¿Cómo surge la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) en Venezuela?

Para  hablar del origen y el surgimiento de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) en nuestro ordenamiento jurídico actual, debemos remontarnos en principio a las circunstancias de orden histórico-político y social que sustentan la razón y la justificación de esta Ley.

Para ello, es preciso resaltar que anterior a la promulgación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, existió la Ley Tutelar de Menores (vigente desde 1980 hasta 02 de Octubre de 1998), esta última normativa se trataba de un Instrumento jurídico que sustentaba sus bases de aplicación en la vieja doctrina de la Situación Irregular, la cual entre muchos de sus elementos característicos consideraba a los menores como objeto de compasión-represión y de tutela por parte del Estado y no como sujetos de derechos.

En ese sentido, en el año 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de varias conquistas y de profundos avances significativos, aprobó por unanimidad, la Convención Internacional Sobre Los Derechos del Niño, este acontecimiento de capital importancia le dio una gran preeminencia a los derechos de la infancia y de la adolescencia, donde por primera vez, los niños, niñas y adolescentes fueron considerados sujetos de derechos. Este cambio trascendental es lo que se conoce como el nuevo cambio de paradigma, de saltar de la vieja doctrina de la situación irregular de menores, al dar el paso histórico en muchas legislaciones del mundo como es la adopción y la incorporación de la nueva Doctrina de la Protección Integral.

En consecuencia, en el año 1989 surge la Convención de los Derechos del Niño, constituyéndose hasta la presente fecha como el Tratado de Derecho Público Internacional con el mayor número de ratificaciones, situación ésta, que marca un hito trascendental el cual hace que nuestro país Venezuela, al ratificar su contenido, partió de la obligación necesaria e indeclinable de adecuar su legislación a los postulados que se encuentran desarrollados y definidos en el texto de la Convención. No olvidemos que los tratados Internacionales por disposición expresa del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela forman parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico. Esta razón de obligatoriedad que surgió para el Estado Venezolano constituyó el reconocimiento pleno de los Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos de derechos y como miembros de la ciudadanía activa con un papel importante y protagónico para nuestra sociedad.

En ese sentido, podemos afirmar que la base fundamental y la fuente primaria del surgimiento de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es la Convención de los Derechos del Niños, siendo éste un instrumento jurídico internacional de Derechos Humanos que orienta su margen de aplicación en la Doctrina de La Protección Integral.  Es decir, la LOPNNA desarrolla y le da vida a estos Derechos consagradas en la Convención, a tal extremo que tienen en nuestra legislación rango y preeminencia constitucional, tal cual como lo establecen los artículos 75, 76, 77 y 78 de nuestra carta magna.

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¿A qué se debe que los Niños, Niñas y Adolescentes sean considerados Sujetos de Derechos?

Para responder a esta interrogante debemos hacer mención que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se establecieron nuevos paradigmas en relación a los grupos de personas consideradas en situación de vulnerabilidad. Sea que se trate de situación fundamentada en el origen étnico, de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad entre otros. Todos estos grupos en principio fueron considerados tradicionalmente como débiles jurídicos y dependientes que necesitaban ser protegidos por el derecho. Eran considerados más como objeto de regulación jurídica que como sujetos de derechos.

En este sentido, los derechos de la infancia y de la adolescencia históricamente no escapaban de estos factores antes señalados. Por eso la nueva doctrina de protección integral convirtió las necesidades de niños y adolescentes en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, es decir se le atribuyen un conjunto derechos específicos de acuerdo a su desarrollo evolutivo y otros que antes solo eran recocidos y tutelados para las personas adultas, tales como: El Derecho a la Libertad de Opinión y  la Seguridad Social.

Partiendo de las consideraciones anteriores, podemos inferir que este reconocimiento expreso como sujetos de derecho viene dado por la posibilidad no solo de transformar las necesidades en derechos, sino también, por el hecho cierto de que los niños, niñas y adolescentes a través de las disposiciones legales que se encuentran consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo a su desarrollo evolutivo y progresivo gradualmente podrán exigir el catálogo de derechos que se encuentran comprendidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En conclusión, la concepción de la “Doctrina de la Protección Integral” recogida por la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, se basa en las siguientes afirmaciones:

– El niño o niña es sujeto.

