, donde le dice cómo en su opinión debe dictarse el mandamiento de amparo constitucional para lograr el inmediato reestablecimiento de la situación jurídica violada o amenazada de violación.

El Juez Constitucional tiene amplios poderes para aplicar el derecho, según precedentes por demás consolidados del Tribunal Supremo de Justicia.

  • Así, el Juez Constitucional puede determinar de oficio, en ejercicio de sus poderes inquisitivos, la mejor manera de reestablecer la situación jurídica infringida al accionante, sin que éste haya realizado pedimento expreso al respecto, según sentencia de fecha 09 de agosto de 2000, Sala Constitucional, Tomo 168, Nº 2.037, Ramírez y Garay.

 

El Juez Constitucional puede declarar de oficio la Infracción de norma constitucional no alegada, siempre que los hechos que le sirvan de fundamento aparezcan probados en el juicio.

  • Si el accionante aduce la violación de un determinado derecho o garantía constitucional y la Sala considera que los hechos probados tipifican otra infracción a la Constitución no alegada, la Sala puede declararla de oficio. Sentencia de fecha 09 de agosto de 2000, Sala Constitucional, Tomo 168, Nº 2.040, Ramírez y Garay.

Se puede igualmente declarar de oficio la Infracción de norma constitucional no alegada por el querellante.

  • Si no se identifican correctamente los derechos fundamentales que se presumen violados, o si el juez en su jurisdicción considerare que los hechos probados tipifican otra infracción constitucional diferente a la alegada, puede declarar de oficio la violación constitucional, según sentencia de fecha 05 de octubre de 2000, Sala Constitucional, Tomo 169, Nº 2.295, Ramírez y Garay.

En la pretensión deberá identificarse plenamente al presunto agraviante, indicándose el lugar donde puede ser localizado a los efectos de la notificación que debe efectuar el Alguacil del Tribunal. Si el autor del agravio hubiese dejado de prestar servicios al organismo del Estado, ente o empresa privada, de modo que no pueda ejecutarse a través suyo el mandamiento de amparo constitucional, la acción deberá proponerse contra la persona que lo haya sustituido en el cargo, siempre que la situación sea reparable, a objeto de evitar que pueda prosperar la excepción de falta de cualidad e interés para sostener la acción, que podría proponer el autor del agravio separado del cargo y que, por tal motivo, se vería imposibilitado de cumplir con el mandato de amparo constitucional.

  • La acción de amparo contra decisiones judiciales no procede contra el juez que dictó la decisión, sino contra la decisión en sí misma, de allí que la acción se pueda proponer contra el Juez que desempeñe tales funciones en el órgano jurisdiccional correspondiente, aunque el hecho, acto u omisión no le sea imputable personalmente a él, sino al antiguo titular del cargo, según sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 23 de mayo de 2000, Tomo 165, Nº 1.052, letra a, Ramírez y Garay.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el sujeto pasivo de la acción de amparo es el órgano y no la persona que lo dirija, según jurisprudencia de los tribunales.

  • El órgano administrativo es el sujeto de la acción de amparo y recae en quien ejerce el cargo para el momento en que se intenta la acción, según sentencia de fecha 08 de marzo de 1990, Sala Político Administrativa, Tomo 111, Nº 232, letra a, Ramírez y Garay.

        El presunto agraviado deberá suministrar una dirección donde pueda ser notificado por el Tribunal para todos los efectos del proceso, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el literal b) del artículo 18 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 174 del Código de Procedimiento Civil.

        Sin embargo, cuando el presunto agraviante es un organismo público, una institución o empresas privada, bastará que el Alguacil consigne en el sitio la correspondiente notificación para que ésta surta todos los efectos legales, según jurisprudencia de los Tribunales.

  • La notificación del agraviante en amparo no requiere ser practicada personalmente, bastando para ello la consignación de la respectiva notificación en el lugar de la localización del órgano presunto agraviante, conforme a reiterada jurisprudencia de los Tribunales. Al efecto, sentencia de fecha 11 de julio de 2000, Sala de Constitucional, Tomo 167, Nº 1.720, Ramírez y Garay

        Se deberá solicitar la notificación del Ministerio Público, a los fines de que el Tribunal que conozca de la acción de cumplimiento al artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

        El presunto agraviado deberá producir junto con el libelo o solicitud, los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos con que cuenta al momento de incoar la acción y promover las pruebas que acrediten plenamente los extremos de la acción intentada. De modo que deberá presentar la lista de los testigos que deben declarar, con expresión del domicilio de cada uno. Tratándose de una experticia, deberá indicar con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse. En el caso de que se requiera efectuar una inspección judicial sobre personas, cosas, lugares o documentos a objeto de verificar o esclarecer algún hecho, deberá indicarlo en el libelo o solicitud. Se propondrá también que se ejecuten las reproducciones, copias y experimentos que se consideren necesarios o que se acuerde la reconstrucción de algún hecho que interese al proceso o que se realice alguna prueba científica en particular. Si el agraviante quiere valerse de la prueba de la confesión, deberá solicitar la evacuación de posiciones juradas de la parte agraviante o de quien la represente, ofreciéndose al propio tiempo para absolverlas recíprocamente a la contraria. En fin, el presunto agraviado o quien lo represente, deberá promover en el propio libelo o solicitud los medios probatorios de que se quiera valer en el procedimiento para acreditar el fundamento de su pretensión y producir junto con la solicitud, como antes se ha dicho, los documentos públicos o privados de que se quiera valer en el juicio y los instrumentos audiovisuales o gráficos con que cuente al momento de incoar su acción. (Revisar lo referente al punto en la nota Nº 43, páginas 132-133 del libro El Procedimiento de Amparo Constitucional, págs. 29-36).

4. Providencia del tribunal admitiendo o rechazando la solicitud

        El Tribunal deberá en primer lugar revisar lo concerniente a su propia competencia, para lo cual tomará especialmente en cuenta el Título III de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Ver páginas 203-205 del libro Procedimiento de Amparo Constitucional).

        Si el juez se considera incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia, y si éste a su vez se declara incompetente, el conflicto lo resolverá el superior respectivo, pero si no hubiere un superior común a ambos jueces, el conflicto de competencia lo resolverá la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los trámites para la solución del conflicto serán breves y sin incidencias procesales. No es admisible en materia de amparo solicitar la regulación de competencia.

        Cuando el juez que conozca la acción de amparo advierta que existe una causal de inhibición que lo inhabilita para conocer del asunto, se abstendrá de conocer e inmediatamente levantará acta expresando el motivo de su inhibición y remitirá las actuaciones en el estado en que se encuentren al tribunal competente para que siga conociendo del asunto. Lo referente a la inhibición será resuelto por el superior respectivo. Si se trata de la inhibición de un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente de la Sala Constitucional convocará de inmediato al suplente respectivo, para integrar el tribunal de amparo.

 

        Si la solicitud fuere oscura o no llena los requisitos exigidos en el articulo 18, se notificará al solicitante para que corrija el defecto dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no hiciere la las modificaciones ordenadas, la acción de amparo se declarará inadmisible. Contra la decisión que orden las correcciones, cabe el recurso de apelación para ante el superior respectivo, de conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.

        La notificación del presunto agraviante es para concurrir al tribunal dentro de las noventa y seis horas siguientes, a enterarse de la fecha en que habrá de celebrarse la audiencia constitucional, no estando sujeta dicha notificación a formalidades de ningún tipo y podrá ser practicada mediante boleta o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por el alguacil mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el secretario constancia detallada en autos de haberse efectuado la citación o notificación y sus consecuencias, según sentencia de la Sala Constitucional del 01/02/2000.

        Si se hubiesen solicitado la aplicación de medidas cautelares, la jurisprudencia acepta que tales medidas son procedentes cuando exista fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, en cuyo caso el tribunal las podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión, tal como está previsto en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. (Ver páginas 138-139 del libro Procedimiento de Amparo Constitucional).

        Deben distinguirse las medidas cautelares dictadas con motivo de una acción de amparo autónoma del amparo cautelar, que persigue únicamente la suspensión temporal del acto mientras dure el juicio de nulidad o se resuelva la apelación.

  1. Casos en que debe ser declarada inadmisible la demanda de amparo constitucional, según jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia

 

Es improcedente la acción de amparo que pretende crear una situación jurídica nueva. Ello en razón de que el amparo constitucional tiene efecto restablecedor de la situación jurídica violada o amenazada de violación.

  • Efecto restablecedor del amparo constitucional
  • En materia de amparo constitucional priva el principio restablecedor de la sentencia, conforme al cual a través del amparo no puede crearse una situación jurídica nueva, pues ello conduciría al conferimiento de un derecho y no al reestablecimiento de uno ya existente, conforme a sentencia de fecha 21 de julio de 1999, Sala de Casación Civil, Tomo 156, Nº 1.786, Ramírez y Garay.
  • Mediante el amparo no puede crearse una situación jurídica, ni conferir un derecho, sino la recuperación de uno ya existente, según precedente de la Sala Político Administrativa, de fecha 23 de febrero de 1999, Tomo 151, Nº 403, Ramírez y Garay.
  • Base constitucional del amparo

 

        La acción de amparo constitucional no se puede fundamentar en la violación de normas legales, sino en normas y preceptos de rango constitucional sobre derechos humanos, contenidos en el propio texto constitucional o en tratados o acuerdos celebrados por la República.

  • La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia destaca al efecto que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales estricto sensu, por lo que al no existir en el caso concreto la violación de una norma rango constitucional, sino legal, la acción de amparo es improcedente, por ser contraria a derecho. Sentencia de fecha 19 de octubre de 2000, Sala Constitucional, Tomo 169, Nº 2.321, letra b, Ramírez y Garay.

        En el mismo orden que la anterior, la Sala de Casación Civil ha precisado el alcance del amparo contra sentencias, frente al uso indiscriminado de este recurso para atacar la autoridad de la cosa juzgada.

  • No es admisible tratar de modificar o anular por vía de amparo una decisión judicial definitivamente firme y ejecutoriada, basándose en errores de interpretación, o falta de aplicación de normas adjetivas o sustantivas. Sobre el uso indiscriminado del amparo. Sentencia de fecha 03 de junio de 1998, Tomo 147, letra c, Ramírez y Garay.

        De igual manera, los precedentes que reseñamos a continuación emanados del Tribunal Supremo de Justicia ponen en evidencia que existe jurisprudencia pacífica en cuanto a la improcedencia de las acciones de amparo que tengan su fundamento en normas legales, con lo cual se pretende poner correctivo al ejercicio indiscriminado de acciones de esta naturaleza para atacar la cosa juzgada.

  • La Sala llama la atención acerca de que el amparo está reservado para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero en ninguna forma de las regulaciones legales. Sentencia de fecha 21 de junio de 2000, Sala Constitucional, Tomo 166, Nº 1.410, Ramírez y Garay.
  • Las infracciones a las normas procedimentales, son infracciones legales que sólo constituyen infracciones constitucionales cuando no son oportunamente subsanadas e impiden o pueden impedir de manera inmediata el pleno ejercicio de los derechos. Sentencia de fecha 11 de julio de 2000, Sala Constitucional, Tomo 167, Nº 1.722, Ramírez y Garay.
  • “El amparo constitucional no es el medio para revisar criterios de “estricto orden jurisdiccional que corresponde los jueces de mérito”. Sentencia de fecha 25 de abril de 2000, Sala Constitucional, Tomo 154, Nº 727, Ramírez y Garay.

Caducidad del amparo

La caducidad de la acción de amparo debe ser declarada de oficio por el Tribunal que conozca de la acción de amparo constitucional, salvo que por su propia naturaleza afecte el orden público.

  • Toda violación constitucional es, por su propia naturaleza – dice la Sala Político Administrativa – un problema que atañe al orden público, pero para que proceda la excepción del ordinal 4º del artículo 6 de la ley de Amparo, es necesario que se verifique una violación constitucional de tal gravedad y, más aun, tan suficientemente comprobada, que sea forzoso el conocimiento del asunto con independencia del transcurso de los plazos de caducidad. Sentencia de fecha 22 de abril de 1999, Tomo 153, Nº 942, Ramírez y Garay.
  • Amparo contra actos de efectos generales

        La acción de amparo constitucional contra actos de efectos generales es improcedente si no afecta directamente la esfera de los derechos subjetivos del recurrente.

  • Es inadmisible la acción de amparo propuesta en contra de actos de efectos generales, por no cumplirse con el requisito de indicar el acto particular y concreto de ejecución de dichos actos que, en el caso, presuntamente lesionó los derechos constitucionales del recurrente. Sentencia de fecha 21 de septiembre de 1999, Corte Suprema en Pleno, Tomo 158, Nº 2.483, Ramírez y Garay.
  • Improcedencia del amparo contra decisiones de otras Salas del Tribunal Supremo

Es inadmisible el amparo intentado contra decisiones emanadas del Tribunal Supremo, según jurisprudencia consolidada de la Sala Constitucional.

