¿Qué es La apostilla de La Haya?

La apostilla de La Haya (o simplemente apostilla, también en francés: apostille, “nota” o “anotación”) es un método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito del Derecho internacional privado. Físicamente consiste en una hoja que se agrega (adherida al reverso o en una página adicional) a los documentos que la autoridad competente estampa sobre una copia del documento público. Fue introducido como método alternativo a la legalización por el Convenio de La Haya (también conocido como Convención de La Haya o Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado), de fecha 5 de octubre de 1961.

En algunos países como España, la apostilla puede obtenerse digitalmente (Apostilla Electrónica o e-App), sustituyendo la firma hológrafa de los documentos públicos apostillados por un certificado o firma electrónica válida, de conformidad con los estándares internacionales. En estos casos suele existir también un registro electrónico de apostillas (e-register), que reemplaza el tradicional fichero manual de apostillas por un registro electrónico de contraste que permite hacer un seguimiento puntual de las apostillas realmente emitidas.

Trámites de la apostilla en los diferentes países

En España

En España las autoridades competentes para certificar la autenticidad de un documento mediante la apostilla vienen establecidas por el Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre. Se distingue por el tipo de documento, por ejemplo: documentos administrativos, notariales, judiciales, etc.

En Ecuador

La entidad encargada de emitir la apostilla de la Haya en Ecuador es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en las Unidades de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el Ecuador.

Este trámite dura alrededor de 1 hora (o menos); y se atiende de 8:30 a 16:00; en la que un funcionario comprueba que el documento es de la entidad que busca ser tramitada, dando fe de la autenticidad del mismo.

Las siguientes notas tomadas de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y movilidad humana, explican los alcances y limitaciones de la apostilla

​”1. Las instituciones públicas ecuatorianas ni deben, ni pueden exigir legalización o apostilla de un documento ecuatoriano, si este va a ser utilizado en territorio ecuatoriano. 2. La Ley de Modernización del Estado en su Artículo 23 establece que: El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública, ni podrán exigir que los documentos otorgados en territorio extranjero, legalizados por agente diplomático o Cónsul del Ecuador acreditado en ese territorio extranjero, sean autenticados o legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”. Tales documentos deben ser presentados directamente en la entidad respectiva para el trámite de rigor. 3. Los documentos extranjeros que van a surtir efecto en el Ecuador, si vienen apostillados por la autoridad competente de cada país, no requieren ser apostillados ni legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Tales documentos deben ser presentados directamente en la entidad respectiva para el trámite de rigor. 4. Los documentos expedidos en otros países legalizados por un Cónsul Ad-Honorem del Ecuador, deberán ser certificados en las unidades de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Ecuador.

En Honduras

El Gobierno de Honduras, en seguimiento del artículo 6 del Convenio, designó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras como la entidad oficial para expedir la apostilla.

  1. a) Procedimiento para autenticar o apostillar documentos que surten efecto fuera de Honduras:
  • Los documentos expedidos por las instituciones del Estado, Educación Superior Pública y Registro Nacional de las Personas, deberán ser reconocidos por sus respectivas Secretarías Generales y posteriormente autenticadas/apostilladas en la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.
  • Los documentos autenticados por notarios públicos, deberán tener el reconocimiento de la Secretaría General de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
  1. b) Procedimiento para autenticar documentos que surten efecto dentro de Honduras:
  • Se autentican los documentos expedidos por autoridades diplomáticas y consulares hondureñas en el exterior autorizadas para dicho fin, que van a surtir efecto en Honduras.
  • Se autentican los documentos extendidos por autoridades hondureñas que van a surtir efecto en países que no forman parte del Convenio de La Haya (Apostilla).

Cuando una persona o su representante (abogado etc) presenta un documento en el Departamento de Auténticas, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Tegucigalpa, se le extenderá un recibo oficial TGR1 de la Tesorería General de la República y deberá llenar una solicitud donde tendrá que especificar el país de destino del documento; el recibo deberá de ser cancelado en una agencia bancaria con el valor indicado por cada documento que desee autenticar o apostillar.

En México

En México, si la autoridad que emite el documento a apostillar es federal, la apostilla la realiza la Secretaría de Gobernación, y si la emite una autoridad estatal o municipal, se tiene que recurrir a la autoridad designada por el Gobierno Estatal para tales efectos.

Los Gobiernos de los estados elaboran la apostilla de la siguiente documentación:

  • Documentos originales librados por autoridades del fuero común: deberán acudir a las oficinas del Gobierno del Estado que los emitió;
  • Documentos originales emitidos por notario y certificados por el Gobierno del Estado (excepto copias certificadas y cotejos).

Para poder realizar el Apostillado por parte de la Dirección de Coordinación Política con los Poderes de la Unión (DICOPPU), los documentos deben ser certificados previamente en original y librados por autoridades federales.

  • Requisitos para el trámite:

Al recibir la documentación, se revisa que cumpla con los siguientes requisitos:

  1. a) Revisión de documentación del usuario:
  • Documento original a tramitar, firmado por un funcionario público facultado o previamente certificado.
  • Recibo original de pago de derechos con sello de pagado del banco.
  • Identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite.
  • Clave Única de Registro de Población del interesado (CURP),​ para su cotejo.
  1. b) Revisión de documentación de foráneo:
  • Escrito libre de solicitud de trámite.
  • Documento original a tramitar, firmado por un funcionario público facultado o previamente certificado.
  • Recibo original de pago de derechos con sello de pago del banco.
  • Copia de identificación oficial vigente de la persona que realiza el trámite.
  • Copia de la CURP.
  • Guía de remisión con el que se envían los documentos y una guía pre-pagada (debidamente llenada) con gastos cubiertos de recolección para enviar la documentación tramitada.
  1. c) Revisión de documentación de exentos:
  • Oficio de solicitud de trámite.
  • Documento original a tramitar, firmado por un funcionario público facultado o previamente certificado.

Se revisa que la firma del servidor público que aparece en el documento a tramitar esté registrada en la base de datos de la DICOPPU; se coteja la firma, el nombre, el cargo, la fecha y la dependencia o institución que lo emite. En caso de que la firma del servidor público no esté registrada, se solicita a la Oficina de Registro y Digitalización de Firmas que realice las gestiones pertinentes para su registro.

Si se detecta alguna diferencia significativa entre la firma registrada y la que contiene el documento o cualquier otra irregularidad, el documento deberá turnarse al Subdirector de Formalización y Control para que este determine si el documento es original o un documento apócrifo, en cuyo caso se dará aviso a las autoridades correspondientes.

  • Pago de derechos y duración del trámite

El pago de los trámites de la apostilla deberá hacerse en cualquier banco mediante la hoja de ayuda que se obtiene de la página web de la DICOPPU

El monto que deberá cubrirse es de $782.00 (setecientos ochenta y dos pesos mexicanos).

Los trámites realizados en ventanilla por los usuarios se tramitan en 85 minutos (sin que excedan 5 documentos por usuario); los solicitados vía Control de Gestión Exentos se realizan el mismo día, y los solicitados por foráneos, dos días hábiles.

Si, al momento de validar el pago, el SISLAC no autoriza su autenticidad, este no se recibirá a menos que el banco donde se realizó el pago otorgue una carta donde describa el nombre de la persona que realizó el pago, el monto, el número de operación y la llave de pago.

  • Entrega de documentos

Concluido el trámite, los documentos serán entregados al usuario en la ventanilla correspondiente, presentando identificación oficial vigente y el contra-recibo debidamente lleno. Asimismo, se le proporcionará al usuario una encuesta de satisfacción.

La DICOPPU conservará el recibo de pago original del banco.

En el caso de documentos foráneos y exentos, una vez firmados se elabora el oficio correspondiente, tramitando la firma del director de Coordinación Política con los Poderes de la Unión o del Subdirector de Formalización y Control.

Ya firmado el oficio, en el caso de exentos, se entrega en el Departamento de Control de Gestión la documentación tramitada, el contra-recibo y la encuesta de satisfacción, que llenará la persona que recolecte el documento.

Si se tratara de documentos exentos fuera del Distrito Federal, se enviarán vía Correos de México; en el caso de foráneos, se enviarán a través de la empresa de paquetería elegida por el usuario; la documentación se envía en un sobre que contiene el oficio y la documentación tramitada. En estos casos, el contra-recibo será llenado por la DICOPPU.

  • Para foráneos y exentos, la DICOPPU armará un expediente con la siguiente documentación:

Oficio o escrito libre de solicitud de trámite. Guía con la que ingresó el trámite en el caso de foráneos. Acuse del oficio entregado vía Control de Gestión o la guía con la que se envió el trámite. Copias de los documentos que se tramitaron. Recibo original de pago en el caso de foráneos. Copia de Identificación oficial vigente y copia de CURP.

En Venezuela

En Venezuela la el trámite es realizado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Los requisitos son los siguientes:

1) Deberán consignar por cada documento la cantidad de 0,4 unidades tributarias en especies fiscales del Distrito Capital, y deberán consignarse adheridas a una hoja de papel blanca.

2) Los documentos públicos o privados deberán ser certificados por los ministerios correspondientes.

3) Solo se recibirán documentos originales emitidos por las instituciones venezolanas correspondiente.

4) Los documentos deben estar previamente legalizados:

  • Primero ante Registro Civil principal de su ciudad o estado (para la legalización de firmas), este debe consignar en cada documento 0.4 unidades tributarias. Y un depósito bancario dependiendo del documento para la inscripción (en taquilla le harán entrega de la planilla para realizar este depósito bancario). Dirección Distrito Capital: Av. Urdaneta, Frente al CICPC. Horario de recepción de documentos: de lunes a viernes de 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Entrega de documentos en 3 días hábiles.
  • Segundo ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (legalización de firmas del Registrador), este debe consignar en cada documento 0.4 unidades tributarias y hoja de rayas por cada documento. Dirección Distrito Capital: Av. Urdaneta cerca de la candelaria, al lado del Ministerio Público. Horario de recepción de documentos: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Entrega de documentos en 2 días hábiles.
  • Tercero ante Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (para su apostilla), este debe consignar en cada documento 0.4 unidades tributarias y hoja de rayas por cada documento. De no realizar los pasos anteriores los mismos no podrán ser apostillados. Dirección Distrito Capital: Departamento de Legalización, Avenida Urdaneta, Conde a Carmelitas. Esquina Principal. Torre MRE. Avenida Urdaneta (Oeste 1) Caracas, Venezuela. Horario de recepción de documentos: de lunes a jueves de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. La atención es por previa cita, la cual se debe solicitar a través de la página oficial del ministerio de relaciones exteriores. Entrega de documentos apostillados un día hábil de haber dejado los papeles en la institución.
  • Menores de edad están exentos del pago de unidades tributarias.
  • Si es “Apoderado” debe presentar el poder original, notariado y una copia del poder que debe ser consignado junto a los documentos. En todos estos pasos.
  • Si es familiar debe consignar una autorización emitida por el ciudadano, copia y original de la Cédula de ambos.

En Portugal

En Portugal el trámite se realiza con la Procuraduría General de la República. El organismo cuenta con seis localidades destinadas a atención al público para gestionar la apostilla: Lisboa, Coimbra, Évora, Oporto, Funchal (Madeira) y Punta Delgada (Azores).

En Colombia

En Colombia el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano es la autoridad competente para expedir la Apostilla de la Haya.

En Nicaragua

En Nicaragua el Ministerio de Relaciones Exteriores o cancillería por la Dirección General Consular es la autoridad competente.

En Costa Rica

En Costa Rica conforme con la ley N° 8923, publicada en La Gaceta N° 47 de 08 de marzo de 2011, se aprueba la adhesión de Costa Rica al Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961. Por lo tanto, a partir del 14 de diciembre del 2011, Costa Rica está autorizada para el otorgamiento de Apostillas.

Documentos que competen a la Dirección General de Servicio Civil – Certificados de capacitación – Cualquier documento público de la DGSC

Procedimiento –

Dirigirse a la institución donde se emite el documento requerido. En el caso de la DGSC se debe dirigir al Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) o a la Oficina de Cooperación Internacional, donde se colocara la firma correspondiente.

– Completar y traer impreso el formulario Solicitud de Firma para Apostilla.

– Pagar en la entidad financiera correspondiente el monto de ¢625.00 correspondiente a los timbres requeridos.

– Dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para su respectivo apostillaje.

Cancelación de los timbres de ley. – Timbre especies fiscales ¢125.00.

En Guatemala

En Guatemala el pleno del Congreso de la República, aprobó con fecha 19 de enero de 2016 el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros realizado en La Haya el 5 de Octubre de 1961, el Convenio fue ratificado por el Presidente de la República y posteriormente publicado en el Diario Oficial con vigencia a partir del 19 de febrero de 2016. En esa serie de etapas y después de haber transcurrido los seis meses para que cualquier Estado parte pueda oponerse a la adhesión del Estado de Guatemala, la apostilla entró en vigencia el 18 de septiembre de 2017.

Por medio del Decreto número 1-2016 del Congreso de la República de Guatemala designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como la única autoridad competente para aplicar el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los documentos públicos extranjeros y este aplica en los siguientes casos:

  • Los documentos emanados de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, de un Secretario, Oficial o Agente Judicial.
  • Los documentos administrativos. (Por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y otros de naturaleza similar).
  • Los documentos notariales.
  • Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como razones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.
  • Documentos emitidos por establecimientos de educación media, superior y otros diplomas académicos extendidos por instituciones públicas.
  • Certificaciones de registros mercantiles y patentes.