– La niña o niño es capaz.

– El niño o niña tiene la necesidad de respeto especial a su condición de persona en desarrollo y tiene una percepción autónoma de sus necesidades, de su situación y de lo que le rodea.

El paradigma de Protección Integral incluye en el reconocimiento de los derechos humanos a los niños, y no solo plantea la importancia del cuidado, protección y atención de los niños, niñas y adolescentes, sino que, adopta la visión de los niños como sujetos protagonistas de sus derechos fundamentales, de su propia vida y su propio desarrollo, seres integrales que tienen ideas, necesidades, sentimientos, emociones y como tales deben participar en las determinaciones que le conciernen. De este modo, los niños y niñas ya no son considerados objetos con necesidades por satisfacer, sino que todos los niños son iguales ante el sistema jurídico, reconocidos como Sujetos activos en la búsqueda de alternativas, convirtiéndose así en prioridad nacional en donde todos: Estado, gobiernos locales, la Sociedad y la Familia, somos los responsables del bienestar de la infancia.

 ¿En qué consistió este nuevo cambio de paradigma que surge a través de la Convención de los Derechos del Niño?

En este aspecto, es preciso y oportuno hacer mención lo que  entendemos por un cambio de paradigma.

Para nuestro entender, un cambio de paradigma;  quiere decir que se trata de una  innovación, de romper, crear  y establecer cambios y mejoras importantes, de adoptar nuevos modelos que marcan una pauta de manera significativa en la vida de las personas.

Igualmente, en un sentido amplio, se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. Esto es lo que en definitiva ocurrió en los derechos que orientan la infancia y la adolescencia, se trató  del surgimiento de una nueva forma de tratamiento de los derechos del Niño. Esto implicó un nuevo abordaje  hacia los temas de la Infancia, toda vez que por medio de la incorporación de la Doctrina de la Protección Integral se le da preeminencia a un conjunto de Derechos que son posibles materializar en las legislaciones y en los países que ratificaron la Convención de los Derechos del Niño. En fin, al adoptar esta nueva perspectiva integradora de la Niñez, el Estado crea un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral que se encarga de asegurar el ejercicio y garantía de los derechos de la Niñez y la Adolescencia en el seno de la Familia y la Sociedad.

A tal efecto, me permito señalar estos profundos cambios que se incorporaron en nuestro Derecho Interno producto de la Convención:

A) Se le da reconocimiento a los Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos de derechos.

B) Se establece un nuevo cambio de paradigma que se denomina la Doctrina de la Protección Integral.

C) Para la Tutela y garantía efectiva de los derechos de la Infancia y de la Adolescencia, se estableció un nuevo modelo que implica la incorporación de tres componentes básicos y fundamentales para darle mayor eficacia. En ese sentido, el estado, la familia y la sociedad son corresponsables de la defensa y garantía de estos derechos.

D) Se establece el derecho que tiene todo niño, niña y adolescente de crecer y desarrollarse en el seno de su familia de origen.

E) Se destaca el papel y el rol fundamental de la familia para la protección de los Derechos de los niñas, Niñas y Adolescentes.

F) Se crea un Sistema de Protección de carácter Descentralizado que define las reglas de competencia y de actuación de distintos Órganos para materializar, defender y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

G) Se crea un Sistema de responsabilidad Penal del Adolescente para sancionar a los  adolescentes que resulten participes de la comisión de un hecho punible.

H) Los Derechos fundamentales de la Infancia se agrupan en cuatro (04) categorías que se mencionan a continuación: a) Derecho de supervivencia, b) Derecho al Desarrollo, C) Derecho a la Protección, D) Derecho a la Participación.