 

  • Existe una prohibición legal de oír o conocer los recursos que se intenten contra cualquiera de las decisiones emanadas de alguna de las Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, según precedente de la Sala Constitucional, expresado en sentencia de fecha 15 de marzo de 2000, Tomo 163, Nº 433, Ramírez y Garay.
  • El amparo contra sentencia no convierte al Juez de Amparo en una tercera instancia

La acción de amparo constitucional es improcedente cuando se quiere lograr a través de ella que el órgano superior se convierta en una tercera instancia.

  • La acción de amparo constitucional no tiene por objeto la apertura de una tercera instancia, a fin de juzgar nuevamente en ella sobre el mérito de una controversia ya conocida y juzgada por los jueces de la causa, o de hacer una nueva valoración del mérito de las pruebas. Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2000, Sala Constitucional, Tomo 170, Nº 2.552, Ramírez y Garay.
  • Amparo improcedente por ejercicio de recursos ordinarios

        En relación con el consentimiento presunto que deriva del no-ejercicio de los recursos legales contra los actos que causan el agravio, el Tribunal Supremo no mantiene un criterio uniforme, porque la Sala de Casación Civil venía desechando numerosos amparos por este motivo, mientras que la Sala Constitucional los declara improcedentes precisamente por haberse intentado el recurso ordinario junto con el amparo.

  • Se declara sin lugar el amparo porque no se apeló de la decisión que se impugna. Sentencia de fecha 10 de junio de 1999, Sala de Casación Civil, Tomo 155, Nº 1.392, Ramírez y Garay.
  • Se declara sin lugar el amparo contra la sentencia porque el recurrente no hizo uso de la aclaratoria del fallo. Sentencia de fecha 15 de septiembre de 1999, Sala de Casación Civil, Tomo 158, Nº 2.267, Ramírez y Garay.
  • Inadmisibilidad del amparo por haber transcurrido más de seis meses para intentar la acción y haber hecho uso de las vías judiciales ordinarias. Sentencia de fecha 08 de febrero de 2000, Sala Constitucional, Tomo 162, Nº 145, letra b, Ramírez y Garay.

        Consideramos al respecto que, el ejercicio del recurso ordinario no conlleva una renuncia al derecho de intentar la acción de amparo constitucional cuando la sentencia, auto o providencia haya lesionado o amenazado de violación el derecho a la defensa o al debido proceso, siempre que el agraviado al intentar el recurso ordinario, haya denunciado también la violación constitucional y se haga necesario el inmediato reestablecimiento de la situación jurídica violada o amenazada de violación, mientras se decide lo referente a la apelación o recurso ordinario intentado. En este caso, el amparo opera como una medida cautelar, mientras se decide la cuestión de fondo tratada en la apelación.

6. Audiencia constitucional

            La audiencia pública o audiencia constitucional es un acto revestido de ciertas formalidades que deben ser cumplidas rigurosamente por el Tribunal que conozca la acción de amparo constitucional, porque esta materia está regida por un precedente de carácter vinculante dictado por la Sala Constitucional, que debe ser acatado estrictamente por las distintas Salas del Tribunal Supremo y por los demás Tribunales de la República, en razón de que el incumplimiento de sus reglas configura violación de la garantía del debido proceso, dando fundamento a una acción de amparo constitucional para que se anulen los actos irregularmente practicados. Tales decisiones implican la declaratoria de nulidad de todo lo obrado posteriormente, con la consiguiente reposición de la causa al estado en que se repita el acto irregularmente practicado. También se puede lograr el mismo efecto mediante el recurso de revisión atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

        Veamos a continuación un formulario del desarrollo de la audiencia constitucional, que nos permitirá hacer comentarios sobre los aspectos que consideremos de interés al respecto para la mayor comprensión del asunto.

En el día de hoy, ……………………………………………………………, siendo las: …………………………, horas de despacho, hora y oportunidad fijada para que tenga lugar la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente procedimiento, se anunció el acto a las puertas del Tribunal, haciéndose presentes: …………………………………………………….., en su carácter de parte presuntamente agraviada, debidamente asistida de sus apoderados judiciales: ……………………………………. , el ciudadano: …………………………………………………, en su carácter de parte presuntamente agraviante, debidamente asistida de sus apoderados judiciales: ………………………………………………………………………………., quienes consignan a continuación para ser agregado a los autos el original del poder que les fuera otorgado por el ciudadano: …………………………………………., en fecha: …………………………………….., por ante la Notaría Pública: ……………………………………………, el cual fuera debidamente autenticado bajo el Nº ……………., Tomo: ………………….. en el Libro de autenticaciones llevado por esa Notaría Pública. Se hizo presente igualmente el ciudadano doctor: ………………………………. Fiscal ……………………………………………… A continuación, el Tribunal informa a las partes que a la parte querellante se le concederá el derecho de palabra en primer término para que exponga verbalmente los términos de solicitud en una primera intervención que tendrá una duración máxima de treinta minutos. A continuación, la parte querellada dará contestación verbalmente a la querella en una primera intervención que tendrá una duración máxima de treinta minutos. Concluida esta intervención habrá un receso de treinta minutos, a cuyo término se reanudará el debate, para que las partes intervengan por segunda vez haciendo una exposición oral que tendrá una duración máxima de quince minutos, alternándose en el uso de la palabra en la misma forma que en sus primeras intervenciones. Primero expondrá sus alegatos el presunto agraviado y a continuación, cerrará el debate el presunto agraviante. A continuación, el Tribunal resolverá lo referente a la admisión y evacuación de las pruebas promovidas por las partes, que versarán sobre aquellos hechos en que no estuvieren de acuerdo, y se pronunciará en torno a la presente acción si las necesidades del procedimiento no imponen un diferimiento para una fecha posterior. El Tribunal recuerda a las partes que dada la naturaleza oral del debate, durante sus intervenciones no les estará permitida la lectura de ningún texto, salvo que el Tribunal lo autorice expresamente. Las partes y los abogados que las asisten declaran haber entendido perfectamente las reglas fijadas por el Tribunal para el desarrollo de la Audiencia Constitucional y se comprometieron a mantener un debate de altura para el mejor desarrollo del acto. A continuación hizo uso del derecho de palabra la parte presuntamente agraviada, quien cedió su derecho a sus apoderados judiciales, doctores: ……………………………….. ya identificados, quienes expusieron lo siguiente: (El Tribunal, bajo el dictado del Juez, resume la exposición de los apoderados de la parte presuntamente agraviada, agregándose a los autos, previa su lectura por Secretaría el resumen de su exposición oral). Acto seguido, presente la parte presuntamente agraviante, hizo uso de su derecho de palabra y lo cedió a sus apoderados judiciales, doctores: ………………………………………….., quienes lo han venido asistiendo en este acto (El Tribunal, bajo el dictado del Juez, resume lacónicamente la exposición de los apoderados de la parte presuntamente agraviante, agregándose a los autos, previa su lectura por Secretaria, el resumen de su intervención). Concluida la exposición anterior, el Tribunal entra en receso por treinta minutos. Vencido el receso anterior y estando presentes el Juez, el representante del Ministerio Público y las partes y sus apoderados judiciales, anteriormente identificados, se reanudó el acto, haciendo uso del derecho de palabra el presunto agraviante, quien cedió su derecho a sus apoderados, ya identificados. Éstos expusieron lo siguiente: (El Tribunal, bajo el dictado del Juez, resume lacónicamente la exposición de los apoderados de la parte presuntamente agraviada, agregándose a los autos, previa su lectura por Secretaria, el resumen de su intervención). A continuación hizo uso de su derecho de palabra del presunto agraviado, quien cedió su derecho a sus apoderados judiciales, ya identificados, quienes expusieron lo siguiente: (El Tribunal, bajo el dictado del Juez, resume lacónicamente la exposición de los apoderados de la parte presuntamente agraviante, agregándose a los autos, previa su lectura por Secretaria, el resumen de su intervención). Concluidas las intervenciones de las partes, el Tribunal se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes en los siguientes términos: PRUEBAS DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA. PRIMERO.- Se admiten, salvo su apreciación en la definitiva, las pruebas documentales acompañadas por la parte presuntamente querellante junto con el escrito contentivo de la presente solicitud, que se especifican a continuación: (El Tribunal debe enumerar los documentos y recaudos acompañados junto con la solicitud que serán apreciados como prueba instrumental). SEGUNDO: En relación con las testimoniales promovidas, se ordena su inmediata evacuación. Los testigos aquí presentes rendirán su testimonio separadamente en el orden que los vaya llamando el Tribunal a declarar. TERCERO: En relación con la prueba de posiciones juradas que debe rendir el presunto agraviante, ciudadano: ………………………………………………….., se fijan las 10:00 a.m. del segundo día de despacho siguiente, para que absuelva las posiciones juradas que se le formulen. A la media hora siguiente a la conclusión de ese acto, la parte presuntamente agraviada absolverá las posiciones juradas que le formule la contraparte. Se advierte a las partes que se podrán formular al absolvente un máximo de veinte posiciones juradas. PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE. PRIMERO: Se admiten, salvo su apreciación en la definitiva, las siguientes pruebas documentales promovidas por la parte presuntamente querellada: (El Tribunal debe enumerar los documentos y recaudos acompañados por el querellado que serán apreciados como prueba instrumental). SEGUNDO: En relación con las testimoniales de los ciudadanos: ………………………………………………………………, presentes en este acto, el Tribunal les notifica a ellos y a las partes, que la declaración de estos testigos tendrá lugar al siguiente día de despacho, a partir de las 10:00 a.m. en que serán llamados a declarar en el orden que el Tribunal lo estime pertinente, hasta tomarle declaración a todos ellos. TERCERO: En relación con la prueba de inspección judicial solicitada, el Tribunal acuerda evacuar dicha prueba a las 3:00 p.m. del día de hoy, y en tal sentido dispone su traslado a la siguiente dirección: ……………………………………………………, a objeto de dejar constancia de los particulares señalados en el correspondiente escrito de promoción. Se designa como práctico para que asesore al Tribunal en la evacuación de dicha inspección judicial al señor: …………………………………………………, a quien se acuerda notificarlo de inmediato por el Alguacil del Tribunal para que manifieste su aceptación o excusa y preste el juramento de Ley. Se advierte a la parte promovente de la prueba que debe facilitar al Tribunal los medios necesarios para su traslado al lugar donde debe verificarse la inspección judicial y para su regreso a la sede. Se terminó, se leyó y conformes firman:

El Juez,

Las partes y abogados apoderados y asistentes,

El Secretario,

A continuación transcribimos algunas de las jurisprudencias de la Sala de Casación Civil, dictadas durante el año 2001, relacionadas con la prueba de testigos que es importante tener en consideración.

TESTIGOS

El Juez es soberano en su labor propia, quedando facultado para establecer y apreciar los hechos, cuestión que hizo en el caso de autos, al establecer que el testigo respondió de manera presuntiva a la pregunta relacionada con el conocimiento de la persona que realizó determinados pagos, pormenores que se corroboran de la revisión que hace esta Sala al respecto, por permitírselo la técnica utilizada para formalizar la presente denuncia, verificándose al efecto que tales expresiones constan de la testimonial rendida. Este hecho fue adminiculado con otros, para concluir que el testimonio no le ofrecía al Juez confiabilidad y credibilidad y, por tanto, desechaba al testigo. Pues bien, lejos de infringir la recurrida el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, cumple con el precepto al motivar su determinación de la manera antes evidenciada.

Sentencia Nº 481, de fecha 20 de diciembre de 2001, en el juicio de Giuseppe Cardinale Ricobono y otra contra Giovanni Cardinale, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente Nº 01-123.

 

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

TESTIGOS

Desechar del proceso una prueba promovida por una de las partes por un hecho imputable al Juez, como lo es el que no haya juramentado al testigo previamente a su declaración, es privar el derecho probatorio del promovente y el de la comunidad de la prueba del contrario, por un hecho no imputable a éstas, con lo cual se estaría atentando directamente contra al derecho al debido proceso consagrado en artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sentencia Nº 482, de fecha 20 de diciembre de 2001, en el juicio de Venezolana de Montajes Electrodomésticos (VEDEMELCA) contra Construcciones C.A., con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente Nº 00-1046.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

TESTIGOS

Es de hacer notar que, si bien la resolución del Tribunal de alzada se fundamentó en un justificativo de testigos evacuado ante un Notario Público de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, no puede negarse ni desconocerse que los justificativos de testigos evacuados ante un Juez u otro funcionario autorizado, con las formalidades legales para darle fe pública, constituyen pruebas por escrito, que ameritan su ratificación en juicio, pues el litigante no puede prepararse su propia prueba testimonial en forma unilateral y extra litem, haciéndose otorgar un documento autenticado declaratorio, para luego oponerlo a su demandado, obteniendo de esa forma, sin contención, la prueba del daño emergente. En estos casos, el derecho a la defensa y la garantía al debido proceso, previstos en la Constitución Nacional, imponen que el demandado tenga el derecho a ejercer el control de la prueba, de allí que sea necesaria su ratificación en el proceso.