El Convenio no aplica a los siguientes documentos:

  • Los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares.
  • Los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera.

En el caso de Guatemala la Apostilla no tiene costo, sin embargo debe satisfacerse el impuesto al que se refiere el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo, el cual debe cubrirse adhiriéndose a cada certificado especies fiscales por valor de Q. 10.00.

La apostilla debe ser reconocida por el país de destino si cumple con los requisitos que exige la Convención.

La Apostilla podrá ser rechazada únicamente en los siguientes casos:

  • Si su origen no se puede verificar
  • Si los elementos formales difieren radicalmente del modelo establecido en la Convención.

La apostilla no puede ser rechazada si varía en diseño, tamaño, color o información adicional.

Los “certificados de Apostilla” emitidos por países que no son parte de la Convención serán rechazados.

Países miembros

Actualmente son 76 miembros de la Convención de la Apostilla:

  1. Albania
  2. Alemania
  3. Andorra
  4. Argentina
  5. Australia
  6. Austria
  7. Bielorrusia
  8. Bélgica
  9. Bolivia
  10. Bosnia-Herzegovina
  11. Brasil
  12. Bulgaria
  13. Chile (desde 30 de agosto de 2016)
  14. China (sólo Hong Kong y Macao)
  15. Chipre
  16. Costa Rica
  17. Colombia
  18. Corea del Sur
  19. Croacia
  20. Dinamarca
  21. Ecuador
  22. El Salvador
  23. Eslovaquia
  24. Eslovenia
  25. España
  26. Estados Unidos
  27. Estonia
  28. Finlandia
  29. Francia
  30. Georgia
  31. Grecia
  32. Guatemala (desde el 18 de septiembre de 2017)
  33. Honduras
  34. Hungría
  35. Islandia
  36. India
  37. Irlanda
  38. Israel
  39. Italia
  40. Japón
  41. Letonia
  42. Lituania
  43. Luxemburgo
  44. Malta
  45. Marruecos (desde el 14 de agosto de 2016)11
  46. Mauricio
  47. México
  48. Mónaco
  49. Montenegro
  50. Nicaragua
  51. Noruega
  52. Nueva Zelanda
  53. Países Bajos
  54. Panamá
  55. Paraguay
  56. Perú
  57. Polonia
  58. Portugal
  59. Reino Unido
  60. República Checa
  61. República Dominicana
  62. República de Macedonia
  63. Rumania
  64. Rusia
  65. Serbia
  66. Sudáfrica
  67. Surinam
  68. Suecia
  69. San Vicente y las Granadinas
  70. Suiza
  71. Tajikistan
  72. Turquía
  73. Ucrania
  74. Uruguay
  75. Vanuatu
  76. Venezuela
  77. Vietnam

Países no miembros de la Convención de La Haya

  1. Dominica
  2. Canadá
  3. China (excepto Hong Kong y Macao)
  4. Cuba
  5. Fiyi
  6. Granada
  7. Kazajistán
  8. Kirguistán
  9. Lesoto
  10. Liberia
  11. Liechtenstein
  12. Malaui
  13. Islas Cook
  14. Islas Marshall
  15. Moldavia
  16. Mongolia
  17. Namibia
  18. Niue
  19. Omán
  20. San Cristóbal y Nieves
  21. Santa Lucía
  22. Samoa
  23. San Marino
  24. Santo Tomé y Príncipe
  25. Seychelles
  26. Suazilandia
  27. Tonga
  28. Trinidad y Tobago
  29. Haití

REFERENCIAS

 

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SERVICIO DE APOSTILLA EXPRESS

Es usted ciudadano venezolano residenciado en el exterior y se le hace difícil Solicitar, Legalizar y Apostillar documentos, ante los Ministerios de Interior y Justicia, Relaciones Exteriores en Venezuela. No se preocupe por ello en Varela Legal Services,  le podemos ayudar a  través del Servicio de apostilla Express  y solicitud de Antecedentes Penales.

¿Qué es la Apostilla?

Una apostilla es una certificación proporcionada bajo la Convención de la Haye de 1961 para autenticar documentos para su uso en países extranjeros. La principal función de la apostilla es para certificar la autenticidad de la firma del documento. Simplemente, la apostilla es un certificado que se adjunta a otro documento para que sea aceptado cuando se utiliza en otro país.

TRÁMITES Y COSTOS:


Leer mas: ¿COMO SOLICITAR LOS ANTECEDENTES PENALES EN VENEZUELA?

*(CONSULTE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO)

REQUISITOS PARA TRAMITAR SUS SOLICITUDES:

  • Cédula de identidad legible a color y digitalizada.
  • En caso de estar registrado en la página de apostilla y/o antecedentes penales debe suministrar usuario y contraseña.
  • Correo electrónico Gmail (obligatorio).
  • Comprobante de pago (transferencia bancaria, western unión, paypal)

IMPORTANTE: El precio puede variar por concepto de las tarifas del envió internacional de los documentos.

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Puedes contactarme vía  Whatsapp (haciendo clic en el ícono)

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¿Como tramitar el Certificado de Movimiento Migratorio en Ecuador?

Si estas buscando como tramitar el Certificado de Movimiento Migratorio para poder llevar a cabo el trámite de tu visa o para hacer cualquier otra gestión, no te preocupes, en @AQUISEHABLADERECHO te explicamos cómo hacerlo de manera rápida y sin inconvenientes.

¿Qué es el Certificado de Movimiento Migratorio?
Como su nombre lo indica es un documento de registro migratorio, que muestra al detalle todas las salidas y entradas al país, que como ciudadano nacional o extranjero, has realizado. En él podrás observar también, los días de estadía que el oficial de migración te ha otorgado y si cuentas con una visa o un permiso de viaje, se verán reflejados en dicho documento.Además del caso de las visas, el Certificado de Movimiento Migratorio, se debe solicitar en caso de robo o pérdida del pasaporte, o si la persona solicitante necesita demostrar que no estuvo en determinado país.
El Certificado de Movimiento Migratorio es expedido en Ecuador por la Dirección Nacional de Migración. Es un trámite bastante simple, pero de fundamental importancia para poder realizar distintas actividades en el país, especialmente si estás pensando en solicitar algún tipo de visa.
¿Cuáles son los requisitos para el trámite del Certificado de Movimiento Migratorio?
1.- Cédula de Ciudadanía o en el caso de ser extranjero, el pasaporte válido y vigente. (O poder emitido por la Autoridad competente, en el caso de que el trámite no pueda llevarlo a cabo el titular y deba ser realizado por una tercera persona).

 

2.- Pagar el arancel determinado por la autoridad.
Procedimiento para llevar a cabo el trámite
Para poder obtener el Certificado de Movimiento Migratorio, deberás seguir los siguientes pasos:
1.- Dirigirte a la Dirección Nacional de Migración, acompañado de tu Cédula de Ciudadanía o pasaporte.
2.- Acercarte a la ventanilla de atención al cliente y notificar que deseas realizar la solicitud del Certificado de Movimiento Migratorio.
3.- Tomar el turno indicado para tu caso.
4.- Cuando llegue tu turno, preséntate de nuevo en la ventanilla con tu documento de identidad. Allí el funcionario te dará el recibo con el que deberás hacer el pago del documento, cuyo costo será de 5 dólares.
5.- Deberás proceder a llevar a cabo el pago del Certificado de Movimiento Migratorio.6.- Posterior al pago del documento, serás llamado de vuelta a la ventanilla, en la que deberás confirmar algunos datos personales y finalmente te sea entregado el documento requerido.
¿Sabías que puedes consultar tus movimientos migratorios en línea?
La Dirección Nacional de Migración, en conjunto con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, han desarrollado una herramienta con la que podrás obtener en pocos minutos el récord de tus datos migratorios.Para ellos deberás cumplir con los siguientes pasos:

1.- Hacer tu registro en la página Web Dato Seguro.

 

2.- Ofrecer la información personal que te sea solicitada, tales como: nombres, célular, número de teléfono, correo electrónico y contraseña.
3.- Te será enviado un correo de verificación a tu correo electrónico, que deberás validar haciendo clic en el link que te ha sido enviado.
4.- Haciendo la validación del registro, podrás iniciar sesión en cualquier momento.
5.- Si deseas obtener tu record de movimientos migratorios, hacer clic en la opción “Policía Nacional”, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la página.El récord de movimientos migratorios te mostrará, todas las entradas y salidas internacionales que realizaste, haya sido por Aeropuertos Internacionales o Puestos Fronterizos.
Datos que debes tener en consideración:
El trámite del movimiento migratorio es un trámite personal, por lo que no deberás pagarle a terceros para poder obtener dicho documento.
Como lo mencionamos al principio, es un documento que deberás tramitar en la Dirección Nacional de Migración en Quito, o en las Unidades de Control Migratorio, ubicadas a nivel nacional.
A pesar de que el trámite es rápido y el tiempo de espera es bastante corto (minutos), existen dos excepciones en las que podrá demorarse entre 24 a 48 horas.
La primera, que al ingresar los datos en el sistema, los mismos se encuentren duplicados y la segunda, que no exista un registro de los viajes que la persona realizó.
De no contar con un documento de identidad para la solicitud del Certificado de Movimiento Migratorio, debido a robo, hurto o pérdida, se deberá presentar la denuncia certificada por la autoridad competente.
En vista de que con el Certificado de Movimiento Migratorio, es tu forma de demostrar que has cumplido con las políticas de migración del país, si existiera algún inconveniente relacionado con tu estancia, o si te tomaste más días de los que el oficial de migración ha permitido, es recomendable que solicites asistencia antes de hacer la solicitud de este documento, sobre las posibles soluciones a tu estado migratorio.
IMPORTANTE: En este documento se imprimen únicamente los viajes realizados desde el año 2000 hasta la actualidad, ya que según la entidad, no se puede obtener información de años anteriores a este.
Fuente:
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Dirección Nacional de Migración de Ecuador
El Comercio Ecuador

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REQUISITOS PARA LA CEDULACIÓN DE EXTRANJEROS EN EL ECUADOR

En esta entrada esta especialmente dirigida a los extranjeros que se encuentran en la República del Ecuador.

CÉDULA EXTRANJEROS

TARIFAS:   

Primera Vez:                       $ 5,00      (Dolares Estadounidenses)
Costo por renovación:      $ 15,00   (Dolares Estadounidenses)

CEDULACIÓN A EXTRANJEROS POR PRIMERA VEZ

  • Comprobante de pago correspondiente a la tarifa vigente.
  • Original del certificado de registro y empadronamiento de extranjeros inmigrantes de primera vez vigente, expedida por la Dirección General de Extranjería, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
  • Original del pasaporte vigente.
  • Original de la Visa vigente.

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CEDULACIÓN A EXTRANJEROS POR RENOVACIÓN

  • Comprobante de pago correspondiente a la tarifa vigente.
  • Original del certificado de registro y empadronamiento de extranjero inmigrantes, expedida por la Dirección General de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
  • Original del pasaporte vigente.
  • Original de la visa vigente.

REQUISITOS PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA

  • Original del documento que acredite el nivel de instrucción (básico, bachillerato o superior registrado en el SENESCYT). De no presentar un documento que acredite el nivel de educación se verificará que el usuario sepa leer y escribir para registrar la instrucción como “Inicial”, caso contrario se ingresará como nivel de instrucción “Ninguna”.

Nota aclaratoria: En caso de estudios en el exterior se presentará el original o copia debidamente legalizada o apostillada y traducido.

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

  • La profesión se actualizará en función del título registrado en la entidad competente (SENESCYT). (No se requiere presentación física del título)
  • La ocupación corresponde a la manifestación verbal del usuario, siempre y cuando conste habilitado en el sistema de captura biométrica.

Nota aclaratoria: En caso de que el título se encuentre registrado en la entidad competente en otro idioma se requerirá la presentación del título debidamente apostillado o legalizado y traducido legalmente de ser necesario.

La Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, no es la entidad que certifica ocupaciones y profesiones, estos datos son referenciales para la identidad de las personas.

DOMICILIO

  • Se registrará la manifestación verbal del usuario.

DISCAPACIDAD

  • Se realizará la consulta de datos en línea del Ministerio de Salud Pública o se receptará el certificado emitido por la autoridad competente.

ATENCIÓN: A partir de febrero de 2016 las consultas, comentarios, quejas y/o sugerencias se canalizan a través de nuestra pestaña de Contacto. Si desea una atención personalizada agradecemos dirigir su texto a servicios@registrocivil.gob.ec

REFERENCIAS:

https://www.registrocivil.gob.ec/cedulacion/

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES

 

 El procedimiento de verificación tributaria es el procedimiento administrativo tributario por medio del cual, la Administración Tributaria revisa de oficio la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables, determinando la existencia o no de la obligación tributaria y constatando el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, pudiendo imponer, en caso de comprobarse irregularidades o incumplimientos que constituyan ilícitos tributarios, las respectivas sanciones”

TIPOS DE VERIFICACIONES TRIBUTARIAS:

La Administración puede realizar dos tipos de verificaciones: de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables; y de los deberes formales de los sujetos pasivos de la obligación tributaria. (Art 182)

VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

La verificación de las declaraciones del sujeto pasivo, representa una típica actuación comprobadora -por oposición a las actuaciones de investigación- de la Administración. En efecto, en este tipo de verificación la labor administrativa está encaminada a cotejar, revisar o comprobar los datos, informaciones y elementos consignados en las declaraciones tributarias, y no a investigar (descubrir) hechos y bases imponibles no declaradas o ignoradas, como ocurre en el procedimiento de fiscalización.