G) El carácter de las actuaciones que estén destinadas a la tutela de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia deben estar circunscritas y orientadas sobre la base del Principio del Interés Superior del Niño, que se erigió como una premisa fundamental de la Doctrina de la Protección Integral y como un criterio vinculante de interpretación par todas sus actuaciones en que estos sujetos d derechos se encuentren vinculados.

Conclusiones:

Es necesario que para poder hablar de la LOPNNA debemos comprender la perspectiva adoptada por la Convención de los Derechos del Niño. La Convención no proclama derechos nuevos para los niños. Los niños tienen los mismos derechos que las demás personas. La perspectiva de la Convención está enfocada hacia las obligaciones del Estado para garantizar que dichos derechos puedan ser ejercidos por los niños y sean respetados tanto por el Estado como por las demás personas.

La Convención de los Derechos del Niño, implica por lo tanto que por primera vez el niño deje de ser considerado como un objeto de protección, y pase a ser considerado como un sujeto de derecho, un ciudadano pleno, con sus derechos y con sus obligaciones. No se trata de proteger la infancia y la adolescencia, sino de proteger los Derechos de la infancia y la adolescencia.

En consecuencia, las Disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas  y Adolescentes (LOPNNA) desarrollan los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y, especialmente, del paradigma sobre el cual ella se fundamenta: la Doctrina de la Protección Integral. En ellas se establecen los valores, principios y criterios que inspiraron el contenido de la nueva ley, que están presentes de forma absolutamente transversal en todos sus Títulos, en las normas referidas a los Derechos, garantías y deberes, al Sistema de Protección del Niño, Niñas y del Adolescente, a las Instituciones Familiares y al Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Por otra parte, es oportuno resaltar que en el año 2007 se produjo una reforma de este Instrumento legal, donde se establecieron modificaciones significativas en cuanto al contenido de algunas Instituciones familiares, con el propósito fundamental de que éstas permanezcan en sintonía con los postulados de la Convención y el contenido de Nuestro texto Constitucional; específicamente en lo que se refiere al ejercicio de la Co-parentalidad de la relaciones paterno-filiales. Es decir, al deber compartido e irrenunciable que tienen ambos padres de manera conjunta de participar activamente en la vida cotidiana de sus hijos. Institución ésta, que con la promulgación de la Ley del año 2000, le daba amplia atribución sobre los aspectos más resaltantes de la vida de los hijos a ese progenitor custodio, excluyendo de manera notoria a ese otro progenitor que no detentaba el ejercicio de la Custodia. De igual manera, se estableció una reforma de orden procesal en los asuntos judiciales sustituyendo en este sentido, el procedimiento escrito por el Sistema de la Oralidad o por audiencias a los fines de brindar mayor eficacia en la buena marcha de la administración de justicia.

Surge la Obligación de adecuar sus políticas y practicas a la LOPNNA es el instrumento normativo por excelencia que regula las relaciones jurídicas de los derechos de la infancia  y de la adolescencia en Venezuela. Se trata de un conjunto de disposiciones y de principios que se desarrollan en los postulados de la Convención de los derechos del Niños, Niña y Adolescentes.

Se trata de un cuerpo normativo que comprende un conjunto de disposiciones que contemplan los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Además desarrolla un conjunto de políticas y practicas que están destinadas a garantizar la efectividad de sus derechos. Esta situación se ve materializada a través de la implementación de un sistema de Protección donde se delimitan las reglas de competencia y el marco de actuación de cada una de estas Instituciones para la garantía plena y eficaz de los derechos que orientan la doctrina de la protección integral.

 En ese sentido, el instrumento legal que le da vida y materializa la función del estado la familia y la sociedad para la tutela de los derechos de la infancia y la adolescencia, es sin duda alguna la Lopnna.

Es una ley garantista que desarrolla los postulados y principios que están definidos y establecidos en la Convención de los Derechos Del Niño.