Sentencia Nº 486, de fecha 20 de diciembre de 2001, en el juicio de Vicente Salas Uzcátegui contra Luis Alfonso Urdaneta, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, expediente Nº 00-483.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

TESTIGOS

En el caso de autos, la recurrida atribuyó total valor probatorio a un justificativo de testigos no ratificado en juicio, infringiendo con tal proceder los requerimientos legales para el establecimiento de este medio de prueba, puesto que tales documentos, emanados de terceros que no son parte en el juicio, requieren para su valoración y apreciación, su posterior ratificación en el proceso.

Sentencia Nº 486, de fecha 20 de diciembre de 2001, en el juicio de Vicente Salas Uzcátegui contra Luis Alfonso Urdaneta, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, expediente Nº 00-483.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

TESTIGOS

El hecho de si un testigo incurre o no en contradicciones, escapa del control de la Sala, pues el Juez de instancia es soberano en la apreciación de la testifical. Tal apreciación es una cuestión subjetiva y el Sentenciador puede decidir en uno u otro sentido sin infringir el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la norma se lo permite, a menos que su razonamiento viole alguna máxima de experiencia, o incurra en un verdadero caso de suposición falsa.

Sentencia N° 448, de fecha 20 de diciembre de 2001, con motivo del juicio de Francisco Joao Vieira De Abreu contra Barinas e Ingeniería C.A., con ponencia del Magistrado Dr. Franklin Arrieche G., expediente N° 01-158.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

TESTIGOS

La recurrida expresa en forma resumida la razón que tuvo para desechar los testigos promovidos por la demandada con el fin de tratar de probar ciertos pagos realizados por la demandada al Banco Hipotecario Unido S.A. y a otro tercero, al expresar que los pagos no emanaban de los testigos, por lo cual éstos no tenían cualidad para declarar sobre ese punto, razón por la cual no apreciaba su testimonio y no entraba al examen de las otras preguntas y repreguntas que fueron objeto del interrogatorio. Siendo así, y ante la razón expuesta por la sentenciadora, la parte afectada podía, a través de un recurso de fondo, atacar ese pronunciamiento, cumpliendo la alzada con su obligación de pronunciarse sobre la prueba en cuestión.

Sentencia Nº 176, de fecha 22 de junio de 2001, en el juicio de Eudes Semar López Rosales contra Guadalupe Rodríguez Campos de López, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, expediente Nº 99-822.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

TESTIGO REFERENCIAL

Testigo referencial es aquel que conoce los hechos porque le han sido referidos por terceras personas, no el que ha visto u oído personalmente aquello a que se refiere el testimonio. En tal virtud no es testigo referencial el que afirma haber oído que otra persona dice algo, por cuanto está testimoniando solamente “haber escuchado” determinada afirmación, no la verdad de la afirmación misma. Y tampoco puede concluirse necesariamente y de manera indubitable, como el recurrente pretende, que el testigo en cuestión no estuvo presente cuando sucedieron los hechos por él narrados; el Juez e la causa, en uso de su soberanìa de apreciación ha concluido en lo contrario y en tal virtud ha dado al testimonio valor probatorio pleno, sin que por ello pueda achacársele la falsa suposición que se le imputa.”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia de fecha 24 de febrero de 1988, con ponencia del Magistrado Dr. Luis Dario Velandia.

TESTIGO QUE DECLARA ANTE UN NOTARIO

        “Considera la Sala que en este punto le asiste la razón a la formalizante, porque el sentenciador al desechar al prenombrado testigo incurrió realmente en una sutileza. En efecto, si como el propio Juez afirma, la persona que declaró en el justificativo ante el Notario con el nombre de Ángel Custodio González y la persona que declaró ante el Tribunal comisionado como Ángel Custodio González Rosales tiene la misma cédula de identidad, resulta evidente que se trata de la misma persona, debiendo presumirse que la alteración de los apellidos se debió a una trabucación de letras que, como simple error material, resulta sin entidad suficiente por sí sola para que fuera desechado su dicho.”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia de fecha 16 de julio de 1987, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla.

PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL

Dispone el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil que el Juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando lo juzgue oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa o el contenido del documento.

La inspección ocular prevista en el Código Civil se promoverá y evacuará conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, contenidas en el Capítulo VII.

Para llevar a cabo la inspección judicial, el Juez concurrirá con el Secretario o quien haga sus veces y uno o más prácticos de su elección cuando sea necesario. Las partes, sus representantes o apoderados podrán concurrir al acto, y éstas podrán hacer al Juez las observaciones que estimen conducentes, las cuales se insertarán al acta, si así lo pidieren.

El Juez hará extender en acta la relación de lo practicado, sin avanzar opinión ni formular apreciaciones, y para su elaboración se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 189. El juez podrá asimismo, ordenar la reproducción del acto por cualquiera de los medios, instrumentos o procedimientos contemplados en el artículo 502, si ello fuere posible, es decir, podrá mandar a fotocopiar los documentos inspeccionados para incorporarlos al expediente.

Las funciones de los prácticos se reducirán a dar al Juez los informes que éste creyere necesarios para practicar mejor la diligencia, informes que podrá solicitar también de alguna otra persona juramentándola.

Los honorarios de los prácticos serán fijados por el juez, a cargo de la parte promovente de la prueba, o de ambas partes, de por mitad, si la prueba se hubiese ordenado de oficio.

  1. Sentencia del amparo

        El tribunal que conozca de la solicitud de amparo tendrá potestad para restablecer la situación jurídica infringida, prescindiendo de consideraciones de mera forma, debiendo atenerse siempre a lo alegado y probado, pero en el entendido que, atendiendo al principio jure novit curia, podrá cambiar de oficio la calificación jurídica de los hechos o la pretensión del querellante, cuando considere que los hechos probados tipifican otra infracción constitucional diferente a la alegada, conforme a reiterados fallos del Tribunal Supremo anteriormente reseñados.

        La decisión deberá ser motivada y estar fundada en pruebas que demuestren la violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucional.

        Cuando exista abandono del trámite, el Juez lo declarará de oficio en la sentencia, declarando improcedente la acción intentada, a menos que se trate de un derecho de inminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

  • Así, en fallo del 25 de abril de 2000, la Sala Constitucional señaló que la falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento de amparo, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público. (Tomo 164, Nº 733, Ramírez y Garay).
  • Se declara terminado el procedimiento de amparo por abandono de tramite del presunto agraviado al no comparecer a la audiencia oral. Sentencia de fecha 24 de marzo de 2000, Sala Constitucional, Tomo 123, Nº 447, Ramírez y Garay.

 

De igual manera, cuando de las actas procesales se compruebe que existe una causa que hace inadmisible la acción de amparo constitucional, ante la falta de alegato del querellado, deberá el juez declararla de oficio, tanto in limini litis, como al decidir el fondo del asunto, por ser materia que interesa al orden público.

  • “Es inadmisible el amparo interpuesto después de los seis meses después de que se dicta el acto que origina la lesión.” Sentencia de fecha 08 de febrero de 2000, Sala Constitucional, Tomo 162, Nº 146, letra b, Ramírez y Garay.

Caso de ser negado el amparo, el Tribunal debe pronunciarse sobre la temeridad e imponer arresto de hasta diez (10) días al querellante, cuando la aquella fuese manifiesta.

Al acordar el restablecimiento de la situación jurídica infringida, el Juez ordenará en el dispositivo de la sentencia, que el mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, bajo pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. La sanción en que incurre la persona que incumpliere el mandamiento de amparo, es prisión de seis (6) a quince (15) meses.

Copia de la sentencia será remitida a la autoridad competente, a fin de que resuelva sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el funcionario culpable de la violación o de la amenaza de contra el derecho o la garantía constitucionales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que resulten atribuibles. Copia de estos recaudos se remitirá también al Ministerio Público, para que intente las acciones penales o civiles a que haya lugar por los perjuicios que se causen al Estado.

En las quejas contra particulares, se impondrán las costas al vencido cuando haya obrado con temeridad, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

  1. Casos resueltos por la jurisprudencia que han considerado procedente el amparo

 

  • Amparo por indefensión
  • Se declara con lugar el amparo porque el juez recusado declaró extemporánea su propia reacusación. Sentencia de fecha 10 de noviembre de 1999, Sala de Casación Civil, Tomo 159, Nº 2.611, Ramírez y Garay.

 Amparo constitucional declarado procedente ante el corte del servicio eléctrico por falta de pago; precedente que es aplicable también, por analogía, al corte del servicio telefónico, gas, agua o cualquier servicio público.

  • “Se ordena restituir el servicio eléctrico, debiendo pagar el servicio eléctrico consumido, e instaurar el procedimiento ordinario de cumplimiento de contrato de suministro de energía eléctrica, dentro del plazo de 20 días continuos.” Sentencia de fecha 18 de noviembre de 1999, Sala de Casación Civil, Tomo 159, Nº 2.650, Ramírez y Garay.
  • Amparo por omisión del Ministro de Educación
  • Se declara con lugar el amparo contra la omisión del ciudadano Ministro de Educación de hacer cumplir o ejecutar la resolución en la cual ordena la inscripción de unos alumnos en un colegio privado. Sentencia de fecha 18 de mayo de 2000, Sala Político Administrativa, Tomo 165, Nº 1.103, Ramírez y Garay.

Amparo por haber causado indefensión

  • Amparo por no notificarse la sentencia dictada fuera del lapso. Sentencia de fecha 19 de mayo de 2000, Sala Constitucional, Tomo 165, Nº 1.035, letra b, Ramírez y Garay.
  1. Jurisprudencia general sobre sentencias que debe ser acatadas por los jueces de amparo.

 

        A continuación reseñamos un conjunto de sentencias de la Sala de Casación Civil, aplicables a los procedimientos de amparo constitucional, dictadas en el año 2001, que consideramos de interés para nuestros lectores.

ACLARATORIAS

La Sala de Casación Civil se ha pronunciado sobre los supuestos de procedencia de las solicitudes de aclaratoria, y todas las veces ha dejado establecido que la facultad de hacer aclaratorias o ampliaciones está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, precisar su alcance en algún aspecto que no esté suficientemente determinado o cuando se haya dejado de resolver algún pedimento, pero en manera alguna puede emplearse esta facultad para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que después de dictada una sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya dictado, a no ser que sea una interlocutoria no sujeta a apelación, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. De igual forma, ha reiterado la Sala que las aclaratorias son improcedentes cuando se exige al juzgador la corrección de algún aspecto del proceso de “volición” o que se interprete algún aspecto del fallo dictado para subsanar deficiencias del razonamiento realizado y expresado en la sentencia.

 

Sentencia Nº 161, de fecha 02 de agosto de 2001, en el juicio del Banco Mercantil C.A. SACA Banco Universal contra Industrial Tarjetera Nacional C.A. y otro, con ponencia del Magistrado Dr. Franklin Arrieche G., expediente Nº 00-268.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

ACLARATORIAS

Dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que las solicitudes de aclaratorias o ampliaciones de las sentencias deben ser planteadas por la parte interesada el mismo día de publicación de la sentencia o al día siguiente. En el caso de análisis, la solicitud fue presentada cuatro días después de publicada la sentencia, haciéndose imperativo para la Sala declarar su improcedencia ante la evidente extemporaneidad de lo solicitado, como abiertamente lo reconoce el propio solicitante de la aclaratoria.

Auto Nº 27, de fecha 11 de octubre de 2001, en el juicio de Manuel Baro Osuna y otras contra Robot Rexair C.A. y otra, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente Nº 01-046.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

AVOCAMIENTO (DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE)

 

No basta que la incorporación de un nuevo juez distinto al que venia conociendo del mérito hasta el acto de informes conste en los libros respectivos para que se considere a las partes enteradas del hecho, pues el avocamiento del juez debe constar también en el expediente respectivo.

Sentencia Nº 97, de fecha 27 de abril de 2001, en el juicio de Luis Enrique García Lánz y otros contra Luis Reinaldo Valera Guatache y otros, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente Nº 99-867.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

AVOCAMIENTO

La Sala encuentra que en el caso bajo análisis se infringió el derecho a la defensa previsto en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, por haberse avocado la juez temporal al conocimiento de la causa sin haber dejado correr el lapso previsto en el artículo 90 ejusdem antes de dictarse el fallo, lo cual hace procedente la denuncia.

Sentencia N° 210, de fecha 31 de julio de 2001, en el juicio de Salúmino La Cruz Quiroz contra Ramón Elvidio Roa García y otros, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente N° 00-842.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

DERECHO DE DEFENSA

La indefensión ocurre en el juicio cuando el juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, lo que ocurre cuando se deja de notificar a las partes del avocamiento del nuevo juez, ya sea por razones de faltas absolutas o temporales del juez natural y la consiguiente reanudación del juicio.