En el marco de este tipo de actuación, que se debe efectuar con fundamento exclusivo en los mismos datos de la declaración y en sus anexos, pudiendo adicionalmente la Administración Tributaria constatar la veracidad de dicha información con sistemas de información automatizada (artículo 184 del Código Orgánico Tributario), ésta podrá realizar los ajustes que considere pertinentes, así como liquidar las diferencias respectivas, con lo cual declarará la existencia o inexistencia de la obligación tributaria, esto es, determinará el tributo, estando facultada además para calcular los intereses moratorios e imponer una sanción equivalente al veinte por cien (20%) del tributo o cantidad a cuenta de tributos omitidos (artículo 185), todo mediante resolución.

VERIFICACIÓN DE DEBERES FORMALES

Por su parte, la Administración Tributaria también está facultada para verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y, de ser el caso, imponer sanciones (de multa o clausura) en caso de incumplimiento (Art 183),

Actuación ésta que, como se colige de su objeto, también representa una actuación comprobadora y no investigadora en sentido estricto.

A tenor del artículo 182 del código orgánico tributario, esta modalidad verificadora puede llevarse a cabo en dos lugares, a saber: en las instalaciones de la Administración Tributaria; y en la oficina del sujeto pasivo, en cuyo caso debe existir autorización expresa por parte de la Administración Tributaria, ya sea para verificar los deberes formales de un contribuyente en específico o para verificar dichos deberes a un grupo de contribuyentes, utilizando como factor común, por ejemplo, su ubicación geográfica o actividad económica.

RECURSO JERÁRQUICO:

            El Recurso Jerárquico procederá contra los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares, que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados. La norma pone de manifiesto que se deben dar las condiciones subjetivas necesarias para la procedencia del recurso, que exista un interés personal, legítimo y directo del recurrente.

Casos donde no procede el recurso jerárquico:

  1. Contra los actos dictados por la autoridad competente, en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación.
  2. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados internacionales.
  3. En los demás casos señalados expresamente en este Código o en las leyes.

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO:

Según el artículo 253, deberá interponerse mediante escrito (que califica de razonado), en el cual no sólo se expresen las razones de hecho y de derecho en las cuales se funda, sino también conste la asistencia o representación de abogado o de cualquier otro profesional afín al área tributaria. Así mismo, deberá acompañarse el documento donde aparezca el acto recurrido o en su defecto, el mismo deberá identificarse suficientemente en el texto del escrito. De igual modo, el contribuyente o responsable podrá anunciar, aportar o promover las pruebas que serán evacuadas en el lapso probatorio.

LAPSO DE INTERPOSICIÓN Y ANTE QUIEN SE INTERPONE:

En el artículo 254 se establece que el lapso para la interposición del Recurso Jerárquico es de veinticinco (25) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto que se impugna.

El Recurso Jerárquico deberá interponerse ante la oficina de la cual emanó el acto. Así mismo el artículo 256, establece que interpuesto el Recurso Jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto, si no fuere la máxima autoridad jerárquica, podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio, en caso de que compruebe errores en los cálculos y otros errores materiales, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la interposición del recurso. La revocación total produce el término del procedimiento. En caso de modificación de oficio, el recurso continuará su trámite por la parte no modificada.

Suspensión de efectos del acto recurrido:

La interposición del recurso no suspende los efectos del acto recurrido. No obstante, el interesado o interesada podrá solicitar la suspensión de los efectos, cuando de manera concurrente la ejecución del acto pudiera causarle graves perjuicios y la impugnación se fundamentare en la apariencia del buen derecho.

La solicitud deberá efectuarse en el mismo escrito del recurso, consignando todas las pruebas que fundamenten su pretensión. La Administración Tributaria deberá pronunciarse sobre la suspensión solicitada, dentro del lapso previsto para la admisión.

No podrá acordarse administrativamente la suspensión de los efectos respecto de las sanciones relativas a la clausura del establecimiento, comiso o retención de mercancías, vehículos, aparatos, recipientes, útiles, instrumentos de producción o materias primas, así como de la suspensión de actividades sujetas a autorización por parte de la Administración Tributaria.

La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida (Articulo 258)

ADMISIÓN DEL RECURSO:

El recurso jerárquico deberá ser admitido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la interposición del mismo. Si la oficina que deba decidir el recurso es distinta de aquella de la cual emanó el acto, el lapso se contará a partir del día siguiente de la recepción del mismo.

Se establecen igualmente las causales de inadmisibilidad del recurso en el artículo 260 y que son las siguientes:

1.- Caducidad del plazo para recurrir;

2.- Falta de cualidad o interés del recurrente;

3.- Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea Insuficiente.

4.- Falta de asistencia o representación de abogado.

La resolución que declare la inadmisibilidad del recurso deberá ser motivada y contra la misma podrá ejercerse el Recurso Contencioso Tributario previsto en este Código.

MEDIOS DE PRUEBA Y LAPSO PROBATORIO:

Una vez admitido el Recurso Jerárquico, se abrirá un lapso probatorio, el cual será fijado de acuerdo con la importancia y complejidad de cada caso, y no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles, prorrogables por el mismo término según la complejidad de las pruebas a ser evacuadas. Se prescindirá de la apertura del lapso para evacuación de pruebas en los asuntos de mero derecho, y cuando él o la recurrente no haya anunciado, aportado o promovido pruebas.

La Administración Tributaria podrá solicitar del propio contribuyente o de su representante, así como de entidades y de particulares, dentro del lapso para decidir, las informaciones adicionales que juzgue necesarias, requerir la exhibición de libros y registros y demás documentos relacionados con la materia objeto del recurso y exigir la ampliación o complementación de las pruebas presentadas, si así lo estimare necesario.

DECISIÓN DEL RECURSO:

La decisión del Recurso Jerárquico corresponde a la máxima autoridad de la Administración Tributaría, quien podrá delegarla en la unidad o unidades bajo su dependencia. (Artículo 260)

La Administración Tributaria dispondrá de un lapso de sesenta (60) días continuos para decidir el recurso, contados a partir de la fecha de culminación del lapso probatorio. Si la causa no se hubiere abierto a prueba, el lapso previsto en este artículo se contará a partir del día siguiente de aquel en que se hubiere incorporado al expediente el auto que declare no abrir la causa a pruebas. (Artículo 261)

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN.

Se inicia con una providencia, por cuya virtud se habilita a los funcionarios de la Administración Tributaria en ellas señalado al ejercicio de las facultades de fiscalización prevista en este COT, por tanto es un acto administrativo de trámite que resulte esencial para iniciar la actuación fiscal, a tal punto que su omisión no obliga al responsable.

Finalidad: Evitar desviaciones de poder y proteger el derecho a la inviolabilidad de archivos privados previsto en el artículo 48 constitucional.

Contenido.

  • Contribuyente o responsable.
  • Elemento constitutivo de la base imponible a fiscalizar.
  • Identificación de los funcionarios.
  • Cualquier otra información que permita individualizar las actuaciones.

Omisión de la autorización: resulta en la nulidad absoluta, art 250 #4.

NOTIFICACION: La cual autoriza a los funcionarios de la administración tributaria en ella señalados al ejercicio de sus facultades.

PRACTICA DE LA FISCALIZACIÓN: Inicia al día hábil siguiente de la notificación  y es donde la administración tributaria va a ejercer sus facultades para el cobro de la obligación tributaria articulo 137 COT, en dicha práctica se deberá llevar expedienté donde se incorporan documentos que soportan las actuaciones de los funcionarios, además se hacen constar los hechos y omisiones que se hubiese apreciado. Art. 189 COT

Aseguramiento de la información: Art. 191-192 COT.

Resultado de la investigación: Culminada la fase de fiscalización, la actuación fiscal debe emitir un acta de conformidad o un acta de reparo.

  1. Acta de conformidad: Es aquel acto administrativo que pone fin a la investigación fiscal practicada, declarando la situación tributaria del contribuyente o responsable, resulta conforme a las leyes que regulan la determinación del tributo.
  2. Acta de reparo fiscal. Es aquel acto administrativo de tramite a través del cual la Administración Tributaria en uso de sus funciones de investigación, deja constancia de las objeciones formuladas a la situación jurídica tributaria del contribuyente o responsable como resultado de la fiscalización practicada lo que se puede contradecir en el descargo y la presentación de prueba en su oportunidad. Pero dicho acto administrativo es inimpugnable ya que por su naturaleza es un acto de mero trámite, establece la jurisprudencia ‘’ el acta fiscal es un acto de mero trámite que no pone fin al procedimiento instruido ni al asunto debatido que tiene carácter preparativo y como tal no es susceptible de impugnación directamente mediante recurso contencioso tributario a menos que cause indefensión. ’’.

REQUISITOS DEL ACTA DE REPARO. ART. 193

Efecto de la notificación del acta de reparo.

  • Presunción de veracidad: El acta de reparo hace plena fe mientras no se pruebe lo contrario, esto no implica que la carga de la prueba recae en su totalidad al contribuyente ya que esto va a depender del medio de prueba.
  • Interrupción de la prescripción: Por ser un acto administrativo notificado interrumpe la prescripción, Art.60
  • Garantía del derecho a la defensa: Pone a conocimiento del contribuyente los hechos.
  • Emplazamiento del contribuyente: Invitación a regularizar su situación tributaria.
  • Efecto Probatorio: Hace prueba para solicitar medidas cautelares.
  • Omisión: Invalida el procedimiento.

Aceptación: Trae como consecuencia la terminación acelerada del procedimiento, a cuya virtud la Administración Tributaria debe emitir la resolución correspondiente. Existe discusión en la doctrina acerca de que si la aceptación le otorga firmeza al reparo, por lo que no podría impugnarse, pero otro criterio afirma que si es posible cuando el cálculo no es correcto por razones de inconstitucionalidad o pago indebido. La aceptación puede ser total o parcial, si es total se cancela el tributo mas el 30% de multa según el artículo 196 y 112 del COT, si es parcial la multa se aplica a la parte aceptada y pagada, el resto se discutirá por el sumario.

Escrito de descargo: Constituye el medio a través del cual el contribuyente expone las razones de hecho y de derecho que lo llevan a contradecir las objeciones plasmadas en el acta de reparo y el lapso para interponerlo será de 25 días hábiles luego de vencido el lapso de emplazamiento. Art. 198COT

Evacuación de pruebas: Sera un lapso de 15 días pudiéndose prorrogar por un periodo igual justificado. Art. 199COT y se regirá a lo procedente en materia de prueba. El lapso previsto en este artículo no limita las facultades de la Administración Tributaria de promover y evacuar en cualquier momento.

Resolución Culminatoria: Es el acto administrativo que pone fin al procedimiento y la Administración Tributaria tendrá un plazo máximo de un año a partir del vencimiento del lapso del escrito de descargo para dictar dicho acto.

Requisitos. Art.201 COT

Efectos de la Resolución Culminatoria:

  • Cosa determinada.
  • Ejercicio de la acción penal
  • Interrupción de la prescripción.

Otras particularidades: Se puede iniciar el procedimiento sin providencia cuando la fiscalización se hace en la oficina de la Administración Tributaria con sus propios datos. Art. 190 COT

Los lapsos para la fiscalización de precios de transferencia van a ser más extenso de 5 meses para el descargo y de 2 años para la resolución Culminatoria.

PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN.

Es realizado con anterioridad al juicio ejecutivo que llevará a cabo a administración tributaria para el cobro de obligaciones líquidas exigibles, resultado de tributos, multas e intereses. La administración tributaria intimara al deudor con el fin de requerirle el pago total de la deuda, concediéndole un plazo debidamente otorgado por la ley, para que este pueda oponerse a la intimación mostrando el comprobante de pago de la deuda o la prescripción de ella, O para q efectivamente realice el pago de la deuda.

Naturaleza: Radica en derechos pendientes de naturaleza tributaria o bien sea en obligaciones de carácter tributario, las cuáles su plazo de pago han sido vencido. Cabe destacar que debido a que este procedimiento se realiza previo al juicio ejecutivo también posee naturaleza preparativa, ya que el acto contentivo de este servirá como documento fundamental de la demanda de ejecución o como título valor.

Efectos.

Efecto inmediato: El pago mediante gestiones extrajudiciales, de obligaciones contenidas en un acrobacias administrativo firme, previamente notificado o de las sumas restantes que no fueron sumadas a la cuenta del contribuyente al momento del pago del tributo.

Efecto Mediato; este se produce cuando no se consigue el pago de la deuda, y el contribuyente no la logrado probar el pago o su prescripción. Este procedimiento da origen a la apertura del juicio de ejecución

SEMEJANZAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.

  • el órgano competente de su ejecución es el SENIAT
  • ambos se inician con la emisión y notificación de la providencia
  • Se solicitó mediante acta de requerimiento y recepción los libros, facturas y todos los documentos relacionados con el procedimiento
  • En ambos se apertura un documento.

