Venezuela ha estado asolada por la polarización política, social y cultural desde finales de la década del 2000, lo cual ha tenido serias implicaciones para la sociedad civil, activistas, disidentes e incluso a los periodistas. Las semillas de esta polarización se cosecha entre el 2005 y 2007, cuando los partidos de oposición al gobierno de Chávez entran en una agenda de abstención electoral.
Las críticas a la administración de Chávez a través de los medios de comunicaciones sobre sus malas políticas económicas que encaminaban al fracaso que tenemos hoy en día, fueron silenciadas con el cierre del canal televisivo Radio Caracas Televisión y la entrada en vigencia de la Ley RESORTE.
En las protestas entre el 2014 y 2017 durante la administración de Maduro, el estado pretendía y sigue pretendiendo frenar las protestas masivas y criminalizar a quienes la hicieran.
Uno de los problemas que afectan al sistema mediático venezolano es la colusión política-económica entre los dueños de los medios de comunicación y las personas influyentes. En medio de la agudización política, los medios de comunicaciones experimentaron un proceso de comercialización rápido producto de la llamada Ley Mordaza promocionada por los detentores del poder, esto incrementó fuertemente el partidismo mediático.
La falta de papel y la mordaza comunicacional hicieron que algunos medios desaparecieran de la palestra. En contraprestación, los políticos, los militares de alto rango y los burócratas explotaron sus relaciones para adquirir algunos de estos medios moribundos para avanzar en sus propias agendas políticas y atacar a sus rivales.
El derecho a informar, no se puede limitar a los intereses de la corrupción estatal, no sé puede castrar a una nación de adquirir información de primera mano, sin censura y sin amenazas.
“El Estado totalitario que impera en Venezuela debe de frenar sus acciones por silenciar los medios de comunicaciones”.
Por Eduardo Caballero
Colaborador en Aquí Se Habla Derecho ®
Estudiante del último año de Derecho por la Universidad Arturo Michelena en Venezuela. Director para los Derechos Humanos del Centro Thatcher
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