Sentencia Nº 252, de fecha 02 de agosto de 2001, en el juicio de Proyecfin de Venezuela S.A. y otros contra Centro Comercial San Jacinto C.A., con ponencia del magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, expediente Nº 00-222.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

DERECHO DE DEFENSA

Estando paralizada la causa se avocó un nuevo juez y procedió a dictar sentencia definitiva sin cumplir previamente con la notificación de las partes, como bien señala el recurrente, con lo cual invariablemente lesionó su derecho de defensa al privar a las partes de la posibilidad de intentar la recusación.

Sentencia Nº 284, de fecha 10 de agosto de 2001, en el juicio de Homero Edmundo Andrés Briceño contra Mineras Latinas C.A. y otro, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, expediente Nº 00-493.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

DOCUMENTOS

El Notario Público que ejerza sus funciones fuera del ámbito territorial para el cual fue designado, se hará acreedor de una sanción en su contra, pero tal infracción no acarrea que se desvirtúe su facultad de otorgar fe pública a los actos celebrados en su presencia, por lo tanto es válido y eficaz el poder judicial otorgado con las formalidades legales por dicho funcionario.

Sentencia Nº 65, de fecha 05 de abril de 2001, en el juicio de Rafael Antonio Macías Mata y otro contra Vittorio Placcentini Puparo, con ponencia del magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente Nº 99-911.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.ORDEN PÚBLICO PROCESAL

Constituye materia que interesa al orden público la observancia en la sustanciación de los juicios de las formas procesales que el legislador ha establecido para la tramitación de los distintos procedimientos. La Sala de Casación Civil ha señalado reiteradamente que no le es dable a las partes ni al juez subvertir tales formas procesales, por lo que, cuando ello ocurra, se impone la reposición de la causa al estado en que se subsanen los vicios cometidos.

Sentencia Nº 175, de fecha 22 de junio de 2001, en el juicio de María Dolores Castillo Barrios contra Luis León Díaz, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, expediente Nº 00-296.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

ORDEN PÚBLICO PROCESAL

Constituye materia que interesa al orden público la observancia en la sustanciación de los juicios de las formas procesales que el legislador ha establecido para la tramitación de los distintos procedimientos. La Sala de Casación Civil ha señalado reiteradamente que no le es dable a las partes ni al juez subvertir tales formas procesales, por lo que, cuando ello ocurra, se impone la reposición de la causa al estado en que se subsanen los vicios cometidos. (Ver sentencia en: Indeterminación Objetiva).

Sentencia Nº 175, de fecha 22 de junio de 2001, en el juicio de María Dolores Castillo Barrios contra Luis León Díaz, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, expediente Nº 00-296.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

FALSO SUPUESTO

La suposición falsa sólo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedando fuera del concepto las conclusiones del juez respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, por tratarse de conclusiones de orden intelectual que, aunque pudiesen resultar erróneas, no configuraran el falso supuesto.

Sentencia de fecha 16 de febrero de 2001, juicio de Edda Gutiérrez de Andrade contra Agropecuaria Arara C.A. y Ana Josefa Bohórquez viuda de Gutiérrez, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

FALSO SUPUESTO

La recurrida afirma falsamente un hecho positivo y concreto, al establecer en su decisión que todas las actuaciones reclamadas son las efectuadas por la demandante con anterioridad a la celebración del contrato de servicios profesionales, lo cual no se corresponde a la evidencia de autos, configurándose el tercer caso de falso supuesto contemplado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Sentencia de fecha 16 de febrero de 2001, en el juicio de Petrica López Ortega contra el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente 00-006.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

FALSO SUPUESTO

El segundo caso de falso supuesto tiene lugar cuando el Juez afirma un hecho con base en una prueba que no aparece incorporada materialmente en los autos, y que el juez traslada de su imaginación para sustentar el hecho positivo y concreto falsamente establecido.

Sentencia Nº 74, con fecha 05 de abril de 2001, en el juicio de Darcy Purifica Meza Guerrero contra Freddy Carrillo Sánchez, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente Nº 00-423.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

TACHA DE DOCUMENTO PRIVADO

La Sala de Casación Civil establece como criterio de interpretación del alcance y contenido del artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: La tacha de los documentos privados deberá efectuarse en el acto del reconocimiento o de la contestación de la demanda, o al quinto día después de producidos en juicio, y la mención al quinto día de producidos en juicio debe interpretase en el sentido de que se puede proponer “dentro” de los cinco días siguientes a su consignación en el expediente, y no precisamente el quinto día, como se viene interpretando hasta ahora. Vencido el lapso establecido sin que se produzca la tacha del instrumento, se tendrá por reconocido.

Sentencia Nº 311, de fecha 11 de octubre de 2001, en el juicio de José Miguel Guidiño Bastidas contra Eusebio Jacinto Chaparro Gutiérrez, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, expediente Nº 01-527.

Ver esta máxima en nuestra obra: ANUARIO ATENEA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL AÑO 2002, Editorial Atenea, Caracas, junio de 2002.

 

  1. Recursos contra la sentencia de amparo

 

        Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto, lo que significa que la sentencia se ejecuta provisionalmente mientras el superior decide en torno al recurso.

        El lapso de apelación de tres días, después de dictado el fallo.

        Pueden apelar las partes, el Ministerio Público o cualquier tercero que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore, a tenor del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil.

        A falta de apelación, el fallo será consultado al Tribunal superior respectivo, a quien se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente, para que decida el asunto en un lapso no mayor de treinta días.

        La sentencia definitivamente firme de amparo producirá efectos jurídicos respecto del derecho o garantía objetos del proceso, sin perjuicio de las acciones o recursos que legalmente correspondan a las partes.

        La desestimación del amparo no afecta la responsabilidad civil o penal en que hubiese podido incurrir el autor del agravio, ni prejuzga sobre ninguna otra materia, únicamente opera en el ámbito de los derechos y garantías constitucionales presuntamente violados o amenazados de violación por el acto u omisión.

[1]´Nota del Autor: La Sala establece un criterio uniforme para efectuar la tacha o el desconocimiento de los documentos privados en la interpretación conjunta de los artículos 443 y 444 del Código de Procedimiento Civil, acogiendo las atinadas observaciones que sobre el particular hace el Dr. Ricardo Henriquez La Roche en el Tomo III de su obra “Código de Procedimiento Civil”, en el sentido que, se mantiene el criterio de que la tacha y el desconocimiento del documento privado deberá efectuarse en el acto del reconocimiento mismo o en la contestación de la demanda cuando el documento se haya producido con el libelo o dentro del lapso de cinco días siguientes a su presentación en el juicio, y no precisamente al quinto día como se establece para la tacha en el artículo 443 del citado Código. En virtud de la nueva interpretación de ambas disposiciones, no se considerará extemporánea la tacha de un documento privado efectuada dentro del lapso de los cinco días siguientes a su presentación en el juicio, como resulta de la interpretación gramatical del artículo 443 del Código de Procedimiento Civil.

REFERENCIAS:

APUNTES LEGALES BLOG

EL PODER ELECTORAL EN VENEZUELA (Aspectos Generales)

Introducción

          De conformidad con lo delineado por la Cátedra de Derecho Constitucional y con el auxilio de la bibliografía conducente se hizo posible el presente trabajo, el cual lleva como titulo “El Poder Electoral en Venezuela. Aspectos Generales”, el cual se encuentra constituido por los siguientes particulares: (a) Los orígenes históricos para conocer mejor el presente, donde se aprecia que con anterioridad era Instituto Autónomo, con cierta dependencia de otros órganos. (b) Se esboza el articulado constitucional relacionado con el Poder Electoral, donde se destaca al Consejo Nacional Electoral (Órgano Colegiado) como ente rector del proceso electoral en Venezuela, constituido por organismos subordinados que hacen posible el cumplimento de las funciones atribuidas, que van más allá de la organización de las elecciones cada cierto tiempo. (c) Se acentúa también el principio de la independencia y de la autonomía funcional y presupuestaria, cónsona con el legado producido por el Barón de Montesquieu en lo que respecta a la separación de los poderes, que no es otra cosa que el equilibrio y cooperación entre los Poderes, evitando con esto la injerencia, entre otros, del Poder Ejecutivo en el Poder Electoral, en desmedro de la confiabilidad, imparcialidad  transparencia en el accionar electoral. (d) Se establecen las referencias bibliográficas que fueron debidamente consultadas. (e) Se insertan algunas imágenes relacionadas con el texto teórico a los fines de “alegrar o recrear” mejor la comprensión de lo investigado, con el entendido que una imagen valen más que mil palabras.

 

EL PODER ELECTORAL EN VENEZUELA

 I: ORÍGENES HISTÓRICOS:

A la luz de la Ley de Censo Electoral y Elecciones del once (11) de septiembre de 1936, aprobada por el entonces Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, fundamentada en la Constitución Nacional de Venezuela del 16 de julio de 1936, promulgada por el General Eleazar López Contreras, después de la dictadura de Juan Vicente Gómez, nace el Consejo Supremo Electoral, con rango de Instituto Autónomo, como organismo del Estado Venezolano, sin personalidad jurídica propia, y sin constituir parte del Poder Público.

Con ocasión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevada a cabo en el año 1999, nace el Poder Electoral, tal como se evidencia en el artículo 136 cuando expresa:

El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.- Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

Con el vigor de la Ley del Sufragio y Participación Política del año 1997, a tenor del artículo 24, nace lo que se conoció como Consejo Nacional Electoral, dejándose de llamar Consejo Supremo Electoral, expresado de la siguiente manera:

Son órganos de la Administración Electoral Nacional:

a) El Consejo Nacional Electoral;

 

b) Las Juntas Electorales;

c) Las Mesas Electorales.

II: EL PODER ELECTORAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:

A tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, nace, tal como se comentó anteriormente el Poder Electoral junto al Poder Ciudadano.

En el mencionado texto constitucional, el Constituyente le dedicó desde el artículo 292 al  298, a lo concerniente del Poder Electoral. En este sentido tenemos:

  1. El artículo 292 establece que el Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral, quien es el ente rector con organismos subordinados, los cuales son: (a) La Junta Electoral Nacional; (b) la Comisión de Registro Civil y Electoral; y, la Comisión de Participación Política y Financiamiento.
  2. El artículo 293, por su parte, establece un buen número de funciones, entre las cuales se destacan: (a) Reglamentar las leyes electorales, dada esta innovación por dos cuestiones muy lógicas: la prevalencia del criterio técnico de los rectores y de su equipo sobre la materia y la acentuación de la autonomía del poder electoral frente al poder ejecutivo; (b) Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente por ante la Asamblea Nacional, para que ésta la incluya en la Ley Nacional de Presupuesto, para luego administrar los recursos de manera autónoma (c) Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones; (d) La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos:; (e) Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos, tal como ha pasado en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); (f) Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral; (g) Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos; (h) Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos.

Al final del artículo descrito se encuentran los valores del Poder Electoral: igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

  1. El artículo 294 se lo dedica a los diferentes principios o juicios que deben prevalecer en la acciones del Poder Electoral, entre otros: independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios.
  2. El artículo 295 establece lo relativo al Comité de Postulaciones Electorales de los candidatos a Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual estará conformado por representantes de los diversos sectores de la sociedad, de acurdo con la Ley que desarrolle la citada disposición constitucional.
  3. El artículo 296 se relaciona con la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE):
  4. Por cinco (5) personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos.
  5. Tres (3) de las cinco (5) serán postuladas por la sociedad civil. Tendrán seis (6) suplentes en orden ordinal.

La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y financiamiento serán presididas por cada uno de los en este aparte nombrados.

  1. Una (1) de las cinco (5) postulada por las Facultades de las Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales, con dos (2) suplentes.
  2. Una (1) de las cinco (5) postulada por el Poder Ciudadano, con dos (2) suplentes.
  3. Duraran siete (7) años en sus funciones. De igual forma, las tres (3) personas postuladas por la sociedad civil, serán elegidas al inicio de cada periodo de la Asamblea Nacional, y las otras dos (2) a la mitad de tal periodo.
  4. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente, de conformidad con la ley.
  5. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) podrán ser removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las garantías y los principios presentes en el Poder Electoral: Especial énfasis en la independencia y autonomía:

Tal como se denota en los particulares anteriores, referidos a los términos que preceden el subtítulo, se presenta lo siguiente:

La última parte del artículo 293 de la (CRBV: 1999) establece las garantías de la manera siguiente: “Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.