Diferencias

  • En el Procedimiento de fiscalización se lleva a cabo un acta de reparo, mientras que el procedimiento de verificación no existe esta figura.
  • el procedimiento de finalización gira en entorno al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el procedimiento de verificación, se encarga de verificar el cumplimiento de los deberes formales
  • a fiscalización se podrá realizar en las oficinas de los contribuyentes, la verificación debe realizarse en sede administrativa si lo amerita el asunto

PROCEDIMIENTO DE REPETICIÓN DE PAGO

El presente procedimiento en su primer articulado establece que los contribuyentes o responsables interesados en la restitución de lo pagado indebidamente por concepto de tributos, sanciones o intereses, deberán presentar la solicitud en los términos y condiciones establecidos en el COT, para hacer valer la repetición se debe presentar mediante solicitud ante la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria respectiva, la cual debe contener la identificación del contribuyente o responsable, copia del formato de Registro de Información Fiscal (RIF), copia de la documentación de constitución y representación de la persona jurídica, comprobantes del pago del tributo objeto de repetición, como prueba por excelencia de su reclamo entre otros. (Si faltare alguno de los requisitos no será causal de inadmisibilidad, sino que se le notificara al interesado para que en un plazo de 10 días hábiles proceda a subsanar) para que aquélla pueda formar criterio y emitir la decisión dentro de un plazo que no deberá exceder de 2 meses, contados a partir  de la fecha en que haya sido recibido. Ahora bien, si la reclamación no es resuelta en el plazo indicado, el contribuyente o responsable podrá optar por esperar la decisión o considerar que por el transcurso del plazo aludido sin haber recibido contestación es equivalente a denegatoria de la misma, por contraparte, si resulta favorable, el contribuyente podrá optar por compensar o ceder lo pagado indebidamente. Vencido el plazo o resulto de manera parcial o totalmente desfavorable el reclamante quedara facultado para interponer el Recurso Contencioso Administrativo en cualquier tiempo siempre que no se haya cumplido la prescripción, siendo de 6 años según el artículo 59 numeral 4.

DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE INCOBRABILIDAD

     Artículo 208.

A los efectos de proceder a la declaratoria de incobrabilidad prevista en este Código, el funcionario competente formará expediente en el cual deberá constar:

1) Los actos administrativos que contengan la deuda tributaria que se pretende declarar incobrable, con sus respectivas planillas. Si la referida deuda constara únicamente en planilla demostrativa de liquidación, solo anexará ésta.

2) En el supuesto establecido en el numeral 1 del artículo 54 de este Código, deberá anexarse al expediente copia de la resolución emitida por la Administración Tributaria mediante la cual se fija el monto de la unidad tributaria.

  1. a) Aquellas cuyo monto no exceda de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), siempre que hubieren transcurrido cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquél en que se hicieron exigibles
  2. En el supuesto establecido en el numeral 2 del artículo 54 de este Código, deberá anexarse al expediente la partida de defunción del contribuyente, expedida por la autoridad competente, así como los medios de prueba que demuestren su insolvencia.

Aquellas cuyos sujetos pasivos hayan fallecido en situación de insolvencia comprobada, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de este Código.

  1. En el supuesto establecido en el numeral 3 del artículo 54 de este Código, deberá anexarse al expediente copia de la sentencia de declaración de quiebra y del finiquito correspondiente.

Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos fallidos que no hayan podido pagarse una vez liquidados totalmente sus bienes.

  1. En el supuesto establecido en el numeral 4 del artículo 54 de este Código, deberá anexarse al expediente el documento emitido por la autoridad competente demostrativo de la ausencia del sujeto pasivo en el país, así como informe sobre la inexistencia de bienes sobre los cuales hacer efectiva la deuda tributaria.

Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos que se encuentren ausentes del país, siempre que hubieren transcurrido cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquél en que se hicieron exigibles y no se conozcan bienes sobre los cuales puedan hacerse efectivas.

Parágrafo Único: En el supuesto establecido en el numeral 1 del artículo 54 de este Código, la Administración Tributaria podrá prescindir del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo, limitándose a anexar en el expediente una lista que identifique los actos administrativos, montos y conceptos de las deudas objeto de la declaratoria de incobrabilidad.

Artículo 209 La incobrabilidad será declarada mediante resolución suscrita por la máxima autoridad de la oficina de la Administración Tributaria de la jurisdicción que administre el tributo objeto de la misma. A tal efecto, la referida Resolución deberá contener los siguientes requisitos:

  1. Identificación del organismo y lugar y fecha del acto.
  2. Identificación de las deudas cuya incobrabilidad se declara.
  3. Expresión sucinta de los hechos, de las razones y fundamentos legales pertinentes.
  4. La decisión respectiva.
  5. Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario autorizado.

Artículo 210 °

En la referida resolución se ordenará que se descarguen de la contabilidad fiscal los montos que fueron declarados incobrables

CONSULTAS:

En el capítulo IV del Código Procesal Tributario nos establece una serie de diversos artículos en los que nos expresa diversas modalidades sobre las consultas como los es el artículo 240 nos tipifica lo siguiente: Quien tuviere bien sea un interés personal y directo le podrá consultar a la Administración Tributaria sobre la aplicación de las normas a una situación de hecho que sea concreta. Teniendo como efecto que se deba exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivo de la cuestión que motiva la consulta.

     Ahora bien es importante resaltar una interrogante que nos deja el artículo siguiente que es ¿EN QUE CASOS NO SE EVACUARAN LAS CONSULTAS? Cuando faltare la cualidad, interés o representación del o la consultante, cuando faltare la cancelación de las tasas establecidas es las leyes especiales y en las existencias de recursos pendientes o averiguaciones fiscales. Pero la formulación de las consultas no suspende el transcurso del plazo, ni tampoco extingue el cumplimiento de sus obligaciones y se dispondrá de 30 días hábiles para evacuar la consulta.

     Por otro lado no se le puede imponer sanciones; ni aquellos contribuyentes que en la aplicación tributaria adoptare el criterio o la interpretación expresada por la Administración Tributaria en consulta evacuada sobre el asunto ni cuando no se hubiere contestado la consulta que se le haya formulado en el tiempo fijado, y el o la consultante hubiere aplicado la interpretación acorde con la opinión fundada que haya expresado al formular la consulta. Por último no se procederá recurso alguno contra las opiniones emitidas por la Administración Tributaria en la interpretación de normas tributarias.

REVISIÓN DE OFICIO.

 

En este tipo de Recurso la Administración Tributaria se reserva en todo momento para corregir sus actos, para subsanar todos los vicios de que adolezcan.

Los procedimientos de Revisión de Oficio, al igual que los Recursos Administrativos, forman parte de los denominados Procedimientos de Segundo Grado. La diferencia fundamental con respecto a los Recursos Administrativos, es que en estos casos, la Revisión procede “motu propio”, es decir, sin necesidad de requerimiento de los particulares.

La Administración Tributaria podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó o por el respectivo superior jerárquico.

La Administración Tributaria podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de los interesados, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.

En estos casos la Administración, ejerce un conjunto de potestades que ponen de manifiesto el principio de autotutela, es decir, la posibilidad de la administración de controlar, no sólo la legalidad sino la oportunidad o conveniencia de sus actos en virtud de los intereses generales que le corresponde tutelar.

Estas potestades son las siguientes:

 

  • Convalidación:Es la figura en virtud de la cual la Administración subsana los vicios de los actos no afectados de nulidad absoluta. Su objeto es un acto viciado de anulabilidad o nulidad relativa.

2- Declaratoria de nulidad absoluta: Esta potestad está prevista en el Artículo 83 ejusdem, la cual le permite a la Administración “reconocer” la nulidad absoluta de los actos dictados por ésta.

3- Corrección de errores materiales o de cálculo: Esta potestad es concebida como una derivación o especie de la potestad general de convalidación y se contrae exclusivamente a aquellos casos en que existen errores materiales o de cálculo que no impliquen la nulidad absoluta del acto (Artículo 84).

4- Revocación: Es el poder conferido a la administración para extinguir un acto por razones de oportunidad o conveniencia,

Los actos de la Administración Tributaria serán absolutamente nulos en los siguientes casos:

  1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional
  2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos subjetivos, salvo autorización expresa de la Ley.
  3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.
  4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes,

La Administración Tributaria podrá en cualquier tiempo corregir de oficio o a solicitud de la parte interesada. (Art. 236 al 241 de C.O.T).

RECURSO DE REVISIÓN.

 Este recurso se ejerce cuando se va en contra de los actos administrativos firmes podrá intentarse antes los funcionarios competentes para conocer del recurso jerárquico en los siguientes casos:

  • Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expediente.
  • Cuando en la resolución hubieren influido n forma decisiva documentos o testimonios declarados falsos, por sentencia judicial definitivamente firme.
  • Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial definitivamente firme.

En este caso el recurso de revisión solo procederá dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia a la que se refiere los dos últimos mencionados en el párrafo anterior o de haberse tenido noticia de la existencia de las pruebas a que se refiere el primer numeral y será decidido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación.

Requisitos para la venta de un Inmueble

En esta entrada hablaremos acerca del contrato de compraventa de inmuebles, recomendaciones y requisitos necesarios para la venta de bienes inmuebles en Venezuela, todo de acuerdo a la norma vigente.

El Contrato de compraventa obliga a una persona a entregarle a otra un bien a cambio de una suma de dinero estipulada

La Venta es un contrato por el cual una persona , llamada vendedor, se obliga a transferir y garantizar la propiedad u otro derecho a una persona, llamada comprador, la cual se obliga a pagar el precio en dinero; o una parte en dinero y otra en especie. (Articulo. 1.474 C.C.V.)

PARTES EN UN CONTRATO DE COMPRAVENTA

1.- COMPRADOR O ADQUIRIENTE: El que paga el precio cierto y en dinero.

2.- VENDEDOR O ENAJENANTE: El que transmite el dominio de una cosa o un derecho.

La venta de un inmueble cumple con dos (2) etapas:

  • La primera es la opción de compra-venta, donde se establecen las condiciones de la operación, esto es: descripción del inmueble, precio, forma de pago, plazo para la protocolización del documento definitivo de venta, monto de la garantía entregada para asegurar la operación, y las penalidades correspondientes en caso de incumplimiento.
  • La segunda es la protocolización del documento definitivo de compra-venta, presentado al Registro Inmobiliario correspondiente con los recaudos que señalamos a continuación.

Para vender un inmueble se requiere presentar ante el Registro Inmobiliario correspondiente de acuerdo a la ubicación del inmueble, conjuntamente con el documento de venta redactado y visado por abogado, los siguientes recaudos:

  • Documento de venta redactado y visado por abogado.
  • Copia de la Cédula de Identidad de los otorgantes.
  • Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado, de cada uno de los otorgantes.
  • En caso de ser una persona jurídica, deben acompañarse el documento constitutivo y ultimas Actas de actualización de la compañía, y copia de la Cédula de Identidad del representante legal.
  • Ficha Catastral (Si la Cuenta esta a nombre de una persona diferente al propietario actual, debe hacerse el cambio de nombre)
  • Solvencia del Derecho de Frente.
  • Solvencia de Agua del inmueble (Si se trata de un apartamento, previamente debe obtenerse la Solvencia de pago del Condominio)
  • Registro de Vivienda Principal. En caso de no tener registrado el inmueble como Vivienda Principal, deberá pagarse el equivalente al 0,5% del precio de venta del inmueble, este pago se hace con la Planilla emitida por el SENIAT, ante una entidad bancaria autorizada a recibir pagos a la Tesorería Nacional . Se debe exigir la Certificación de Pago.
  • Pago de los Derechos de Registro: Según el calculo realizado por el Registro Inmobiliario, en el Banco y Cuenta que indique el Registro.
  • Pago de Impuesto Municipal: Impuesto que se le paga a la Alcaldía correspondiente por la operación inmobiliaria.

RECOMENDACIONES:

El propietario una vez tomada la decisión de vender y comience con la tramitación de la documentación necesaria para protocolizar.

El comprador debe antes de suscribir la  opción de compra-venta, comprobar ante la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente al documento de venta, que el inmueble este libre de gravamen (embargo, prohibición de enajenar y gravar).

Existen requisitos especiales cuando un copropietario ha fallecido, en caso de divorcio o cuando el inmueble pertenezca a un menor o cuando se actúa por poder:

  •  Si ha fallecido alguno de los propietarios del inmueble, los coheheredos deberán presentar la declaración sucesoral y la correspondiente solvencia sucesoral.
  •  En el caso de divorcio, cuando las partes no estén de acuerdo en vender de mutuo acuerdo debe presentar al vendedor la constancia de la liquidación de la comunidad de gananciales y adjudicación del referido bien.
  •  Cuando inmuebles están en posesión de menores se necesita la autoridad previa de un Tribunal de Protección del Niño Niña y del Adolescente.
  •  Cuando se actúa mediante poder, el mismo debe ser registrado y no sólo notariado

RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS EN VENEZUELA

 

Si bien es un delito cambiar el contenido de la Partida de Nacimiento sin autorización judicial. Es por ello que en los casos de requerir  una rectificación de partida es preciso conocer el procedimiento aplicable.

En este caso se trata del procedimiento de rectificación de partida en Venezuela o acta de nacimiento, por adolecer la misma de vicios o errores en su texto. Al respecto, el Código Civil Venezolano establece que al nacer un (a) niño (a), existe la obligación para sus progenitores de presentarlo ante la primera autoridad civil del municipio (la prefectura).

El Artículo 3 de Ley orgánica de registro civil, dice cuales actos deben inscribirse en el registro civil:

Deben inscribirse en el Registro Civil los actos y hechos jurídicos que se mencionan a continuación:

  1. El nacimiento.
  2. La constitución y disolución del vínculo matrimonial
  3. El reconocimiento, constitución y disolución de las uniones estables de hecho.
  4. La separación de cuerpos.
  5. La filiación.
  6. La adopción.
  7. La interdicción e inhabilitación.
  8. La designación de tutores o tutoras, curadores o curadoras y consejos de tutela.
  9. Los actos relativos a la adquisición, opción, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad venezolana y nulidad de naturalización,
  10. El estado civil de las personas de los pueblos y comunidades indígenas. Nombres y apellidos, lugar de nacimiento, lugar donde reside, según las costumbres y tradiciones ancestrales.
  11. La defunción, presunción y la declaración de ausencia, y la presunción de muerte,
  12. La residencia.
  13. Las rectificaciones e inserciones de actas del estado civil.
  14. La condición de emigrante temporal y permanente, pérdida y revocación de la misma-
  15. Los demás actos y hechos jurídicos, relativos al estado civil de las personas previstos en las demás leyes, reglamentos y resoluciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral.