 A través de sus principios permite la infancia cobra vida y es objeto de regulación por parte de distintos componentes de la sociedad venezolana. Se toma como premisa fundamental el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Sin embargo es preciso y oportuno resaltar que esta capacidad de ejercicio de los adolescentes no es una capacidad absoluta se trata de una desarrollo progresivo y evolutivo que a lo largo de los años va adquiriendo mayor madurez y discernimiento que le permitirá ampliar el conjunto de derecho que están expresamente reconocidos en este Instrumento Legal.

Sin embargo es hecho y un hito trascendental para las Nuevas sociedades en el Siglo XXI de la incorporación y el reconocimiento de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, este aspecto de gran relevancia es lo que e da vida a ese cambio de paradigma, en donde el ordenamiento jurídico venezolano estableció una especie de reingeniería en sus instituciones que origino la implementación de su sistema rector de protección integral de niños, niñas y adolescentes, cuyo fin es la articulación, la

El derecho a la Libertad es una clara manifestación y materialización del derecho al libre desenvolvimiento y desarrollo de la personalidad,

la libertad del individuo de autodeterminarse de disponer del conjunto de derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico para poder desarrollarse de manera armónica e integral en muchos aspectos de su vida muy que tendrá gran incidencia y repercusión en su personalidad.

La Convención de los Derechos es el instrumento base y angular que orienta la aplicación de la nueva Doctrina de la Protección Integral. Para su cometido y mayor garantía de eficacia incluye la participación activa y efectiva de un tres componentes como son la familia el estado y la sociedad. Siendo corresponsales en esta a

LA LOPNNA COMO INSTRUMENTO NORMATIVO QUE RECOGE LOS POSTULADOS DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

La Ley Orgánica para la Protección de niños, Niñas y Adolescentes constituye un instrumento normativo trascendental que se encuentra en total sintonía con el nuevo paradigma de la protección Integral. En ese sentido, el contenido programático de la LOPNNA desarrolla de manera amplia los principios y postulados establecidos en la Convención de los Derechos los  Niños, promulgada por las Naciones Unidas el 10 de Noviembre de 1989.

El carácter vinculante y de aplicación de la Convención de los Derechos del Niños, parte de la base que establece nuestro Texto Constitucional en su artículo 23 cuando señala que los Tratados Internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, forman parte integrante de nuestro ordenamiento Jurídico. En ese sentido, al ser Venezuela signataria y ratificar en todas y cada una de sus parte el contenido de esta Convención, surge la obligatoriedad por parte del estado, de establecer las medidas legislativas con el objeto de dar cumplimiento y de insertar este cuerpo normativo a nuestro ordenamiento jurídico. Esto en aras de cumplir con este importante principio de Derecho Internacional Público que se refiere a la Regla Pacta Sunt Servanda.

Por ende, este Instrumento Internacional tiene un gran trascendencia en los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, por cuanto como lo señala YURY BUAIZ, que además de ser un cuerpo legislativo de un conjunto de derechos y principios que orientan la aplicación de la Doctrina de la Protección Integral. Se trata de un manuela de practicas de políticas y estrategias que permiten diseñar la política de protección que deben adoptar los Estados Partes, para la garantía y la eficacia plena de los derechos e intereses de los niños, niñas y Adolescentes.

En ese sentido, podemos establecer que al hablar de La Ley orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debemos orientarnos siempre a su fuente normativa que emana directamente de la Convención de los Derechos del Niños. En ese sentido de allí parte la base fundamental y la estructura que orienta la aplicación de esta Doctrina de Protección Integral.

Del mismo modo, los derechos que regulan la infancia y la adolescencia, además de estar enmarcados en esta Ley, tiene un reconocimiento y una jerarquía Constitucional como así lo ha establecido el artículo 76, 77 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Autor: Freddy José Lucena Ruíz

Abogado egresado de la Universidad Santa María. 

Especialista en Derecho Privado y Docente universitario en la Universidad
Experimental Ezequiel Zamora
con sede en Mérida – Venezuela, en la cátedra de Derecho
Romano y Derecho Probatorio.

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