El Poder Electoral, como Poder Público que es, debe garantizar la igualdad en cada acción, la posibilidad de que toda persona y partido político en el campo de la política tenga iguales posibilidades, idéntico trato, en cuanto a las tareas previas y posteriores a toda contienda electoral y registros de rigor, todo de acuerdo con lo que estipula la (CRBV: 1999) en su artículo 21 cuando afirma que:

Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan…

 

La confiabilidad, entendida como la validación de la confianza en el Poder Electoral. Que el pueblo sienta que las diversas acciones son confiables, que admitan revisiones, en caso de así ser solicitadas.

La imparcialidad, donde en ningún momento se parcialicen las acciones a favor de uno u otro candidato o partido político.

La transparencia en el accionar, materializada con procesos claros, expeditos, que sean demostrables para de esta manera confiar en el árbitro,

La eficiencia en los procesos electorales, donde en cada acción se le proporcione el valor agregado: racionalidad en el gasto, registro civil actualizado, generación de empleo, entre otros.

La personalización del sufragio, como derecho universal, directo y secreto.

Garantizar la representación proporcional, para dar cabida a cada mayoría y a la minoría, a cada resultado en función con la democracia.

Por su parte el artículo 294 de la mencionada (CRBV: 1999) estatuye los principios e la manera siguiente: “Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios”.

El principio de la independencia orgánica: en este particular se recuerda a la posición doctrinaria de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu. En relación con la separación de los poderes, con respecto al equilibrio, independencia y cooperación que debe existir entre los Poderes Públicos, de manera que ningún otro pueda interferir en las acciones y responsabilidades que no le competen.. En caso de no existir la independencia se vulnerarían las garantías expuestas anteriormente: no habría igualdad, confiabilidad, imparcialidad, entre otras.

La autonomía funcional y presupuestaria, como corolario de lo anteriormente enunciado, pues de no existir, el poder público que lo hiciera depender, tendría las ventajas de manipular al Poder Electoral, con amenazas relacionadas con la merma de los recursos, con los caprichos de todo corrupto, retándole entonces la capacidad de acción. La independencia y la autonomía son necesarias para la imparcialidad en las decisiones del órgano electoral.

            La despartidización de los organismos electorales, a los efectos de garantizar la confiabilidad y la transparencia en las acciones y decisiones.

La imparcialidad y participación ciudadana, pues así le asiste el derecho a los ciudadanos. Basta con revisar el artículo 62 de la (CRBV: 1999), para validar lo descrito:

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.- La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

La descentralización de la administración electoral, a los fines de hacer más viable la celeridad y la actuación del Poder Público en estudio, siempre a favor del soberano.

La transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios, tal como tendría que pasar a través del uso de la tecnología pero con posibilidades de auditar en “caliente!” y con posterioridad, como se suele expresar.

III: EL PODER ELECTORAL A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER ELECTORAL:

En armonía con las disposiciones constitucionales expuestas anteriormente, la Ley Orgánica del Poder Electoral desarrolla los particulares delineados por la Cátedra de Derecho Constitucional. Veamos:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE): CONCEPTO

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano rector del Poder Electoral, tiene carácter permanente y su sede es la capital de la República Bolivariana de Venezuela.  Como ente rector, es entonces el responsable de la transparencia de los procesos electorales y referendarios; debe garantizar a los venezolanos la eficiente organización de todos los actos electorales que se realicen en el país y en particular, la claridad, equidad y credibilidad de estos procesos y sus resultados para elevar y sostener el prestigio de la institución electoral.

Su noble ejercicio, inspira el mantenimiento vivo en los ciudadanos el afecto por la democracia, en cuanto al sistema más adecuado para una pacífica convivencia.

COMPETENCIA DEL CNE:

Es de la competencia del (CNE): normar, dirigir y supervisar las actividades de sus órganos subordinados, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales atribuidos al Poder Electoral.

INTEGRACIÓN DEL CNE:

El Consejo Nacional Electoral, en concatenación con lo previsto en la (CRBV: 1999), está integrado por cinco (5) miembros, denominados Rectores Electorales, cuyo periodo de ejercicio en sus funciones es de siete (7) años. Son designadas o designados por la Asamblea Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes, vale decir de ciento diez (110) diputados,  pudiendo ser reelegidos en sus cargos hasta por un máximo de dos (2) periodos adicionales, previa evaluación de su gestión por parte de la Asamblea Nacional.

Acogiéndose a las normas constitucionales y legales, el CNR se encuentra integrado en la actualidad por los siguientes rectores:

  1. Tres (3) que fueron postulados por la sociedad civil con periodo vencido (2006 – 2013): Tibisay Lucena Ramírez (Presidenta del CNE y a su vez Presidenta de la Junta Nacional Electoral); Sandra Oblitas Ruzza (Vicepresidenta del CNE y Presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral); Vicente José Gregorio Díaz (Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento).
  2. Una (1) postulada por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales (2009 – 2016): Socorro Elizabeth Hernández (Miembro de la Junta Nacional Electoral).
  3. Una (1) postulada por el Poder Ciudadano (2009 – 2016): Tania D Amelio Cardiel (Miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento y miembro de la Comisión de Registro Civil Electoral).

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS RECTORES DEL CNE:

  1. Venezolanos, mayores de treinta (30) años y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, en caso de que sean venezolanos por naturalización, debe haber transcurrido al menos quince (15) años de haber obtenido la nacionalidad.
  2. Haber obtenido titulo universitario, con al menos diez (10) años de graduado con el mismo tiempo de ejercicio de la profesión.
  3. No estar incursos en causales de remoción: (a) Quedar sujeto a interdicción o inhabilitación política; (b) Adscribirse directa o indirectamente a organizaciones con fines políticos; (c) Recibir directa o indirectamente beneficios de cualquier tipo de persona u organización que comprometa su independencia; (d) Haber sido condenado, mediante sentencia definitiva y firme, por hechos dolosos o haber sido declarado responsable administrativamente por decisión firme de la Contraloría General de la República.
  4. No estar vinculado con organizaciones con fines políticos.
  5. No haber sido condenado penalmente con sentencia definitiva y firme por delitos dolosos en los últimos 20 años.
  6. No tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente de la República ni con los titulares de los entes postulantes.

COMITÉ DE POSTULACIONES ELECTORALES:

            A la luz del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el Comité de Postulaciones Electorales tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar por ante la plenaria de la Asamblea Nacional las listas de los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral.

El Comité de Postulaciones Electorales tiene dentro de sus funciones las siguientes: (a) Recibir las postulaciones para los cargos de rectores y suplentes; (b) Verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para tal condición; (c) Elaborar y presentar por ante la Asamblea Nacional las listas de los elegibles.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley en comentario, el Comité de Postulaciones estará integrado por veintiún (21) miembros, de los cuales once (11) son diputados designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, con las dos terceras partes (2/3) de los presentes y diez (10) serán postulados por otros sectores de la sociedad.

Con respecto a este particular, en la actualidad se gestan los particulares relacionados con el Comité de Postulaciones Electorales, dado que, tal como se anunció anteriormente, tres (3) rectores, precisamente los que fueron postulados por la sociedad civil, tienen su periodo vencido: Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente José Gregorio Díaz; y, los rectores suplentes:  Grisell López, Levy Alter, Maryclen Stelling, Willian Pacheco, Humberto Castillo y Pedro Díaz Blom..

En este orden de ideas, tal como se anuncia en las noticias impresas, radiales y televisivas, ya se ha conformado a la fecha el Comité de Postulaciones de manera Provisional, el cual se encuentra conformado por:

  1. Diputados Oficialistas: Blanca Eekhout (PSUV-Portuguesa), Orlando Zambrano (PSUV-Apure), Tito Oviedo (PSUV-Bolívar), Earle Herrera (PSUV-Anzoátegui), Hugbel Roa (PSUV-Trujillo) y Rosa León (PSUV-Aragua).
  2. Por la oposición o Unidad Democrática: Bernardo Guerra (AD/Vargas), Elías Matta (UNT/Zulia), Morel Rodríguez (Copei /Nva. Esparta), Nirma Guarulla (Amazonas/MPV) y Juan Carlos Caldera (Miranda/PJ).

Los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, en representación de los distintos sectores de la sociedad, serán escogidos por plenaria de la Asamblea Nacional por las dos terceras (2/3) partes de los presentes, dentro de los diez (10) días continuos siguientes al vencimiento del lapso de la convocatoria para integrar el Comité de Postulaciones Electorales.

El presidente de la Asamblea Nacional juramentará al Comité de Postulaciones Electorales, el cual se instalará y sesionará al día siguiente de su juramentación. En su primera sesión escogerá de su seno, por mayoría absoluta, a una presidenta o un presidente y a una vicepresidenta o un vicepresidente; y fuera de su seno escogerá a un secretario.

ÓRGANOS SUBORDINADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL:

JUNTA NACIONAL ELECTORAL:

Se encarga de la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de referendos, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre sus funciones se encuentran:

  1. Planificar y ejecutar todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, referendos y otras consultas de su competencia.
  2. Proponer las circunscripciones electorales.
  3. Establecer el número y ubicación de los centros de votación y de mesas electorales. Fijar la fecha de la instalación de las juntas y las mesas electorales
  4. Elaborar la lista de elegibles a cumplir con el servicio electoral.
  5. Totalizar, adjudicar y proclamar a los candidatos y candidatas que resulten elegidos o elegidas en elecciones regionales, metropolitanas, municipales y parroquiales cuando las juntas correspondientes no hayan proclamado en el tiempo previsto en la ley

 

ORGANISMOS SUBALTERNOS DE LA JUNTA NACIONAL ELECTORAL:

La Junta Nacional Electoral, a su vez cuenta con  los organismos electorales subalternos: (a) Juntas Regionales Electorales; (b) Juntas Municipales Electorales; (c) Mesas Electorales; (d) Juntas Metropolitanas; (e) Juntas Parroquiales.

Los organismos electorales subalternos poseen características comunes, entre las cuales se destacan: (a) Asumen en la jurisdicción que le corresponde la ejecución y vigilancia de los procesos electorales; (b) Tienen su sede en la capital de la respectiva entidad federal, municipal, distrital o parroquial; (c) Son de carácter temporal; (d) Integrados por cinco miembros principales, con sus suplentes, secretario y secretarias, seleccionados por sorteo público.

COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL:

Es un órgano subordinado del Consejo Nacional Electoral y se encarga de la formación, organización, supervisión y actualización del Registro Civil y del Registro Electoral. Está integrada por dos rectores principales y un rector suplente incorporado.

Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

  1. Planificar, coordinar, supervisar y controlar el registro civil y electoral, así como conservar los libros, actas y demás documentos concernientes.
  2. Le corresponde la depuración continua y efectiva del Registro Electoral y su publicación en los términos establecidos en la ley, para su posterior remisión a la Junta Nacional Electoral.
  3. La Comisión de Registro Civil y Electoral recibe de la Junta Nacional Electoral, para su revisión y depuración, las listas de los elegibles para cumplir con el servicio electoral, de conformidad con lo establecido en la ley, para posteriormente devolverlas a dicha Junta.
  4. Así mismo, gira instrucciones de obligatorio cumplimiento previa aprobación del Consejo Nacional Electoral, a las alcaldesas, los alcaldes y otros funcionarios para la inscripción y levantamiento de las actas de registro del estado civil de las personas.

La Comisión de Registro Civil y Electoral, se encuentra conformada por la Oficina Nacional de Registro Civil, y por la Oficina de Supervisión de Registro Civil e Identificación. Veamos un  poco cada una de ellas:

  1. Oficina Nacional de Registro Civil, la cual trabaja en coordinación con las alcaldías, ministerios de Relaciones Interiores, Exteriores y de Salud para la inclusión de todos los venezolanos y venezolanas en el Registro Civil, para el pleno disfrute de sus derechos constitucionales.
  2. Oficina Nacional de Registro Electoral, la cual se ocupa de que todos los ciudadanos y ciudadanas se inscriban en el Registro Electoral; se encarga de planificar, coordinar y controlar las actividades inherentes a la formación y elaboración del Registro Electoral; actualiza, conserva y mantiene el registro Electoral; presenta a la Comisión de Registro Civil y Electoral el Registro Electoral definitivo a los fines de su publicación.
  3. La Oficina de Supervisión de Registro Civil e Identificación, Vigila que el Consejo Nacional Electoral sea informado oportunamente sobre la expedición de cedulas de identidad y pasaportes. Supervisa y fiscaliza que el proceso de tramitación de los documentos de identidad se realicen correctamente.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y FINANCIAMIENTO:

Es el órgano subordinado del Consejo Nacional Electoral que promueve la participación ciudadana en los asuntos públicos, procesos electorales, referendos y otras consultas populares. Está integrada por dos rectores principales y un rector suplente incorporado.

Entre sus funciones se encuentran:

  1. La formación, organización y actualización del registro de inscripciones de las organizaciones con fines políticos.
  2. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos y el financiamiento de las campañas electorales.