Se trata del procedimiento de rectificación de partida o acta de nacimiento, por adolecer la misma de vicios o errores en su texto.

Al respecto, el Código Civil Venezolano establece que al nacer un (a) niño (a), existe la obligación para sus progenitores de presentarlo ante la Primera Autoridad Civil del Municipio (la Prefectura). Allí será elaborada el Acta de Nacimiento en cuatro ejemplares, una es para los padres, otra se archiva en la respectiva Prefectura; la tercera es enviada al Registro Principal del Estado Civil, y la última la remiten a la Dirección de Identificación y Extranjería. Una vez registrado el nacimiento y asentado en los libros respectivos, si más tarde se pretende efectuar alguna modificación en la Partida, es requisito estamparle la Nota Marginal en cuestión.

Y es que, inscrita un Acta en el Registro Civil, sólo podrá ser modificada o alterada mediante Sentencia Definitiva, producida en el juicio de rectificación de partida, Art.768 del Código de Procedimiento Civil, y Art.462 del Código Civil. Por tanto, todo nuevo asiento registral, posterior a la inscripción original de la Partida, debe constar en nota marginal sobre ella, ordenada por el Juez competente. Cambiar el contenido del Acta o Partida, sin autorización judicial, constituye el delito de forjamiento de documento público, previsto y sancionado en el Art. 320 del Código Penal vigente.

 El principio que rige la materia es que no puede alterarse o modificarse “de hecho” el Acta o Asiento Registral, sin que sea “salvada” dicha modificación al final del Acta, y esta actuación deberá ser efectuada por todos los funcionarios que la firmaron ab initio, léase el día de la inscripción original. Es de subrayar que, cuando no pueda cumplirse con lo anterior, nuestro legislador consagra que la modificación deberá ser ordenada por sentencia recaída en el respectivo juicio de “Rectificación de Partida de Nacimiento”.

 En la solicitud formulada al juez competente, se pedirá la corrección de los errores materiales de fechas, lugares, nombres, apellidos o palabras mal escritas en la Partida de Nacimiento que se trate. Por ejemplo, en la solicitud se leerá: “…ciudadano Juez, consta en Acta de Nacimiento anexa, en el renglón o línea doce …naturale di Potenza Italia… siendo el caso que hoy denunciamos, que se omitieron al momento de ser elaborada la Partida de Nacimiento ya mencionada, dos palabras relativas a la identificación del lugar de nacimiento de mis padres según se lee del Acta de Matrimonio anexa… el error de omisión consiste en que no fue agregada en mi Partida, la dirección completa.

Por lo explicado acudo ante su autoridad a solicitar, y juro la urgencia del caso, se ordene sean agregadas a mi Acta de Nacimiento las dos palabras que señalo en letras mayúsculas, así: …naturale di MURO LUCANO Potenza Italia…, es todo”.

Una vez ordenada la rectificación, la Sentencia Definitiva deberá ser “insertada de forma íntegra”, en la Oficina de Registro del Estado Civil, estampando la Nota Marginal de la corrección judicial. Luego, recomendamos solicitar una copia certificada del Acta o Partida de Nacimiento en referencia, allí se leerá el nuevo asiento registral con la modificación ya efectuada con data reciente.

FUNDAMENTO LEGAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL) 

Capítulo X  De la Rectificación y Nuevos Actos del Estado Civil   

Artículo 768  La rectificación de las partidas y el establecimiento de nuevos actos del estado civil de las personas, se llevará a cabo por los trámites establecidos en este Capítulo.

Artículo 769  Quien pretenda la rectificación de alguna partida de los registros del estado civil, o el establecimiento de algún cambio permitido por la ley, deberá presentar solicitud escrita ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil a quien corresponda el examen de los libros respectivos según el Código Civil, expresando en ella cuál es la partida cuya rectificación pretende, o el cambio de su nombre o de algún otro elemento permitido por la Ley.   En el primer caso, presentará copia certificada de la partida indicando claramente la rectificación solicitada y el fundamento de ésta. En el segundo caso, además de la presentación de la partida, el solicitante indicará el cambio del elemento que pretende. En ambos casos, se indicará en la solicitud las personas contra quienes pueda obrar la rectificación o el cambio, o que tengan interés en ello, y su domicilio y residencia.

Artículo 770  Una vez que reciba la solicitud, pero antes de admitirla, el Juez la examinará cuidadosamente para ver si llena los extremos requeridos en el Código Civil y en este Capítulo, y si encontrare llenos los extremos de ley, ordenará el emplazamiento para el décimo día después de la última citación que se practique de las personas mencionadas en la solicitud, contra quienes pueda obrar la rectificación o el cambio, previa publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación de la capital de la República, emplazando para este acto a cuantas personas puedan ver afectados sus derechos. En cualquier caso de oposición, ésta se sustanciará por los trámites del procedimiento ordinario con citación del Ministerio Público, entendiéndose que la oposición formulada equivale a la contestación de la demanda.

Artículo 771  Si las personas contra quienes obre la solicitud de rectificación o cambio y los terceros interesados no formularen oposición alguna la causa quedará abierta a pruebas, por diez días, previa citación del Ministerio Público, durante los cuales la parte interesada evacuará las que considere convenientes en apoyo de su solicitud. En esta articulación el Juez podrá mandar a evacuar de oficio las pruebas que considere necesarias, igualmente podrá promoverlas el Ministerio Público.

Artículo 772  Concluido el período probatorio establecido en el artículo anterior, el Juez procederá a dictar sentencia declarando con lugar o sin lugar la rectificación o el cambio solicitado. Esta sentencia se cumplirá sin lugar a apelación. En el caso que haya habido oposición, la sentencia será apelable y recurrible en casación, conforme a las reglas generales.

Artículo 773  En lo casos de errores materiales cometidos en las actas del Registro Civil, tales como cambio de letras, palabras mal escritas o escritas con errores ortográficos, transcripción errónea de apellidos, traducciones de nombre, y otros semejantes, el procedimiento se reducirá a demostrar ante el Juez la existencia del error, por los medios de prueba admisibles y el Juez con conocimiento de causa resolverá lo que considere conveniente.

Artículo 774  Declarada con lugar la rectificación o el cambio, la sentencia ejecutoriada se insertará íntegra en los Registros del estado civil, sin hacer alteración de la partida rectificada, poniendo a su margen la nota a que se refiere el artículo 502 del Código Civil.

En los casos de rectificación de un acta del estado civil, de la cual se hayan derivado errores en actas posteriores que dependan de ella, será suficiente para la corrección de estos últimos, la notificación que haga el  Juez al funcionario respectivo a fin de que estampe la nota marginal que prevé el artículo 502 del Código Civil.

 

REFERENCIAS:

Proyecto de Ley Orgánica del Registro Civil. Caracas, Consejo Nacional
Electoral, Octubre 2007.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO (CPC) GACETA OFICIAL N° 39264 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
ELUNIVERSAL.COM

EL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL

    La rectificación de partidas constituye un procedimiento jurisdiccional o administrativo, en virtud del cual se pretende a través de la realización de una serie de pasos, reformar o modificar el contenido del acta de registro del estado civil de las personas naturales. Dicho procedimiento surge por la necesidad de cumplir con la finalidad para la cual fue creada la institución del registro del estado civil, a saber: ser un instrumento para la obtención de un medio de prueba preconstituida sobre el verdadero estado civil de las personas naturales, y servir como fuente de información para los terceros.

En la doctrina nacional, autores como:

Aguilar Gorrondona, se han pronunciado en cuanto al procedimiento de rectificación de partidas, aduciendo que para la procedencia de la acción de rectificación, debe subyacer la necesidad de modificar el texto de la partida.

Por su parte, el autor Varela Cáceres, al hacer referencia al procedimiento de rectificación de partidas, significa que la intención del legislador es someter a un trámite especial aquellos supuestos que racionalmente justifican la alteración de un determinado asiento, ya sea por mediar un error u otro motivo admitido por el ordenamiento jurídico.

Refiere Domínguez Guillén, que la rectificación de partidas se concibe como la corrección jurídica del acta del estado civil en virtud de que presenta alguna inexactitud, omisión o mención prohibida. Dicha corrección o rectificación, según la sede en que se logre la misma, puede ser por vía administrativa o por vía judicial.

SUPUESTOS

    En cuanto a los supuestos de procedencia consideramos, que aun cuando la Ley Orgánica de Registro Civil derogó en su disposición derogatoria segunda el artículo 462 del Código Civil venezolano vigente, lo anterior no es óbice para aducir que los supuestos de rectificación de partidas siguen siendo los mismos que según la doctrina, se coligen de la lectura de la derogada norma, en concordancia con lo establecido en el artículo 451 eiusdem, el cual también se encuentra derogado, ya que del contenido de los artículos 145 y 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil, no se deducen supuestos de procedencia distintos, siendo que la misma ley hace referencia en ambos casos a omisiones o errores materiales,16 De tal manera que, consideramos que los supuestos para la procedencia de la rectificación de actas de registro del estado civil de las personas naturales, siguen siendo los que anteriormente se encontraban establecidos en el derogado artículo 462 de la ley sustantiva civil, en concordancia con lo establecido en el también derogado artículo 451 eiusdem, ya que tales supuestos actualmente se encuentran reproducidos en los artículos 145 y 149 de la ley especial, a saber: inexactitudes, omisiones y menciones prohibidas, los cuales en nuestra opinión pueden incluirse dentro de la terminología errores materiales, por cuanto siempre que se haga referencia a una inexactitud, una mención prohibida e incluso una omisión, se estará señalando no más que la con la particularidad de que dependiendo de si estos errores u omisiones afectan o no el contenido de fondo del acta, se deberá tramitar la solicitud en instancia jurisdiccional o en instancia administrativa.

De tal manera que, consideramos que los supuestos para la procedencia de la rectificación de actas de registro del estado civil de las personas naturales, siguen siendo los que anteriormente se encontraban establecidos en el derogado artículo 462 de la ley sustantiva civil, en concordancia con lo establecido en el también derogado artículo 451 eiusdem, ya que tales supuestos actualmente se encuentran reproducidos en los artículos 145 y 149 de la ley especial, a saber: inexactitudes, omisiones y menciones prohibidas, los cuales en nuestra opinión pueden incluirse dentro de la terminología errores materiales, por cuanto siempre que se haga referencia a una inexactitud, una mención prohibida e incluso una omisión, se estará señalando no más que la existencia de un error material en las correspondientes actas de registro del estado civil.

En términos generales, los errores materiales a los cuales alude la ley, pueden constituir impropiedades, menciones no exigidas por el legislador o vacíos que proceden de faltas o equivocaciones en cuanto a las menciones precisas y esenciales que debe contener toda acta en particular, teniendo en cuenta para ello, el acto o hecho que se desea registrar o acreditar, conforme a las previsiones que la misma ley establece. Tal es el caso de las actas de nacimiento, matrimonio, uniones estables de hecho y defunciones, cuyas menciones fundamentales se encuentran contenidas en los artículos 93, 104, 112, 120, 130 y 131 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

INEXACTITUDES

   Cuando hablamos de inexactitudes en las actas de registro de estado civil de las personas naturales, hacemos referencia a aquellas impropiedades Como ya hicimos referencia con anterioridad, la ley establece tanto las menciones y formalidades que debe contener toda acta de registro del estado civil en general (artículos 80 al 84 de la Ley Orgánica de Registro Civil), como , incongruencias, discordancias o anacronismos de los cuales adolece el acta correspondiente, lo cual se traduce en un error material en cuanto a las menciones que ha de contener esa acta en particular y que fue cometido en el momento de su levantamiento, por lo que dicha partida debe ser modificada o reformada a través del procedimiento de rectificación de partidas al cual hacemos referencia en esta oportunidad. Tales inexactitudes pueden consistir en algún dato plasmado de forma incorrecta en la partida; siendo que uno de los errores más comunes en la práctica, es el relativo al cambio de alguna letra o sílaba cuando se hace referencia a uno o a ambos de los elementos del nombre civil -esto es el nombre de pila o el apellido (nombre patronímico)- de los intervinientes en el acta, es decir de las partes, los declarantes, los testigos o el funcionario público. Pero también puede consistir la inexactitud en una discordancia o impropiedad, en cuanto al número de cedula de identidad de cualesquiera de dichas personas, o bien en la mención errónea que se haga de alguna fecha, lugar o hecho. De igual manera, la discordancia entre algún elemento perteneciente al estado civil de la persona y la realidad de dicho estado civil, como por ejemplo la mención de soltero cuando la persona está casada o la mención a que la persona es de sexo femenino cuando realmente no lo es (o viceversa), así como la discrepancia en cuanto a la nacionalidad, parentesco, entre otros, constituyen errores materiales que encajan dentro del supuesto de inexactitudes. Como se observa, no existe una lista que de manera taxativa nos pueda indicar todas las inexactitudes que dan lugar a un procedimiento de rectificación de partidas, sin embargo con lo anterior se pretende dar un marco referencial basado en algunos supuestos que en la práctica suelen presentarse. Todo dependerá del caso concreto.

OMISIONES

   Como ya hicimos referencia con anterioridad, la ley establece tanto las menciones y formalidades que debe contener toda acta de registro del estado civil en general (artículos 80 al 84 de la Ley Orgánica de Registro Civil), como as exigencias o requisitos formales que corresponden a cada acta en particular, dependiendo del hecho o acto que se pretenda registrar.

 De tal manera que, cuando hablamos de omisiones, hacemos referencia a la prescindencia total o parcial de algunos de los requisitos fundamentales señalados en la ley que debe contener cada partida, dentro de los cuales podemos mencionar el número del acta, el nombre civil del funcionario con facultad para autorizar la elaboración del acta, la fecha en que se levantó la partida, la hora y la fecha en la que acaeció al hecho o se celebró el acto que se pretende registrar, el nombre civil, edad, profesión y residencia de alguna de las personas que de acuerdo a la ley deban figurar en el acta, la enunciación de los recaudos que deben presentarse para registrar el acto o hecho de que se trate, las características y circunstancias especiales del acto objeto de registro; así como también las impresiones dactilares, la firma de los intervinientes en el acta –salvo el caso en que alguno de ellos no sepa firmar, donde la misma ley prevé el mecanismo para subsanar in situ dicha situación, tal es el caso del ordinal 10 del referido artículo 81 . Ahora bien, cuando al momento del levantamiento de la correspondiente partida (nacimiento, matrimonio, uniones estables de hecho o defunciones), se prescinda de alguno de los datos que la ley establece como esenciales o fundamentales, estaremos en presencia de una omisión, por lo que dicha acta al igual que en el caso de las inexactitudes, deberá ser modificada o reformada a través del procedimiento de rectificación de partidas.

El mencionado ordinal hace referencia a que si no saben o no pueden escribir lo harán dos firmantes a ruego, dejando constancia de esta situación.; o puede consistir igualmente en la falta de indicación expresa de la pertenencia de la persona a un pueblo o comunidad indígena determinada.

 

MENCIONES PROHIBIDAS

Las menciones prohibidas son todas aquellas referencias, aseveraciones, indicaciones o alusiones, cuya ilustración o estampa en el acta de registro de estado civil correspondiente, le está vedada al funcionario público competente autorizado para el levantamiento de las actas de registro del estado civil, ya que las mismas no se encuentran previamente establecidas ni exigidas por el Legislador, por lo que no son necesarias para la validez del acta.

 Dichas prohibiciones se circunscriben a todas aquellas menciones que no se encuentren dentro de las especificaciones que para cada acta en particular, prevén de forma taxativa como se señaló supra, los artículos 93, 104, 112, 120, 130 y 131 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

OTROS CAMBIOS DEL ESTADO CIVIL

 Por vía principal

 Nombre Indigno

    El nombre civil, está constituido por un símbolo verbal o escrito, signo o conjunto de vocablos que de manera oral o gráfica nos individualiza y distingue unos de otros, permitiéndonos proyectar nuestra personalidad desde el punto de vista moral, social, jurídico y psicológico.

Dentro de algunos supuestos de hecho que pueden dar lugar a un procedimiento de rectificación de partidas porque ésta contenga una mención prohibida, podemos citar como ejemplos los siguientes: que en el acta de nacimiento además de los nombres, apellidos, número de cédula de identidad o número único de identidad de acuerdo a la Ley Orgánica de Registro Civil; nacionalidad, edad, profesión y residencia de las personas que comparezcan al acto, se señale también el grado de parentesco que tienen los testigos entre sí, o el grado de parentesco que éstos tienen con los progenitores y el recién nacido, así como circunstancias descriptivas sobre las características de las personas que intervienen en la partida. Aunque en nuestra opinión, tal posibilidad quedará sustancialmente restringida en la práctica con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Registro Civil, pues hemos observado que las oficinas registrales hacen uso de una suerte de formato a rellenar en materia de levantamiento de partidas, los cuales se encuentran ajustados a los parámetros indicados en la ley.

POR VÍA DE CONSECUENCIA

Disparidad entre los datos que aparecen en la cédula de identidad y los datos que corren insertos a la partida de nacimiento

En este punto en particular, pretendemos aclarar el orden de prioridad que debe operar en aquellos supuestos que se suscitan en la práctica, donde se solicita la modificación del nombre que aparece en el acta de nacimiento,puesto que no coincide con el nombre que aparece en el principal documento de identidad de las personas, a saber, la cédula de identidad, todo ello en atención a su validez.

En el caso indicado, es decir cuando el nombre que aparece en el acta de nacimiento no coincide con el nombre reflejado en la cédula de identidad, el cambio solicitado sólo procederá si lo que se pretende rectificar es la cédula de identidad, puesto que aún cuando ésta constituye el principal instrumento a los efectos de la identificación de las personas, los datos plasmados en dicho documento, salvo el número de matrícula que corresponde a un control cronológico, son extraídos de la correspondiente acta de registro civil de la persona.

Ahora bien, si lo que se pretende rectificar es el número de la cédula de identidad de las personas que aparecen en el acta o algún otro dato posterior al levantamiento de la partida, perfectamente procede la rectificación solicitada, puesto que ello puede obedecer, bien a un error material o inexactitud al momento del levantamiento de la partida correspondiente, o a una modificación en el documento de identidad con posterioridad al levantamiento del acta, como consecuencia de un acto de voluntad del particular, como por ejemplo, la nacionalización del sujeto, siendo que el simple error en el número de la cédula de identidad es subsumible en el citado procedimiento administrativo establecido en la Ley Orgánica de Registro Civil (artículo 145), más allá de que la equivocación en un número de la cédula de identidad constituye para algunos un error material, mientras que para otros no.

OTROS CASOS

    Se admite que el presente procedimiento, también encuentra aplicación ante la necesidad de modificaciones de las actas del estado civil, que hayan sido producto de cambios o actualizaciones en cualquiera de los datos relacionados con el “estado civil” de las personas o alguna mención relativa a su identidad, tales como: nacionalidad, filiación, cédula de identidad etc.

 

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

    El procedimiento judicial de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, se encuentra regulado en los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé, como se dejó establecido con anterioridad, un conjunto de normas tendentes a regular el trámite jurisdiccional que debe llevarse a cabo para rectificar las actas de registro del estado civil, cuando las mismas adolezcan de errores materiales de fondo: inexactitudes, omisiones o menciones prohibidas; así como el establecimiento de nuevos actos del estado civil de las personas naturales. Es importante destacar, que en la actualidad, el mencionado procedimiento sólo rige para aquellos supuestos en que la rectificación de partidas o el cambio de fondo solicitado, verse sobre un mayor de edad, ya que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en aquellos supuestos de rectificación de partidas que versen sobre errores materiales de fondo y el establecimiento de algún cambio permitido por la ley, referidos a un menor de edad, conforme a lo expuesto en el artículo 516, Capítulo VI, denominado “Procedimiento de Jurisdicción Voluntaria” de la referida ley especial, el cual forma parte del Título del IV, relativo a las Instituciones Familiares; el juez de la jurisdicción especial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debe llevar a cabo la solicitud por los trámites del procedimiento denominado “De los nuevos actos del estado civil”, con aplicación supletoria de la normas que regulan el procedimiento ordinario, consagrado en el Capítulo IV, del Título IV, de dicha ley, tal como lo refiere el artículo 511 eiusdem. Debemos acotar que en caso de que el cambio obedezca a uno de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, el mismo se tramitará bien ante esta jurisdicción especial o ante el registrador civil a través del procedimiento administrativo pautado en dicha ley especial en su artículo 14895 Asimismo, el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil, que establecía un procedimiento sumarísimo para el caso de que la rectificación o el cambio solicitado sea producto de un error material simple, fue expresamente derogado por la Ley Orgánica de Registro Civil, pues en tales casos rige la rectificación administrativa consagrada en dicha ley especial. Por lo que por aplicación del artículo 145 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con el artículo 148 eiusdem, cuando se trate de un error de fondo, la misma ley especial en su artículo 149, ordena que la tramitación del mismo se efectúe ante la jurisdicción civil.

SOLICITUD

El procedimiento judicial de rectificación de partidas, sólo opera inaudita parte, es decir mediante una solicitud escrita ante el juez competente por la parte interesada. Dicha solicitud en nuestra consideración, partiendo de lo expuesto con anterioridad, procede en cuatro supuestos o situaciones distintas, a saber:

1) el caso específico que da lugar a la rectificación de partidas por errores materiales de fondo de mayores de edad: inexactitudes, omisiones o menciones prohibidas (artículo 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil), que es el supuesto por excelencia que da lugar a dicho procedimiento.

2) la realización de algún cambio permitido por la ley, como por ejemplo, el cambio de nombre en aquellos supuestos que el termino afecte su dignidad (artículo 769 del Código de Procedimiento Civil), – no obstante la rectificación administrativa que la Ley Orgánica de Registro Civil atribuye al Registrador.

3) cuando el nombre civil de la persona, no se corresponda con su género (Ley Orgánica de Registro Civil artículo 146).

 4) cuando exista disparidad entre los datos que aparecen en la cédula de identidad y los datos que corren insertos a la partida de nacimiento, tales como el número de la cédula de identidad de alguna de las personas que figuran en la partida, la nacionalidad, la indicación de si la persona es soltera, casada, viuda, divorciada y en general cualquier otro cambio que se haga necesario reflejar en el acta correspondiente como consecuencia de un acto posterior a su levantamiento y que se encuentre dentro de los parámetros a los que la ley considera errores materiales de fondo, como por ejemplo el cambio de apellido cuando dicho cambio tenga su origen en un acto jurídico o una decisión judicial que indefectiblemente implique una modificación de dicho elemento, como sería el caso del reconocimiento voluntario o establecimiento judicial de la filiación, la adopción, la nulidad de la adopción, el desconocimiento del hijo matrimonial y la nulidad o impugnación del reconocimiento del hijo extramatrimonial.

FORMA

    En cuanto a la forma de hacer valer la solicitud ante el juez competente, tenemos que el único requisito formal que exige el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, es que la misma sea efectuada de manera escrita por el solicitante, lo cual tiene su fundamento, en el principio procesal de la escritura que rige este especial procedimiento, así como la generalidad de los procedimientos que consagra nuestra ley adjetiva civil, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 25 eiusdem el cual dispone que: “Los actos del Tribunal y de las partes, se realizarán por escrito.”

Una vez efectuada la solicitud en la forma indicada por la parte interesada, Tribunal deberá recibirla y formar un expediente separado con el contenido de la misma, indicando el número de orden, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y su objeto; siendo que, las actuaciones que se realicen en tal expediente, deben constar en el mismo atendiento a un orden cronológico, según la fecha de su realización y a una foliatura que se llevará al día y con letras. En caso de que el expediente formado se convierta en volumiso por el número de actuaciones que se presenten y ello impida su manejo con facilidad, el Tribunal puede formar otras piezas distintas que estén relacionadas a éste, cuando sea necesario.

 CONTENIDO

     La solicitud escrita de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, que de acuerdo a los parámetros expuestos en el punto anterior realice la parte interesada; de conformidad con lo establecido en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, deberá contener lo siguiente:

1) la indicación expresa de la partida cuya rectificación se pretende (en caso de que se trate de un error material: inexactitudes, omisiones o menciones prohibidas).

2) la indicación expresa del cambio del nombre o de algún otro elemento permitido por la ley (en caso de ser esto lo que se pretende), como sería el cambio de nombre por razones de dignidad o por cambio de sexo, así como también, la modificación de la cédula de identidad de alguna de las personas que figuran en el acta, la nacionalidad, etc.

En caso de que se trate de una rectificación de partidas por error material de fondo, el solicitante deberá, aparte de realizar la indicación expresa de la rectificación solicitada y de los argumentos en los cuales apoya su pedimento, consignar como documento fundamental de su solicitud, copia certificada de la partida de que se trate; siendo que, cuando la solicitud esté referida a un cambio de nombre o cualquier otro elemento permitido por la ley, el solicitante además deberá indicar expresamente, a cuál de los elementos de la partida está referido el cambio (primer o segundo nombre de pila, apellido o nombre patronímico, número de cédula de identidad, nacionalidad, etc.), debiendo presentar igualmente, la copia certificada del acta objeto de modificación y el nombre, domicilio y residencia, de la o de las personas contra quienes pueda obrar la rectificación o el cambio solicitado y que puedan tener interés en ello. Esto a los fines de no lesionar o vulnerar derechos o intereses de terceros, en caso de que la rectificación alegada o el cambio solicitado, sean declarados con lugar.

Según la Ley Orgánica de Registro Civil se tramita por vía administrativa el error material (artículo 145) y por vía judicial el error de fondo de las partidas (artículo149). El primero se opone al error que pudiera afectar el fondo del acta; situación fáctica que dependerá del examen del caso concreto99. La referencia al error material estaba contenida en el derogado artículo 773 del CPC100 con base al cual la jurisprudencia trató de establecer criterios de distinción al respecto además de los simples errores en las letras del nombre.

Ahora bien, tal distinción entre error material simple a cargo del registrador y error del fondo a cargo del juzgador, podrá generar conflictos de jurisdicción entre el órganos administrativo y el órgano jurisdiccional.

En base a lo anterior, será recomendable que de tratarse de simples errores materiales, el interesado refiera el criterio acogido por la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa para evitar conflictos de jurisdicción y evitar dilaciones indebidas en el procedimiento.