La Comisión de Participación Política y Financiamiento, se encuentra constituida por: (a) Oficina Nacional de Participación Política; (b) Oficina Nacional de Financiamiento. Veamos un poco cada una de ellas:

La Oficina Nacional de Participación Política entre sus funciones se encuentra las siguientes:

  1. Organiza y mantiene actualizado el registro de las organizaciones con fines políticos, grupos de electores y electoras, agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos.
  2. Tramita las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de las organizaciones con fines políticos.
  3. Promueve programas educativos e informativos que incentiven la participación ciudadana.
  4. Dirige las actividades de los centros de adiestramiento electoral.

La Oficina Nacional de Financiamiento posee entre sus funciones las siguientes:

  1. Recibe los recaudos sobre el origen de los fondos y el financiamiento de las organizaciones con fines políticos, grupos de electores, asociaciones de ciudadanos y ciudadanas y de los candidatos o candidatas por iniciativa propia.
  2. Complementa las investigaciones sobre el origen y destinos de los recursos económicos de las campañas electorales y sobre los gastos de los fondos de financiamiento.

CONCLUSIONES

A los efectos de producir las reflexiones y/o resultados de la investigación documental realizada, se hace menester, concluir en lo siguiente:

  1. El Poder Electoral nace por una necesidad imperiosa en lo que respecta a dotarla, como Poder Público, de autonomía e independencia, ajustado al pensamiento del Barón de Montesquieu: separación de los poderes con equilibrio e independencia.
  2. El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral, quien es el ente rector con organismos subordinados, los cuales son: (a) La Junta Electoral Nacional; (b) la Comisión de Registro Civil y Electoral; y, la Comisión de Participación Política y Financiamiento.
  3. Dentro de las funciones se encuentra la de reglamentar las leyes electorales, dada esta innovación por dos cuestiones muy lógicas: (a) la prevalencia del criterio técnico de los rectores y de su equipo sobre la materia para desarrollar de una manera mejor las leyes electorales; (b) la acentuación de la autonomía del poder electoral frente al poder ejecutivo, porque es el presidente de la República quien reglamenta las otras leyes, con esto se minimiza la interferencia del poder ejecutivo en el poder electoral.
  4. La Administración Electoral es y debe ser siempre descentralizada, a los efectos del cumplimiento expedito de las garantías y principios estableados para el Poder Electoral.
  5. El Consejo Nacional Electoral, a los efectos de viabilizar mejor las funciones, posee órganos subordinados con competencias propias.
  6. Creemos que el perfil de cada Rector del Consejo Nacional Electoral debe cumplirse a cabalidad a los efectos de la confiabilidad e imparcialidad de dicho árbitro.

 

Referencias Bibliográficas

Araujo – Juárez, J. Derecho Administrativo. Ediciones Paredes. Caracas – Venezuela: 2010.

Brewer Carias, A. La Constitución. Editorial Arte. Caracas – Venezuela: 2000.

Garay, J. La Constitución Bolivariana (1999). Corporación AGR, S.C. Caracas – Venezuela: 2011.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.    Gaceta Oficial Nº. 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo de 2000.

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN LEGISLATIVA Y EJECUTIVA VENEZUELA

El poder legislativo es por definición el poder que hace las leyes facultad que implica la posibilidad de regular en nombre de pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes, con las disposiciones a la voluntad.

Leer y revisar artículos 186-218 CRBV

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La ley: es el acto sancionado por la asamblea nacional como cuerpo legislador art 202 es la voluntad del pueblo organizado políticamente, que recoge la asamblea nacional

Ley formal: son los actos que sanciona el poder legislativo y que resultan luego de cumplirse el procedimiento constitucional. Ley orgánica y ley ordinaria.

Ley material: es aquella normativa que tiene los mismos caracteres de la ley formal en cuanto a su generalidad, obligatoriedad y racionalidad, carece en los caracteres externos de discusión, sanción, promulgación y publicación. Decreto ley reglamentos

Ley habilitante materia económica y financiera

La función  legislativa consiste en la formulación de la norma jurídica que habla de regular las relaciones entre:

Estado y las individuos que se representan.

Caracteres:

  • Generalidad: la ley no se dicta para casas si personas sino que están sometidos a todos los que se encuentran en el supuesto de hecho o hipótesis de la misma.
  • Permanencia: la ley no se puede cambiar sin seguir los procedimientos establecidos en la constitución. ninguna norma debe durar más de lo que persiste la situación o situaciones.
  • Obligatoriedad: debe cumplirse para todos los ciudadanos.
  • Legitimidad formal: deben ser dictada por el poder social competente, por lo órganos o camaradas legislativo, o poder ejecutivo.

Clasificación

  • Flexibles se caracterizan por ser posible su modificación mediante el procedimiento legislativo ordinario. se limita a enunciar un concepto general.
  • Rígida: su disposición es precisa y concretas , es aquella q se caracteriza por no ser posible modificarla por el procedimiento legislativo ordinario, sino por lo dispuesto en la constitución a través de reforma o asamblea nacional constituyente art 347
  • Vigencia de la ley mantiene su vigencia hasta ser derogada por otra
  • Interna: cuando la misma ley se deroga
  • Externa cuando la derogan otras leyes
  • Expresa: la ley dispone expresamente la derogación de la anterior
  • Tacita: la ley nueva resulta contradictoria

Leyes de base art 165: las materias o objeto de competencia concurrentes, serán reguladas mediantes  leyes de bases que son dictadas por el poder nacional concurren en una misma función porque corresponden al Estado y al poder central y pretenden tener competencia exclusivas sobre las materias concurrentes salud vivienda educación, vialidad y son de competencia nacional

Los intereses se juntan con el poder central y estadal

Leyes de desarrollo son las leyes apodabas por el Edo en materia concurrentes deben desarrollar los dispuesto en las leyes de bases.

Los estados descentralizaran y trasferirán a los municipios.

Recursos, servicios y administración se adquieren   a los estados y municipios y concejos legislativos.

Los estados deben transferir a los municipios los servicio q estén en capacidad de prestar y que estén regulados por el propio estado

Vocación de la ley es el acto comprendido entre el lapso de la fecha de la publicación de la ley en la gaceta oficial y en la fecha q entra en vigencia este este lapso no es obligatorio.

Reserva legal: existe un conjunto de materias que están reservadas exclusivamente a la competencia de la ley son materias que no pueden ser regidas por decretos sino por la ley.

La Función Ejecutiva

Por su parte el artículo 136 establece que el poder público se distribuye en municipal, estadal y nacional.

Actos de gobiernos: el presidente del poder ejecutivo en cumplimiento policy-1704549_960_720de sus funciones. Es el acto de poder ejecutivo que trasciende más allá de lo administrativo y que en razón de su contenido político escapa de control jurisdiccional, tanto del orden judicial como administrativo, constituye que el congreso previa convocatoria se reúnen y se legislen en materias de derechos humanos.

Actos administrativos:

 Es aquel medio a través del cual la administración pública (función de administrar recursos) cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos o intereses públicos. Se distingue de los demás por su carácter bilateral y por el hecho de generar efectos jurídicos específicos o particulares sobre los administrados que los diferencia de otras actuaciones administrativas. La decisión especial o general que ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa y afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas.

Decretos son los actos de carácter normativo emanado por el presidente de la república con rango y valor de la ley y se refieren a materias de reserva legal.

Reglamentos es la norma jurídica emanada por los órganos de la administración pública para su aplicación a todos los sujetos de derecho y en todas las cosas que caigan en su supuesto de hechos. Tiene el valor subordinado por la ley y está situado a los últimos peldaños de la pirámide de jerarquía.

¿QUE ES UN ESTADO DE EXCEPCIÓN?

En estos últimos meses en Venezuela se ha hablado de diferentes temas sobre el estado de excepción, primero vimos el estado de emergencia económica que activó el ejecutivo nacional,  con el pretexto de acabar con la crisis económica que atraviesa el país Latinoamericano. Pero como hemos visto no sirvió de mucho, pues la situación económica y política de Venezuela sigue en Jake mate.

gaceta oficial

Venezuela enfrenta una fuerte crisis política, producto de la divergencia entre los diferentes sectores políticos del país, como consecuencia de la mala gestión del gobierno nacional, a que me refiero con ello, que tanto la oposición como el oficialismo, son los verdaderos culpables de la pesadilla que viven los venezolanos.

Hoy en día Venezuela está dividida, sectores políticos radicales, pues estos se encuentran polarizados en absoluto, ahora bien volvemos al tema principal.

¿Qué es un estado de excepción?

Es un término utilizado jurídicamente para referirse una situación extremista que vive una nación.

 Para el  jurista alemán Carl Schmitt, un estado de excepción está constituido como la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público.

Según las normas legales, en el caso de Venezuela la constitución nacional pree el estado de excepción en los artículos 337, 338 y 339

El artículo 337  expresa lo siguiente:

El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

¿Que podemos entender de este artículo?

  1. Que el presidente está restringiendo ciertas garantías constitucionales en uso de sus facultades legales, así es esto es legal, porque la misma ley se lo permite.
  2. Con la excusa jurídica de salvaguardar el orden social, económico, político, natural o ecológico de la nación.
  3. Que garantías constitucionales no se pueden restringir de ninguna manera, tal cual como lo explica el artículo 337 constitucional, las referentes al derecho a la vida, el debido proceso, el derecho a la información y demás derechos humanos intangibles.
  4. Suena grotesco lo anterior verdad, en razón de que como ya sabemos que en Venezuela el estado es quien viola los derechos humanos a diario, en los hospitales, donde las personas no tienen acceso a los medicamentos básicos, en las calles cuando ves largas colas de personas para poder comprar algún alimento, en las protestas cuando son reprimidas, o censurando los medios de comunicación ¿Menuda contradicción?

 

Artículo 338: Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual. Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Artículo 339: El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

 

PARTIDOS POLÍTICOS

            Un partido político es una asociación de individuos unidos por compartir intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes, como alcanzar el control del gobierno para llevar a la práctica esos objetivos. Es el encargado de presentar candidatos para ocupar los diferentes cargos políticos. Para eso, movilizan el apoyo electoral. También organizan la labor legislativa, articulan y agregan nuevos intereses y preferencias de los ciudadanos. Es esencial para estructurar el apoyo político a determinados programas, intereses socioeconómicos y valores. Agrega las preferencias de los ciudadanos, forma gobiernos y establece acuerdos políticos en el ámbito legislativo

  • Socialización política y creación de opinión
  • Armonización de intereses
  • Formación de elites políticas
  • Canalización de peticiones de la población hacia los poderes
  • Reforzamiento y estabilización del sistema político

Ascendentes (cuando fluyen desde la sociedad al Estado):

  • Estructuración del voto: ordenan la multiplicidad de opciones electorales.
  • Movilización e integración social: alientan la participación política, la concurrencia a los comicios y la asistencia a actos públicos.
  • Agregación de demandas: las sistematizan y priorizan. Armonizan intereses sectoriales integrándolos en un programa común.
  • Fomentan la socialización política: transmiten principios, proyectos e ideas que propician el aprendizaje cívico.
  • Creación y orientación de la opinión política.

Descendentes (derivan de la interacción con el gobierno):

  • Reclutamiento, formación y selección de potenciales líderes políticos.
  • Garantizan la renovación de las autoridades mediante el consenso y la aceptación de las reglas de la competencia.
  • Diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
  • Control de los representantes.
  • Reforzamiento y estabilización del sistema político.

Poder-Constituyente

Aunque desde la misma independencia de Venezuela en 1811, han surgido agrupaciones políticas en muchos casos de existencia efímera, pero de peso trascendental, tales como los conservadores o radicales, de éste último grupo nace lo que es considerado como la primera fracción política de Venezuela, aunque no necesariamente de tipo partidista, la Sociedad Patriótica, que se encontraba liderada por Francisco de Miranda, Simón Bolívar, entre otros; dentro de ese mismo grupo radical que propugnaba la independencia política de Venezuela sobre la dominación española, también se encontraba el Club de los Sin Camisa.

Pero lo que se puede considerar como el primer partido político venezolano como tal, es el Partido Liberal fundado por Antonio Leocadio Guzmán en 1840, el cual hace que los conservadores que habían gobernado desde 1830 a ese país se agrupen formalmente en el Partido Conservador. Las luchas entre los partidos Liberal y Conservador eran exclusivamente de las élites de poder, ya que el ciudadano común no tenía el derecho al voto, salvo aquellos que eran alfabetos o tuvieran propiedades. Otros partidos que tuvieron importancia durante algún tiempo del siglo XIX, destacan la Sociedad Democrática de Santa Rosalía, luego denominado Partido Federal, fundado en 1858 y la Sociedad Política y Religiosa de Santa Rosalía, fundada en 1868, mejor conocidos como los Lincheros de Santa Rosalía, que se caracterizaban por acciones violentas.