JUEZ COMPETENTE

    El artículo 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dispone que los supuestos de rectificación judicial de partidas, es decir, aquellos donde exista un error material que sí afecte el contenido de fondo del acta, deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria. Por su parte, el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, establece que el juez competente para conocer de una rectificación de partidas, en el caso del procedimiento judicial establecido en los artículos 768 al 774 eiusdem, es el Juez de Primera Instancia en lo Civil, a quien corresponda el examen de los libros respectivos según el Código Civil.

Es de observar, que las normas que en el Código Civil venezolano, establecían los mecanismos de control -a priori- por parte del Síndico Procurador Municipal107, y -a posteriori- por parte del Juez de Primera Instancia en lo Civil de los libros de registro del estado civil, específicamente los artículos 461 y 460 respectivamente, fueron derogados expresamente por la disposición derogatoria segunda de la Ley Orgánica de Registro Civil, la cual en sus artículos 27 y 30, otorga dichas facultades tanto a la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación (artículo 27), que en nuestra opinión ejerce un control -a priori-, como al Consejo Nacional Electoral por órgano de la Comisión de Registro Civil y Electoral (artículo 30), el cual consideramos ejerce un control -a posteriori-, de los libros de registro del estado civil de las personas. Pues ya con anterioridad a la LORC se había referido la competencia del CNE en la materia registral.

Lo cierto es, que el criterio atributivo de competencia establecido en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el juez competente para conocer de una rectificación de partidas es el Juez de Primera Instancia a quien corresponda el examen de los libros respectivos según el Código Civil, perdió sentido ante la derogatoria expresa de dicha facultad por una ley especial. Sin embargo, basándonos en los criterios atributivos de competencia que rigen nuestro ordenamiento jurídico procesal, nos damos cuenta que el competente para conocer de una rectificación de partidas por error material de fondo o de algún cambio permitido por la ley, cuando el titular de la misma sea un mayor de edad, sigue siendo el juez de la jurisdicción civil ordinaria.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

    En cuanto a los requisitos de admisibilidad de la solicitud de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, debemos tener en cuenta que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 770, establece el deber del juez competente, de examinar cuidadosamente que se cumplan los extremos requeridos en el Código Civil y en el Capítulo X de dicho Código Adjetivo, que regula el procedimiento judicial.

Tales requisitos de admisibilidad están referidos, tanto a los extremos de forma que deben cumplirse al momento de efectuar la correspondiente solicitud, como a los instrumentos fundamentales que deben acompañarla, a saber: que la misma sea interpuesta en forma escrita ante el juez competente, la indicación de la partida cuya rectificación o cambio se solicita, el fundamento de la rectificación o el cambio del elemento que se pretende modificar, copia certificada de la partida objeto de rectificación o cambio, así como la indicación de la persona o personas contra quienes ésta pueda obrar o que tengan interés en ello, debiendo señalarse de igual forma, su domicilio o residencia con el objeto de efectuar la correspondiente citación.

Notificación del ministerio público Los artículos 770 y 771 del Código de Procedimiento Civil, establecen la obligatoriedad de la citación del ministerio público en el procedimiento de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil de las personas naturales, lo cual en nuestra opinión, no es más que una ratificación de lo establecido en los artículos 129, 131 ordinal 3º y 132 de dicha ley adjetiva, con la salvedad de que, en caso de no cumplirse tal formalidad, la causa podría verse afectada de nulidad.

 La obligatoria notificación del ministerio público, deberá hacerse de manera previa a cualquier actuación mediante boleta, a la cual se le anexará copia de la solicitud, lo que aplica tanto para el procedimiento de rectificación de partidas establecido en los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil, como para el caso en que la rectificación o el cambio solicitado, deba tramitarse a través del procedimiento ordinario establecido en los artículos 338 y siguientes del mismo Código.

 

 

EMPLAZAMIENTO

    De acuerdo a lo establecido en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, el juez competente, una vez recibida la solicitud y antes de admitirla, en caso de que se encuentren cumplidos los extremos de ley.

Debe ordenar el emplazamiento tanto de las personas mencionadas en la solicitud, como de cualquier tercero que pueda ver afectados sus derechos en virtud de la rectificación o el cambio que se pretende.

El llamamiento de los terceros interesados, tiene lugar aun cuando estos no hayan sido señalados en el escrito de solicitud por la persona que requiere la rectificación o el cambio, lo cual obedece, a que estamos ante una institución impregnada del carácter de orden público como lo es el nombre civil, y por ende sustraída de la autonomía de la voluntad de las partes, tal como se expuso en párrafos anteriores, el cual se caracteriza por ser general y erga omnes, es decir, que se hace valer en la totalidad de relaciones jurídicas llevadas a cabo por el titular del nombre civil cuya modificación se solicita, y frente a cualquier tercero.

 Lo anterior nos permite concluir, que resulta impretermitible el llamado de cualquier persona que pueda tener interés en el cambio solicitado o que pueda ver afectados sus derechos, debido a encontrarse vinculado con el solicitante por cualquier acto o negocio jurídico llevado a cabo con éste. Recordemos que la función principal del nombre civil es servir como instrumento individualizador por excelencia de la persona natural, de allí que el mismo sea considerado un atributo, en el entendido de que forma parte de aquel conjunto de cualidades o propiedades que le permiten al ser jurídico individualizarse y formar parte de una relación jurídica, teniendo igualmente la función de coadyuvar junto a otros elementos como la cedula de identidad, huellas dactilares, señas antropométricas, etc., en la identificación de las personas.

De manera que, al requerirse un cambio o rectificación del nombre civil, resulta necesario el llamado a comparecer al órgano jurisdiccional, de todas aquellas personas que pudieran tener interés en la modificación solicitada, con el fin de evitar que las relaciones jurídicas de las cuales un sujeto de derecho es titular, se pierdan en la nebulosa de la indeterminación ante la imposibilidad de ser reclamadas por una mutación, alteración o transformación del nombre que original y legalmente le correspondía a la persona.

PERSONAS MENCIONADAS EN LA SOLICITUD

     En cuanto a las personas mencionadas en la solicitud de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, es importante destacar, que la forma que tiene el juez para llevar a cabo el llamado a comparecer a juicio o el correspondiente emplazamiento de tales sujetos, es a través de la citación personal mediante boleta, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, ya que dentro de los requisitos que debe contener dicha solicitud, está la obligatoriedad por parte del solicitante, de señalar de manera específica a las personas contra quienes pueda obrar la rectificación o el cambio solicitado, o que tengan interés en ello, así como su domicilio o residencia.

TERCEROS INTERESADOS

    En lo que respecta a los terceros interesados, tal como lo dispone el artículo 770 de la del Código de Procedimiento Civil, el tribunal competente deberá preliminarmente, es decir antes de emitir las correspondientes boletas de citación a las personas mencionadas en la solicitud, librar un cartel de citación a los fines de emplazar a los terceros interesados en la rectificación o el cambio solicitado.

OPOSICIÓN

Una vez efectuado el correspondiente emplazamiento, tanto las personas mencionadas en la solicitud como cualquier tercero interesado, podrán oponerse a la solicitud de rectificación o al cambio solicitado, sin necesidad de exponer los motivos en los que fundamentan dicha oposición, ya que el sólo hecho de manifestar su disconformidad con lo pretendido por el solicitante, traerá como consecuencia, que dicha causa sea remitida al Juez de Primera Instancia en lo Civil118 En cuanto al lapso para contestar la demanda, debemos mencionar que el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil que regula el procedimiento ordinario, establece que dicho plazo es de veinte días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren varios, es decir, que este es el lapso que tiene la persona mencionada en la solicitud y el tercero interesado después de su citación o de la última de ellas si fueren varios, a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192 eiusdem, sin y tramitada a través de un procedimiento distinto al pautado en los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil, al cual se hará referencia infra.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

    Tal como se adujo en el párrafo anterior, efectuada la oposición por parte de alguna de las personas mencionadas en la solicitud o de cualquier tercero interesado, el procedimiento de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, establecido en los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil y desarrollado en el presente capítulo -que en principio es un procedimiento sumario si tenemos en cuenta lo reducido de los lapsos y términos que lo regulan-, deberá tramitarse en lo sucesivo, de acuerdo a las disposiciones legales que rigen el procedimiento ordinario, establecido en los artículos 338 y siguientes del mencionado código adjetivo, caso en el cual la oposición formulada, se tomará como la contestación a la demanda.

En cuanto al lapso para contestar la demanda, debemos mencionar que el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil que regula el procedimiento ordinario, establece que dicho plazo es de veinte días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren varios, es decir, que este es el lapso que tiene la persona mencionada en la solicitud y el tercero interesado después de su citación o de la última de ellas si fueren varios, a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192 eiusdem, sin necesidad de presencia del demandante, para contestar la demanda. En este caso, la parte que efectuó la oposición y que ahora funge como demandado, podrá argumentar o exponer las razones de hecho y de derecho que fundamentan su disconformidad con el cambio o rectificación que se pretende, siendo que para las actuaciones posteriores, tales como promoción y evacuación de pruebas, informes, etc., se deberá dejar transcurrir íntegramente el lapso del emplazamiento.

ARTICULACIÓN PROBATORIA

    De no efectuarse la oposición a la cual hace se hizo referencia en el punto 6 del presente capítulo, corresponde al juez tramitar la solicitud conforme a las normas que regulan el procedimiento de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, regulado en los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil, por lo que deberá aperturar una articulación probatoria conforme a lo ordenado en el artículo 771 eiusdem.

Dicha articulación probatoria será por un lapso de diez (10) días y está destinada a que tanto la parte interesada como el ministerio público -en caso que lo considere necesario-, promuevan los medios de prueba pertinentes a los fines de demostrar sus correspondientes alegaciones de hecho.

Igualmente, la norma en referencia faculta al juez para ordenar de oficio, la evacuación de algún medio de prueba que considere necesario para determinar la procedencia o no de la solicitud efectuada, lo cual en nuestra opinión no es más que una facultad que éste tiene atribuida por ser el director del proceso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 eiusdem.

MEDIOS DE PRUEBA ADMISIBLES

    Los medios de prueba admisibles en el procedimiento de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, serán todos aquellos elementos probatorios que se encuentran permitidos y contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, según el sistema de la prueba libre establecido en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. 7.1 Medios de prueba admisibles 127 Al efecto se indica, a saber: documentales, testimoniales, experticias, inspección judicial, informes y en general cualquier medio de prueba que sea pertinente, legal, procedente y lícito.

 

SENTENCIA

    La sentencia que se dicte en el procedimiento de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, tiene por finalidad establecer la declaración de la voluntad de la ley aplicada al caso concreto, para lo cual el juez competente deberá llevar a cabo un razonamiento lógico-deductivo que le permita llegar a una conclusión final, a través de la subsunción del supuesto de hecho de que se trate (premisa menor), en la norma que de manera concreta regule ese supuesto en particular (premisa mayor).

Una vez que el juez determine cuál será la solución para ese caso concreto, deberá expresar su decisión a través de este acto procesal denominado sentencia, la cual dictará y publicará en nombre de la República y por la autoridad que le confiere la ley, conforme a lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 eiusdem y 253 del texto constitucional, anteriormente referidos.

CONTENIDO

    En relación al contenido de la sentencia, debemos tener en cuenta que la decisión definitiva que se dicte en el procedimiento de rectificación de partidas y nuevos actos del estado civil, debe estar ajustada a los requisitos formales a los cuales hace referencia el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

 1) la indicación del Tribunal que la pronuncie;

 2) la indicación de las partes y de sus apoderados;

3) una síntesis clara precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos;

 4) los motivos de hecho y de derecho de la decisión;

 5) decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia; 6) la determinación de la cosa u objeto sobre la que recaiga la decisión; siendo que, la sentencia que no esté ajustada a los parámetros formales contemplados en la norma in comento, será nula conforme lo establece el artículo 244 eiusdem, el cual además dispone, que en caso de absolverse la instancia o que sea contradictoria, de manera que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido, así como también cuando sea condicional o contenga ultrapetita, será igualmente nula la decisión que se dicte.

Es de acotar, que la forma tradicionalmente utilizada por los órganos jurisdiccionales para expresar su pronunciamiento final, está basada en el criterio doctrinario, según el cual toda sentencia debe estar estructurada en tres partes fundamentales que son: a) parte narrativa: en la cual se establecen los parámetros 1, 2 y 3 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil; b) parte motiva: en la cual se da cumplimiento al cuarto requisito establecido en la norma en referencia; y c) parte dispositiva: mediante la cual se plasman en la decisión, los requisitos establecidos en los numerales 5 y 6 de la supra señalada disposición legal, siendo esta última parte donde el Tribunal determinará la procedencia o no de la solicitud de rectificación de partida o cambio de nombre efectuada, declarándola con o sin lugar.

RECURSOS

    En lo atinente a los recursos, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 772, no establece en principio, la posibilidad de que la parte solicitante pueda impugnar el fallo definitivo a través del recurso ordinario de apelación y menos aún, a través del recurso extraordinario de casación, cuando la causa se haya desarrollado sin que las personas mencionadas en la solicitud o los terceros interesados, efectuaren oposición conforme a lo establecido en el artículo 770 eiusdem. Excepcionalmente la norma in comento, confiere al solicitante tal recurso de apelación e incluso el recurso extraordinario de casación, conforme a las reglas generales para el ejercicio de los mismos, cuando en el procedimiento hubiese oposición.

Ahora bien, en nuestra opinión la imposibilidad de la parte solicitante de apelar del fallo con el que no esté de acuerdo, porque le hayan declarado sin lugar su solicitud de rectificación o de cambio de nombre, constituye una flagrante violación tanto al principio de la doble instancia que rige en nuestro ordenamiento jurídico procesal, como al derecho a la defensa y el debido proceso, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior obedece, a que estamos ante una materia de orden público, que por demás alberga derechos constitucionales de significativa importancia como el derecho a la identidad, el estado civil y el nombre de las personas, razón por la cual nos mostramos en total desacuerdo con el criterio según el cual, está vedada la posibilidad de apelación o casación, cuando en el procedimiento no hubiere contención por no efectuarse oposición, ya que el principio de la doble instancia deber estar garantizado en cualquier clase de proceso donde se dicte una decisión que pueda lesionar derechos o causar perjuicio a alguna de las partes involucradas en la controversia.

REFERENCIAS:

AGUILAR GORRONDONA, José Luis: Derecho Civil Personas. Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello, 17ª edic., 2005.
BRICE, Angel Francisco: Lecciones de Derecho Procesal Civil. Corporación
Marca S.A., 1969, T. IV.
VARELA CACERES, Edison Luicio: El nombre civil y la Ley Orgánica de
Registro Civil. En: Revista de Derecho Nº 33, Caracas, Tribunal Supremo de
Justicia, 2010, pp. 249-303
Proyecto de Ley Orgánica del Registro Civil. Caracas, Consejo Nacional
Electoral, Octubre 2007.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO (CPC) GACETA OFICIAL N° 39264 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

¿COMO HACER UNA DECLARACIÓN SUCESORAL ONLINE?

 Recordemos que La Declaración Sucesoral, es un trámite que realizan familiares de fallecidos, sobre el reconocimiento de propiedades y bienes que pertenecían al difunto ante el Seniat; se trata de un acto obligatorio para poder disponer de esas propiedades.

Términos básicos en el ámbito del Derecho Civil

  • Herencia: masa patrimonial que deja la persona que fallece a sus herederos, conformados por activos y pasivos.
  • Derecho hereditario: normas jurídicas que regulan la transmisión del patrimonio del causante, a sus herederos o legatarios
  • La sucesión: modo derivado de adquirir la propiedad por virtud de lo dispuesto en el artículo 796 del Código Civil.

Momentos de la Sucesión.

Apertura.

Delación

Aceptación; Pura y simple o a Beneficio de Inventario

La sucesión puede ser

Sin testamento o ab intestato; donde en estos casos se seguirá el llamamiento de los herederos que dispone la ley.

Sucesión testada, que ocurre cuando el causante realiza un testamento en el cual se observan los requisitos exigidos por el Código Civil y en la Ley de Registro civil.

EXENCIONES

  • Los entes públicos territoriales.
  • La cuota hereditaria que corresponda a los ascendientes, descendientes, cónyuge y padres e hijos por adopción, cuando no excedan de setenta y cinco (75UT) unidades tributarias.
  • Las entidades públicas no territoriales que ejerzan actividades de beneficencia y de asistencia o protección social, siempre que destinen los bienes recibidos o su producto al cumplimiento de esos fines.

EXONERACIONES

  • Las entidades y establecimientos públicos cuyo objeto sea de carácter científico, docente, artístico, o de índole similar.
  • Los establecimientos privados sin fines de lucro que se dediquen a realizar actos benéficos, de acceso al público o a las actividades referidas en el ordinal anterior.
  • Las fundaciones instituidas testamentariamente cuando se dediquen a los fines previstos en los numerales 1 y 2 de este artículo.
  • La parte del acervo hereditario formada por acciones emitidas por sociedades anónimas inscritas.
  • La parte del acervo hereditario formada por los capitales depositados en cuentas de ahorro constituidas en instituciones financieras.
  • Los beneficiarios de herencias cuyo único activo esté constituido por fundos agrícolas en explotación que constituyan la pequeña y mediana propiedad.

EXCLUSIONES

La vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante.

Las cantidades percibidas por concepto de prestaciones o indemnizaciones laborales.

Libros, ropas, enseres personales y mobiliario de la vivienda.

Los bienes que correspondan a entes públicos territoriales.

¿Cuándo debe presentarse la declaración Sucesoral?

Dentro de los 180 días hábiles contados a partir del día siguiente al fallecimiento del causante, acontecimiento que da lugar a la apertura de la Sucesión.

Artículo 27 de la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos (LISSDDRC)

¿Dónde debe presentarse la Declaración Sucesoral?

En la Gerencia o Sector de Tributos Internos de la Región en la cual se encuentren ubicados los bienes del causante y en caso de encontrarse en varias jurisdicciones, donde esté su asiento principal (domicilio fiscal).

Artículos 5 y 34 de la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos (LISSDDRC)

PRESCRIPCIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.

10 años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la muerte de la persona.

La prescripción se interrumpe por:

  1. Cualquier acción administrativa, notificada al sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, del hecho imponible.
  2. Cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria o al pago o liquidación de la deuda.
  3. La solicitud de prórroga u otras facilidades de pago.

Para realizar la misma debes tomar en cuenta lo siguiente;

Recaudos del RIF Sucesoral:

  1. Crear o agregar un correo electrónico activo que sea para la Sucesión.
  2. Planilla o Formulario emitido por el sistema.
  3. Original y fotocopia del Acta de Defunción.
  4. Fotocopia de la cédula de identidad del causante (la copia debe presentarse centrada en una hoja).
  5. Fotocopia de la Cédula de identidad de todos los herederos, con excepción de aquellos que sean menores de edad que aún no posean cédula de identidad (la copia debe presentarse centrada en una hoja).
  6. En caso de que sea casado acta de matrimonio
  7. Partidas de Nacimiento de los herederos o cualquier otro documento que pruebe la filiación con respecto al causante.
  8. Original y fotocopia de un recibo de servicio público (agua, luz, teléfono, otros) o cualquier documento que avale el domicilio.
  9. Poder Notariado del Representante Legal, si éste último es distinto de los herederos. fotocopia de su cédula de identidad.
  10. El representante Legal y los herederos, con excepción de aquellos que sean menores de edad que aún no posean cédula de identidad, deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Información Fiscal RIF, con antelación al trámite de inscripción de la sucesión; y anexar copia de los mismos.

PASOS PARA OBTENER SU PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RIF SUCESORAL

  • Ingrese a la página Web del SENIAT

boton-click-aqui

  • Seleccione la opción Sistemas en Línea, haga clic en “Inscripción de RIF”.
  • Seleccione el Tipo de Persona: “Sucesión (con Cédula)”, o “Sucesión (sin Cédula)” según sea el caso.
  • Coloque los datos del causante, haga clic en el botón “buscar” y luego en la opción “Inscribir Contribuyente”.
  • Complete los datos del causante. El nro de cedula y la fecha de defunción. Presione el botón Guardar.
  • Complete los datos del domicilio fiscal del causante.
  • Indique los datos del Representante de la Sucesión.
  • Coloque los datos de todos los Herederos de la Sucesión (no se aceptan como herederos las concubinas a menos que tenga un mero declarativo de un tribunal)
  • En la opción “Ver Planilla”, imprimir el formulario de inscripción. Y llevarlo hasta la oficina del SENIAT, área de RIF de su domicilio, con los recaudos necesarios. en horario corrido de 8: am hasta las 3: pm .
  1. INSCRIBIRSE EN EL PORTAL DEL SENIAT: Seguidamente una vez que obtenga el RIF de la Sucesión (debe poseer una cuenta de correo electrónico válida); debe Registrarse en el Portal Fiscal. Siga los siguientes pasos para realizar el registro

SENIAT.png

  • Ingrese a la página Web del SENIAT
  • boton-click-aqui
  • Seleccione en la opción SENIAT en Línea: Persona Natural.
  • Pulse la opción
  • Llene los datos de validación del usuario (difunto).
  • Presione el botón aceptar.
  • Llene los Datos del Registro seguidamente presione el botón Aceptar.
  • El sistema muestra un mensaje de operación exitosa
  1. INGRESE SU CLAVE Y USUARIO Y REALICE LA DECLARACION SUCESORAL, debe tomar en cuenta que se tiene la posibilidad de solicitar como desgravamen la vivienda principal del difunto (recuerde que el domicilio del RIF de la sucesión debe ser la misma que la de la vivienda principal, coloque allí cuales son los bienes muebles e inmuebles que dejo e imprimir cuatro planillas
  2. SI RESULTARE EL PAGO DE IMPUESTO, DEBERÁ PAGAR EN EL BANCO Y ESPERAR 24 HORAS PARA IMPRIMIR SU CERTIFICADO DE PAGO.
  3. PREPARAR 3 CARPETAS (UNA ORIGINAL Y 2 COPIAS) 

Recaudos que deben consignarse conjuntamente con la declaración, en original y dos copias

  • RIF Sucesoral (Providencia 0048)
  • Relativos a la filiación y al estado civil (Artículo 445 CCV y siguientes. Convenio de la Haya del 05/10/1961, 97 países, Apostilla de documentos extranjeros)
  • Relativos a la representación legal (Artículo 5 Ley de Abogados)
  • Relativos al activo (Artículo 31 y 32 LISSDDRC)
  • Relativos al pasivo (Artículo 32 LISSDDRC)
  • Desgravamenes (Registro de Vivienda Principal, Constancia de Asiento Permanente suscrita por autoridad competente)
  • Exenciones (Aplica de pleno derecho, Artículo 8 LISSDDRC)
  • Exoneraciones (Decreto N° 2.001 del 20/08/1997, publicado en G. O. N° 36.287, del 09/09/1997 y Artículo 75 del COT)
  • Reducciones (Artículos 11 al 14 LISSDDRC)
  1. LLEVAR CARPETAS A SENIAT, COORDINACIÓN DE SUCESIONES DE SU DOMICILIO

 

  1. RETIRAR SOLVENCIA EN 15 DÍAS, NORMALMENTE SE TARDA MAS DE 2 MESES

 

  1. SON 180 DÍAS PARA DECLARAR A CON LA UNIDAD TRIBUTARIA DE LA FECHA DE DEFUNCIÓN

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REFERENCIAS:

www.seniat.gov.ve

Modelo de Contrato de Compra Venta de Inmuebles

La compraventa (en latín emptio venditio​) es un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico en virtud del cual una de las partes (vendedor) se obliga a dar algo en favor de la otra (comprador) a cambio de un precio en dinero.

Este contrato es el que tiene mayor importancia entre los de su clase porque se trata del contrato tipo traslativo de dominio y, además, porque constituye la principal forma moderna de adquisición de riqueza; es decir, tanto en su función jurídica como económica, debe merecer un estudio especial.
Como contrato tipo de los translativos de dominio, aplicaremos sus reglas principales a la permuta; sufrirán estas modificaciones esenciales en la donación; también recurriremos a la compraventa para explicar ciertas especialidades del mutuo, de la sociedad, de la transacción y de la renta vitalicia.
Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de adquirir el dominio. Las formas de adquisición del dominio están representada por el contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la adjudicación y la ley. El contrato es en el derecho moderno la forma principal de adquirir la propiedad dentro de los contratos translativos de dominio.

La compraventa en el derecho latino moderno, que deriva del Código Napoleón, es un contrato translativo de dominio, que se define como el contrato por virtud del cual una parte, llamada vendedor, transmite la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, mediante el pago de un precio cierto y en dinero.

Características

Un contrato de compraventa es un contrato:

Bilateral. Es un contrato bilateral porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes.

Oneroso. Porque confiere provechos y gravámenes también recíprocos.

Conmutativo. Generalmente es conmutativo, por cuanto que las prestaciones son ciertas y determinadas al celebrarse el contrato.

Consensual. La compraventa es un contrato consensual para muebles y formal para inmuebles. En materia de muebles no se requiere formalidad alguna para la validez del acto; es decir, se aceptan las distintas formas de manifestación de la voluntad dentro del consentimiento tácito y expreso. En el tácito, se admite que por hechos indubitables la compraventa de bienes muebles se forme y constituya, generalmente en aquellos casos en que se tome la cosa y se deposita el precio: hecho indubitable de la manifestación de la voluntad para celebrar el contrato. En cuanto al consentimiento expreso, se acepta que verbalmente, la compraventa pueda celebrarse por señas, o por escrito si así se prefiere, sin que sea menester esta formalidad para los bienes muebles. En cuanto a los inmuebles, el contrato siempre debe constar por escrito, pero el documento puede ser público o privado, dependiendo el importe.Principal. Existe por sí solo, pues no depende de otro contrato.

Efectos del contrato de compraventa

Obligaciones del vendedor

  • Conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega.
  • Entregar el bien al comprador en el lugar y en el momento convenidos.
  • Garantizar al comprador una posesión útil.
  • Garantizar al comprador una posesión pacífica.
  • Responder a la evicción.
  • Recibir el pago del precio.

Obligaciones del comprador

  • Pagar el precio.
  • Pagar intereses en caso de demora o de compraventa con precio aplazado.
  • Recibir el bien comprado.
  • Recibir en buen estado.

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REFERENCIAS

  1. CHIRINO CASTILLO, Joel. "Derecho Civil III" 2a Edición.Editorial Mc GRAW HILL. p. 23.
  2. ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. Contratos Civiles. 13 ed. Editorial PORRÜA. México 2012. p. 132-133.
  3. "TREVIÑO GARCÍA, Ricardo. "Los Contratos Civiles y sus Generalidades", Mc Graw Hill. Séptima edición,. Pag. 93-94.