Durante el primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco en 1870, éste se encarga de reunir todas las fuerzas liberales bajo un partido denominado Unión Liberal, que poco después se transforma Partido Liberal de Venezuela, para finalmente denominarse como Gran Partido Liberal Amarillo (GPLA). A partir de 1898 el GPLA lo pasa a liderar Joaquín Crespo.

En las elecciones del 1 de febrero de 1897 el Partido Liberal Nacionalista de José Manuel Hernández (“El Mocho” Hernández) llevó por primera vez a cabo una campaña electoral de tipo moderno, aunque estas elecciones han sido juzgadas como fraudulentas ya que el candidato oficialista del Gran Partido Liberal Amarillo Ignacio Andrade obtuvo 406.610 votos, mientras que el caudillo opositor Hernández (que realizó una gira a nivel nacional y gozaba de relativa popularidad) sólo obtuviese 2.206 votos.1 Todos estos partidos se disolvieron a principios del siglo XX durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.

LA GENERACIÓN DEL 28

Pese a que la revuelta estudiantil contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, mejor conocida como la Generación del 28 es el embrión de los partidos políticos modernos, en 1927 nace el Partido Revolucionario Venezolano que luego en 1931 se transformaría en el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV), junto con éste se fundaría la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI) que incluiría buena parte de los estudiantes que participaron en la “Generación del 28”. Debido a la política del gobierno de prohibir las actividades comunistas en territorio venezolano, en 1935 el PCV es inhabilitado y se transforma en el Partido Republicano Progresista (PRP); poco después ARDI se transforma en el Movimiento Organización Venezolana (ORVE), que en 1937 se va a unir al Partido Democrático Nacional (PDN) junto con el PRP y el Bloque Nacional Democrático (del Zulia); esta unión de todos los partidos de oposición se hizo cada vez más frágil debido a las diferencias ideológicas entre sus miembros, es así como nace del ala no marxista del PDN, el partido Acción Democrática (AD) en 1941 y la refundación del PCV. Seguidamente empezaron a florecer otros partidos, en algunos casos personalistas como la agrupación Partido Democrático Venezolano (PDV) del presidente Isaías Medina Angarita fundado en 1941. En la década de los cuarenta también nacieron otras organizaciones importantes como la Unión Republicana Democrática (URD) fundada en 1945, en la cual convergían ex miembros del antiguo PDN y del PDV; y en 1946 es fundado el partido socialcristiano COPEI cuyo origen se remonta también al sector cristiano de la “Generación del 28”. Las acciones de los partidos políticos venezolanos quedarían limitadas o completamente nulas, durante el periodo de la Junta Militar de Gobierno, presidida por Carlos Delgado Chalbaud junto a Luis Llovera Páez y el General Marcos Pérez Jiménez (Presidente para el periodo 1952-1958), desde 1948 hasta enero de 1958, el único partido que gozaba de libertad era el oficialista Frente Electoral Independiente (FEI) y con mayores limitaciones URD y COPEI, el resto sería ilegalizado.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DESDE 1958

Con el retorno de la democracia a Venezuela en 1958 se vuelven a legalizar los partidos políticos. AD, COPEI y URD deciden firmar el Pacto de Punto Fijo, excluyendo al PCV de dicho acuerdo, que consistía en la defensa de la constitución, el respeto de los resultados electorales, conformación de un gobierno de unidad nacional, entre otros; en 1960 URD se retira del Pacto luego de grandes diferencias con el presidente Rómulo Betancourt. En las elecciones de 1958 y 1963 los tres partidos dominantes se disputaron con reales posibilidades de triunfo la presidencia de la República, pero en los comicios de 1968 aparece por primera vez el fenómeno del bipartidismo en Venezuela, ya que AD y COPEI juntos obtuvieron el 57% de los votos y llegaría hasta un 93,3% en las elecciones de 1988. Durante este período el MAS fue la fuerza política más estable fuera de AD-COPEI, otros partidos como URD comenzaron a perder peso político desde entonces y algunos otros como el Movimiento Electoral del Pueblo lograron altos niveles de aceptación por breve tiempo. En las elecciones de 1993 se rompe con el bipartidismo fundamentalmente por tres razones, al ser electo Rafael Caldera por el partido Convergencia, el crecimiento de un partido de izquierda La Causa Ry la crisis social que había hecho perder credibilidad a los partidos tradicionales (AD-COPEI).

PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ACTUALIDAD

Aun cuando el bipartidismo había desaparecido en 1993, todavía quedaban figuras de la vieja política venezolana, pero la situación cambia en 1998 cuando se derrumbó ese modelo tradicional, al ganar las elecciones presidenciales Hugo Chávez con su agrupación política Movimiento V República (MVR) que integraba una coalición denominada Polo Patriótico junto con otros partidos de izquierda entre los cuales se encontraba el MAS, Patria Para Todos (PPT) y el PCV, e9833050-Altavoz-de-dibujos-animados-con-traje-de-negocios-y-la-tribuna--Foto-de-archivontre otros. Al acceder Chávez a la presidencia, el MVR pasa a ser el nuevo partido hegemónico.

Posteriormente de cara a elecciones presidenciales de Venezuela de 2012 surgió la coalición Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, cuyo candidato a presidente era Hugo Chávez.

Desde ese momento AD y COPEI  comenzaron a perder peso político a nivel nacional hasta el punto que ambos partidos sumaron solo un 11% de los votos en la elección presidencial de 1998 y luego en otros procesos electorales AD decidiera no presentar candidatos ni su tarjeta a las elecciones presidenciales de 2000 y 2006. Por otra parte el MAS creció luego de darle su apoyo a Chávez y cuando se retiró de la coalición el partido se dividió, quedando el MAS muy relegado.

Para febrero de 2007 existían 103 partidos políticos de carácter nacional según el Consejo Nacional Electoral” 2 de los cuales 96 debían renovar su nómina de adherentes a fin de mantener su vigencia legal por no cumplir con el mínimo establecido por la ley de obtener al menos un 1% de los votos en las elecciones nacionales.

Desde el anuncio de la reforma constitucional la oposición se había dividido en dos grupos, uno que confiaba en la vía electoral, como Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia y otro sector radical conformado por Alianza Bravo Pueblo, Alianza Popular, Acción Democrática, y Comando Nacional de la Resistencia,3 que no cree en una salida electoral y según ellos (ABP) “el CNE dará los escrutinios que le convengan al gobierno”.4 además de considerar que la reforma sería “un fraude constitucional” según AD.5 Justo antes del referendo esas organizaciones se decidieron unir al grupo liderado por UNT y PJ.

Bandera Roja es el único partido revolucionario socialista que está en la Unidad, y señala que Chávez es revisionista.

En marzo de 2007 se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la organización política más grande de ese país tras la fusión de varios partidos políticos pro-chavistas entre ellos el MVR (el más grande para entonces), Mi Gato, Liga Socialista, Movimiento por la Democracia Directa y Unión, entre otros. El PSUV logró inscribir 5,6 millones de militantes cifra sin precedentes en la historia política venezolana, un año después eligió a sus autoridades provisionales con la participación de unas 94 mil personas que representaban el 90% de los llamados a participar en la votación.

Primero Justicia.

En este nueva etapa nacen organizaciones como Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo que junto a AD, COPEI  y el MAS lideran la oposición venezolana. De este período destaca la transformación política de Venezuela donde los partidos tradicionales fueron desplazados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Podemos y el PPT (Patria Para Todos).

DIVISIONES Y FUSIONES

Escisiones

Una particularidad del sistema partidista venezolano es la dispersión de las agrupaciones políticas que pasan desde la derecha hasta la izquierda, las escisiones son el modelo predominante, los casos más significativos han sido los que se presentan en el siguiente cuadro.

PARTIDO POLÍTICO ESCISIÓN AÑO
ACCIÓN DEMOCRÁTICA MIR 1960
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE INTEGRACIÓN NACIONALISTA 1962
MOVIMIENTO ELECTORAL DEL PUEBLO 1967
BANDERA ROJA 1970
MOVIMIENTO DE INTEGRIDAD NACIONAL-UNIDAD 1977
APERTURA 1997
UN NUEVO TIEMPO 1999
ALIANZA BRAVO PUEBLO 2000
ENCUENTRO NACIONAL 2000
POLO DEMOCRÁTICO 2005
COPEI CONVERGENCIA 1993
PROYECTO VENEZUELA 1998
PRIMERO JUSTICIA 2000
PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN VENEZOLANA 1966
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 1971
LA CAUSA RADICAL 1971
VANGUARDIA UNITARIA COMUNISTA 1978
UNIÓN REPUBLICANA DEMOCRÁTICA INTEGRACIÓN REPUBLICANA 1958
VANGUARDIA POPULAR NACIONALISTA 1964
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO INDEPENDIENTE 1966
UPI 1999
MOVIMIENTO REPUBLICANO NACIONAL 1978
LA CAUSA RADICAL PATRIA PARA TODOS 1997
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA 1999
PODEMOS 2002
IZQUIERDA UNIDA 2003
ALIANZA BRAVO PUEBLO POLO DEMOCRÁTICO 2001
PODEMOS VAMOS 2003
AVANZADA PROGRESISTA 2012
MOVIMIENTO V REPÚBLICA SOLIDARIDAD 2001
UNIDAD POPULAR VENEZOLANA 2005
UN NUEVO TIEMPO
VOLUNTAD POPULAR 2010
MOVIMIENTO ECOLÓGICO DE VENEZUELA NINGUNO 2008
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA NUEVO CAMINO REVOLUCIONARIO 2008
VANGUARDIA BICENTENARIA REPUBLICANA 2011
AVANZADA PROGRESISTA 2012
MONAGAS PATRIOTA 2012
MAREA SOCIALISTA 2014
PATRIA PARA TODOS AVANZADA PROGRESISTA 2012
MOVIMIENTO PROGRESISTA DE VENEZUELA 2012

 

También es corriente el cambio de partido de muchos políticos, como la ex diputada Liliana Hernández, que en sus inicios militó en AD, para luego a pasar a Alianza Bravo Pueblo y siendo diputada de éste pasó al partido Primero Justicia, ahora forma parte de la dirección general del partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Así como el exparlamentario y ex alcalde de Caracas Aristóbulo Istúriz que pasó por el MEP, La Causa R, fue fundador del PPT y luego se retiró de éste para sumarse al PSUV.

Coaliciones

  • Gran Polo Patriótico (GPP): PSUV – Partido Revolucionario Venezolano (PRV) – MEP – TUPAMARO – PCV – Organización Socialista – PPT – Organización Renovadora Auténtica (ORA) – PODEMOS – REDES.
  • Mesa de la Unidad Democrática (MUD): Acción Democrática (AD) – Alianza Bravo Pueblo (ABP) – Avanzada Progresista (AP) – Convergencia – COPEI – Cuentas Claras (CC) – Fuerza Ciudadana – Fuerza Liberal (FL) – Gente Emergente (GE) – Causa R (LCR) – MABS – MPV – MOVERSE – Primero Justicia (PJ) – Progreso (PRG) – Proyecto Venezuela (PRVZL) – PUENTE – UVV – UNPARVE – UNOE – Un Nuevo Tiempo (UNT) – Vente Venezuela (VV) – Voluntad Popular (VP).
  • Gran Alianza Nacional Alternativa (GANA): Bandera Roja (BR) – Opinión Nacional (OPINA) – Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV) – Unión Republicana Democrática (URD) – Solidaridad Independiente (SI) – Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN-Unidad) – Movimiento al Socialismo (MAS) – Movimiento Laborista (ML).

Fusiones y coaliciones

Los intentos de fusión de esta gran variedad de agrupaciones por lo general han fracasado como la Coordinadora Democrática, que agrupó una coalición inmensa de partidos políticos opositores muy diversos desde tendencias de centro-derecha como el liberales, conservadores, democristianos (COPEI , Proyecto Venezuela, Primero Justicia), socialdemócratas (AD, MAS) y comunistas (como Bandera Roja) que solo sobrevivió de 2002 hasta 2004.

Sin embargo es común desde 1998 que al presentarse elecciones presidenciales se agrupen en dos coaliciones, como en las elecciones de ese año que se presentaron el Polo Patriótico liderado por el MVR y el Polo Democrático liderado por Proyecto Venezuela. En las elecciones presidenciales de 2006 participaron dos grandes coaliciones; una por el gobierno de Hugo Chávez, bajo la denominación Bloque del Cambio (de tendencia socialista y nacionalista) y otra por la oposición que apoyó a Manuel Rosales dentro de la Unidad Nacional, que concentraba más de 40 partidos (de tendencia heterogénea: social demócrata, democracia cristiana, liberal-conservador, ultraconservador).

Los partidos más votados en estas últimas elecciones por parte del bloque del cambio fueron MVR, Podemos y PPT, mientras que por la Unidad Nacional fueron los partidos Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, mostrando así la transformación ocurrida en el escenario político venezolano desde finales del siglo XX.

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A principios de 2007 luego del anuncio de Hugo Chávez a finales de 2006 de formar el Partido Socialista Unido de Venezuela que podría agrupar todas las fuerzas o la mayor parte de ellas que apoyan la Revolución Bolivariana, algunos sectores de la oposición optaron por fusionarse, Un Solo Pueblo, Izquierda Democrática y el Polo Democrático se unieron a Un Nuevo Tiempo, mientras que otros cinco partidos de oposición se unieron en un bloque -sin fusionar los partidos- para crear el Directorio Popular Alternativo con la integración del Movimiento Republicano, Visión Emergente, Movimiento Laborista, Fuerza Liberal y Solidaridad Independiente (SI).

En las elecciones presidenciales de 2012 y las adelantadas de 2013 persistió la conformación de dos bloques principales, dentro del grupo de gobierno nuevamente fue el Gran Polo Patriótico, mientras que la mayor parte de la oposición se presentó por la coalición Mesa de la Unidad Democrática, siendo los candidatos Hugo Chávez y Nicolás Maduro (fallecido aquel) por un lado y Henrique Capriles Radonski por el otro.

Partidos políticos desaparecidos

  • Partido Conservador (1830-tercer cuarto de siglo XIX)
  • Partido Liberal (1840-finales del Siglo XIX)
  • Partido Liberal Restaurador- PLR (1900-1908)
  • Partido Democrático Venezolano-PDV (1941-1945)
  • Integración Republicana-IR (1958-1964)
  • Movimiento Electoral Nacional Independiente-MENI (1830-1897)
  • Partido de la Revolución Venezolana-PRV (1961-1980)
  • Partido Revolucionario de Integración Nacionalista-PRIN (1962-1973)
  • Frente Nacional Democrático-FND (1964-1973)
  • Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR (1960-1983 MAS)
  • Fuerza Democrática Popular-FDP (1962-1993)
  • Nuevo Orden-NOR (1974-2001)
  • Cruzada Cívica Nacionalista-CCN (1965-2005)
  • Izquierda Democrática-IzD (1999-2007 UNT)
  • Polo Democrático-PD (2005-2007 UNT)
  • Movimiento V República-MVR (1997-2007 PSUV)
  • Movimiento Independiente Ganamos Todos-MiGato (1997-2007 PSUV)
  • Liga Socialista-LS (1969-2007 PSUV)
  • Movimiento por la Democracia Directa-MDD (2000-2007 PSUV)
  • Unión (2001-2007 PSUV)

En un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.

Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres y su estructura interna y funcionamiento han de ser democráticos.

Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de asociación.

  • No tienen naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos y por tanto sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción personal libre, los asumen al integrarse en tales organizaciones.

REFERENCIAS

AGUIRRE P., BEGNÉ A. y WOLDENBERG J. Sistemas políticos, partidos y elecciones. México: Nuevo Horizonte Editores. 1997.

PRUD’HOMME, JEAN FRANCOISE, Elecciones, partidos y democracia. Siglo XXI, México, 1994.

Colaboradores de Wikipedia. Partidos políticos de Venezuela [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, Disponible en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partidos_pol%C3%ADticos_de_Venezuela&oldid=98955183&gt;.

 

PODER CONSTITUYENTE

El Poder es la suprema potestad del Estado que lo autoriza para imponer decisiones de carácter general y regir, aun coercitivamente, según reglas obligatorias, la convivencia de cuantos residen en su territorio sujeto a sus facultades políticas y administrativas que los obedecerán

DEFINICIÓN DE PODER

 “El poder es la probabilidad de que cierta orden sea obedecida por algún grupo.” (Weber, definición normativa).

El Poder constituyente es la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo, para constituir un Estado dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga. El poder constituyente puede ser delegado a una asamblea o a una convención.

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Titularidad del Poder constituyente: En lo que respecta a la titularidad de la soberanía, a partir de la Revolución Francesa es el pueblo quien la ostenta, y no el rey. Y en la misma medida en que la soberanía se concibe como parte inherente del pueblo, el poder constituyente también corresponde, como ya se ha señalado, única y exclusivamente al Pueblo al pueblo

Así pues, el poder constituyente es de absoluta pertenencia del pueblo; es el resultado de la expresión soberana de una Nación, traducida en la elección de una asamblea encargada de redactar y promulgar una Constitución.

El poder constituyente originario no puede encontrar fundamento en ninguna norma y por tanto no puede poseer una naturaleza jurídica. Como se ha afirmado, la tarea del poder constituyente es política, no jurídica. El poder constituyente, al ser origen del Derecho, no puede tener dicha naturaleza.

Emmanuel Joseph Sieyès, en su obra “Qué es el Tercer Estado”, atribuía dos características al poder constituyente: es un poder originario y único, que no puede encontrar fundamento fuera de sí; y que era un poder incondicionado, es decir, que no posee límites formales o materiales.

CARACTERES DEL PODER CONSTITUYENTE

  • Es supremo. No es constituido y no depende de ningún poder anterior. Es supremo, porque se coloca encima de los demás poderes que va a constituir.
  • Es extraordinario. Porque es único. Solo se presenta en circunstancias muy especiales, como en las revoluciones, y solo ocurre una sola vez.
  • Es directo. Porque proviene directamente de la voluntad del pueblo.
  • Es soberano. Porque a través de esta potestad el pueblo puede establecer lo que más le convenga y porque no se encuentra sometido de antemano a ninguna norma.
  • Es incondicionado. Porque establece su ordenamiento jurídico de la manera que el pueblo quiera.

CLASES DE PODER CONSTITUYENTE

  • Poder Constituyente Originario
  • Poder Constituyente Derivado

PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO

Aquel que funda un Estado o que cambia la constitución de un Estado luego de una Revolución. Llamado también Poder  Constituyente Absoluto, Político, Revolucionario, Fundacional o En Etapa de primigeneidad.

Es el verdadero Poder Constituyente, se da luego de las revoluciones. Su principal carácter es: destruye todas las instituciones preexistentes y crea nuevas.

PODER CONSTITUYENTE DERIVADO

Es aquel cuyo ejercicio está regulado y limitado por el poder constituyente originario a través de la Constitución. Llamado también Poder Constituyente Jurídico o Reformador. Actualmente ya no se acepta esta clase de poder constituyente, ahora todo Poder Constituyente, es originario.

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LÍMITES`DEL PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO

El Poder Constituyente no tiene restricciones porque su carácter es extraordinario, supremo y directo, algunos autores (Sieyès) establece que las únicas limitaciones podrán ser algunos derechos naturales y éticos (derecho la vida) por la sencilla razón de que los derechos fundamentales del hombre valen como anteriores y superiores al Estado. Aunque es refutado por autores que dicen que los derechos fundamentales no son límites al Poder Constituyente, sino su base, el fundamento, el principio del mismo.

430px-1830VAConstConv01-1.jpgPero otros autores dicen que el Poder Constituyente si tiene restricciones, solo la voluntad divina no tiene restricciones, la voluntad humana está condicionada y el poder constituyente, está condicionada por el proceso político del momento en que es ejercido por el pueblo.

Según a las ideas de la Ilustración que aportaron a la Teoría del Poder Constituyente dice que el límite del Poder Constituyente es el Principio de la división de poderes, asumido como dogma por el constitucionalismo liberal. Es decir, el Poder Constituyente no se puede eliminar esta división al constituir, al conformar un Estado.

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REFERENCIAS

MACHICADO, Jorge,” ¿Qué es el Poder Constituyente?“, Apuntes Juridicos ™, 2013 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/pcac.html

Vanossi, “Los límites del poder constituyente” en Estudios De Teoría Constitucional, Bs.As. Argentina, , 1975, http://www.bibliojuridica.org/libros/1/208/15.pdf

Emmanuel Joseph Sieyès. Político y abate francés que escribió el famoso panfleto titulado ¿Qué es el tercer estado? (http://www.der.uva.es/constitucional/materiales/libros/Sieyes_Cap_V.pdf), publicado de forma anónima en 1789 en París para reivindicar los derechos del denominado tercer estado (uno de los tres estamentos sociales franceses desde la Edad media; los otros dos eran el clero y la nobleza).

¿QUÉ SE ENTIENDE POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE?

                              Escrito por Edgar Varela®

En estos últimos días en Venezuela, se habla de una asamblea nacional constituyente, pues el mismo presidente Maduro invocó el artículo 347 de la norma Constitucional.

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¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente?

UNA CONSTITUYENTE ES UN PACTO AMPLIO DE MÁXIMO CONSENSO, es decir, es la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo para constituir un Estado dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga. El poder constituyente puede ser delegado a una asamblea o a una convención.

La norma constitucional recoge  lo siguiente:

“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

En primer lugar, legalmente hablando el presidente tiene potestad para ello, de acuerdo al artículo 348, aunque no podrá objetar la Constitución que resulte de ella y que podría poner fin a la aprobada en 1999 tras la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez.

¿Quiénes forman la Asamblea y cómo se eligen?

El primer mandatario explicó que la Constituyente estará formada por 500 miembros y que será elegida por “voto del pueblo”.

De los 500, “aproximadamente unos 200 o 250 serán electos por la base de la clase obrera”. No dio más detalles sobre cómo será la elección.

Los otros 250 se elegirán “en un sistema territorializado, con carácter municipal, en las comunidades, con voto directo, secreto”, añadió.

Según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, “la Asamblea debe estar conformada por los ciudadanos que, mediante el sufragio directo, secreto y universal, son elegidos constituyentes, más allá de la clase a la cual pertenecen”.

Por otro lado el presidente de la Asamblea Nacional afirmó que la iniciativa oficialista busca “huir del voto universal, directo y secreto del pueblo que en las calles exige respeto a la Constitución”.

BASES LEGALES

leyes

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

  • Artículo 347 El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
  • Artículo 348 La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
  • Artículo 349 El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.

Para que sirve  una CONSTITUYENTE: 

1) TRANSFORMAR EL ESTADO: tiene como facultad el cambiar todo el orden Constituido así como a todos los poderes electos y revocarlos y/o suspenderlos, además de hacerlos rendir cuentas por sus actos y gestiones, mediante un poder ilimitado.

2) CREAR UN ORDENAMIENTO JURÍDICO: Formar nuevas leyes y la normativa legal del estado, reafirmar, suspender o derogar leyes vigentes o partes de las mismas.

3) REDACTAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN: puede crear una nueva constitución (de ser necesario) o mejorar y adecuar la constitución vigente a la realidad que vive el País, a la voluntad soberana de la sociedad civil libre y democrática en pleno, pudiendo derogar y suprimir artículos y/o enmiendas.

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¿Qué cambia en la práctica?

El anuncio de Maduro deja claro algo que el chavismo ya había adelantado con la aprobación de un Parlamento Comunal en 2015, justo después de las legislativas que ganó la oposición pero antes de que se inaugurara el nuevo Parlamento.

Dicha organización, según anunció el gobierno en su momento, buscaba crear “un poder que le permita al pueblo disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes, forma de vida”.

Aunque las organizaciones comunitarias en Venezuela ya tienen un gran alcance a través de al menos 45.000 consejos comunales, la Constituyente le puede dar más prominencia y legitimidad constitucional.

Varios partidarios del chavismo han celebrado esta medida como una forma de reducir el poder y el espacio al sector privado y a la “burguesía”.

En el escenario también emerge ahora la celebración de unas elecciones, pero habrá que ver quiénes son exactamente los que pueden participar en ellas.

Por otra parte, la oposición, sin poder institucional, ha llamado a más protestas y a desconocer la Asamblea Constituyente. Así que es probable que continúe la tensión en la calle.

Al menos un tercio de los venezolanos pertenece a los sistemas de beneficios comunales del gobierno y puede, si se gestiona exitosamente, beneficiarse de estos mecanismos de asistencia estatales.

Sin embargo, es poco probable que la crisis económica -generada por el estancamiento de la producción nacional, la baja de los precios del petróleo y la merma del sector privado- se solucione a corto plazo, así como la inseguridad, que hace de Venezuela uno de los países más violentos del mundo.

¿Qué pasa con la Constitución actual?

La actual Carta Magna, promulgada en 1999 tras la llegada al poder de Hugo Chávez, será sustituida por la nueva.

Pero Maduro no quiere que se vea como una traición al que fue su antecesor y padre político, sino un “perfeccionamiento” del plan revolucionario y socialista del presidente fallecido en 2013.

Por ello propuso que las grandes misiones y los derechos de la juventud venezolana formen parte de la nueva Constitución, como una manera de proteger a largo plazo las políticas sociales de la revolución bolivariana.

Con ello quedaría estampado en la Carta Magna una concepción socialista del Estado que en la última década tanto los gobiernos de Chávez como de Maduro han ido reflejando en la práctica.

REFERENCIAS:

 Gaceta Oficial No 36.860 del 30 de Diciembre de 1999 – Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

 https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_constituyente

http://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/

http://constituyevenezuela.blogspot.com/